Deseos de cambio y de seguridad

En Chile florecen las encuestas y los sondeos de opini¨®n. El plebiscito en favor de la democracia es rotundo. Un sondeo reciente indica que el 67,1%. considera "muy necesario" el restablecimiento de la democracia para resolver los problemas del pa¨ªs, y un 30%, "necesario". ?nicamente el 0,7% responde "innecesario". Los porcentajes son ligeramente superiores en las clases altas y medias (100%, necesarioo muy necesario) que en las bajas (94%). Los resultados son parecidos cuando se pregunta si se es favorable al funcionamiento pleno de los partidos pol¨ªticos: entre el 80% y el 90% de los entre vistados responde que deber¨ªan le galizarse completamente entre 1985 y 1986, a pesar de que valoran m¨¢s el respeto de los derechos humanos, la libertad de prensa y el papel de las organizaciones, socia les y profesionales. Pero el 57% de la poblaci¨®n se siente muy amena zado por el clima de violencia pol¨ªtica (83% en clases bajas) y, lo que puede resultar m¨¢s sorprendente, el 47% se muestra de acuerdo con que se implantara el estado de sitio (63,4% en las clases bajas y s¨®lo el 18% en las clases altas).Otras encuestas ratifican estos resultados. Entre el 70%. y el 80% de la poblaci¨®n quiere libertades y elecciones ya y que termine el r¨¦gimen militar, pero un porcentaje parecido expresa su rechazo a la violencia y, su temor al desorden.?Contra qui¨¦n va este rechaz¨®? En parte puede ir contra la oposici¨®n de extrema izquierda, que comete algunos atentados (contra las instalaciones el¨¦ctricas hasta antes, casi nunca contra personas) y que apoya la violencia popular para defenderse de la represi¨®n en las jornadas de protesta (las barricadas en las poblaciones perif¨¦ricas). Es un rechazo al clima de desorden, que se general sobre todo, porque atraen la violencia represiva. Por lo menos as¨ª se percibe en los sectores populares. Ahora bien, la violencia pol¨ªtica en Chile, es casi exclusivamente una violencia de Estado, y lo que es m¨¢s grave, una violencia que cada d¨ªa respeta menos su propia legalidad y multiplica los actos criminales cometidos por cuerpos armados institucionales.Veamos algunos ejemplos:

- En los ¨²ltimos meses se han producido detenciones y secuestros seguidos de muerte (los tres, degollados, el estudiante de Concepci¨®n, el joven de la Villa Jaime Eyzaguirre, etc¨¦tera), que han dado lugar ya a 16 procesamientos de miembros de carabineros.

-?nicamente durante los meses de junio-julio unas 40 personas que colaboran con organismos, de la Iglesia han sido detenidas ilegalmente y objeto de torturas y malos tratos con el objetivo de amedrentarlos. Algo parecido, empieza a ocurrir con familiares de jueces y abogados o de sus colaboradores, as¨ª como con los periodistas.- En las poblaciones (barrios populares) grupos especiales de los cuerpos armados (o civiles abiertamente vinculados a ellos) crean clima de terror: coches que pasan disparando o con altoparlantes que, en la madrugada, anuncian que habr¨¢ un asalto armado en las pr¨®ximas horas; se cuestros durante unas horas y malos tratos, especialmente a j¨®venes (85 en el mes de julio ¨²nicamente en, el barrio de Puente Alto), etc¨¦tera.

La declaraci¨®n del estado de sitio signific¨® un agravamiento de la represi¨®n masiva (prohibici¨®n de revistas y actos p¨²blicos; el promedio mensual de detenciones pol¨ªticas pas¨® de 573 a 4.901), pero no cambi¨® sustancialmente el ascenso de la guerra sucia: muertes, torturas, secuestros (los promedios mensuales son similares).

Prueba de que la violencia criminal desde los aparatos del Estado, es relativamente indiferente al momento pol¨ªtico y legal es que ha continuado una vez levantado el estado de sitio. Por ejemplo, en los ocho meses del estado de sitio se realizaron 44 secuestros, y en los dos meses siguientes (julio-agosto), 16.

Esta doble violencia represiva responde a dos proyectos pol¨ªticos distintos, que coexisten, pero se enfrentan, en, el seno del r¨¦gimen chileno. Por una parte, existe el proyecto de controlar la situaci¨®n, cueste lo que cueste, para lo cual se reprime toda oposici¨®n, se declara peri¨®dicamente el estado de sitio o algo parecido, se hacen detenciones masivas, se endurece la censura con la Prensa, etc¨¦tera. Esta represi¨®n va especialmente dirigida a la izquierda, a los comunistas en particular, pero afecta a todo el mundo. Se cometen excesos (torturas, algunas muertes), pero en general se procura actuar. dentro de los l¨ªmites de la legalidad de la dictadura (como dice Gordon, el jefe del CNI, torturan, pero correctamente). Hay otro proyecto pol¨ªtico, el de los que temen la apertura, que puede proseguir con una transici¨®n democr¨¢tica, y, ?qui¨¦n sabe!, con una exigencia de responsabilidades como en Argentina. Estos sectores, representados sobre todo por los grupos especiales de carabineros y de las fuerzas armadas, encargados de la represi¨®n pol¨ªtica y social, multiplican los actos de guerra sucia, de terrorismo, para radicalizar la situaci¨®n, para provocar reacciones violentas en la oposici¨®n y para impedir un proceso gradual y negociado hacia la democracia. Entre ambos proyectos est¨¢ probablemente el general Pinochet, que tem¨ªa la apertura, pero que tampoco est¨¢ decidido (aunque amenace con ello) a dar un nuevo golpe para instalar una dictadura m¨¢s f¨¦rrea. En esta duda ve enemigos por todas partes y, a pesar de conservar a¨²n el control vertical sobre las fuerzas armadas, aparece cada d¨ªa m¨¢s aislado.

"El r¨¦gimen tuvo un importante apoyo social, incluso popular, hasta principios de los ochenta. Hoy ya no... Tuvo un proyecto econ¨®mico que inicialmente tuvo ¨¦xito, y ahora no funciona... Y es que nunca ha tenido capacidad para implementar un proyecto pol¨ªtico... La Constituci¨®n de 1980 es, de hecho, una Constituci¨®n para 1980; mientras tanto, se mantiene una dictadura personal y militar..., no se crean puntos con la sociedad civil, no se inicia una transici¨®n hacia la democracia, que es indispensable". As¨ª se expresan las personalidades de la derecha econ¨®mica y pol¨ªtica, que durante una d¨¦cada apoyaron a fondo al r¨¦gimen pinochetista.

El proceso econ¨®mico, adem¨¢s de los excesos regresivos, es un factor clave del descr¨¦dito del r¨¦gimen. El empobrecimiento de las clases medias es espectacular. Sus ingresos, en los ¨²ltimos tres a?os, se han reducido por lo menos en un 25%.

Pero la situaci¨®n puede ser desesperada en los sectores bajos o populares: un 30% de la poblaci¨®n vive en situaci¨®n de extrema pobreza, pasa hambre, no tiene trabajo... El 70% de los j¨®venes no encuentra empleo, y las ollas comunes y los comit¨¦s de deudores son las organizaciones populares en auge. La clase obrera se reduce y el n¨²mero de desocupados (600.000) es el doble del de trabajadores sindicados (en 1970 ¨¦stos eran 900.000, y los parados 90.000). Ahora son los pobladores los protagonistas de unas protestas que inevitablemente se plantean, en un terreno favorable inicialmente a la dictadura, la lucha en la calle, y que expresan un alto grado de desesperaci¨®n social.

Desconfianza econ¨®mica

En las clases altas la desconfianza econ¨®mica en el Gobierno es muy fuerte (la revista empresarial Econom¨ªa y Sociedad manifiesta en su ¨²ltimo editorial esta desconfianza al comentar el nuevo cambio en el Ministerio de Econom¨ªa, ?13 ministros en 12 a?os!, y nadie se cree la perspectiva oficial de un crecimiento del 4%. No se espera mucho m¨¢s del 0%, a pesar de que no se frena, la inflaci¨®n, que se acerca ya al 30%. Aunque la burgues¨ªa chilena es reh¨¦n del Estado, no tanto por razones pol¨ªticas como econ¨®micas: depende en todo y por todo de ¨¦l. Parad¨®jicamente, este Gobierno superliberal en lo econ¨®mico, que liquid¨® el ¨¢rea de propiedad social (sector p¨²blico), que hab¨ªa creado la Unidad Popular, ha acabado interviniendo la econom¨ªa a un nivel similar: el ¨¢rea de propiedad social de la UP representaba el 9,3% del valor agregado (1971), y el sector intervenido (1982), el 8,6% (menor presencia p¨²blica en la industria y el transporte, pero mucha m¨¢s en los servicios financieros, que a su vez controlan muchas empresas industriales y comerciales).

Pero, pol¨ªticamente, m¨¢s grave para el Gobierno Pinochet es la crisis en el seno de las fuerzas armadas y Carabineros. Especialmente en estos ¨²ltimos, que son la fuerza m¨¢s extendida en el territorio y que est¨¢ en primera l¨ªnea de la represi¨®n. El cese del general Mendoza y el pase a retiro de seis generales (sobre 17) y de 17 coroneles (sobre 64), la disoluci¨®n del ¨®rgano especial de represi¨®n (Dicomcar), el eco positivo que ha encontrado el Acuerdo Nacional entre algunos importantes mandos militares (as¨ª se lo manifestaron al cardenal Fresno) y la lucha abierta entre distintos cuerpos y organismos para salvarse de la quema o para provocar una escalada de la violencia, son indicadores de un probable resquebrajamiento de la espina dorsal de la dictadura.

La visita del Papa

Pinochet y el cardenal Fresno no se dan la mano, aqu¨¦l no va a esperarle cuando el reci¨¦n nombrado cardenal regresa de Roma, Fresno se niega a entregarle el documento del Acuerdo Nacional personalmente, Pinochet reclama in¨²tilmente el privilegio de designar a los obispos, mientras que varios de ¨¦stos (no desautorizados por nadie) exigen abiertamente que el general se vaya. El divorcio entre el Gobierno y la Iglesia (que tiene una enorme influencia social) ha llegado a su m¨¢ximo nivel. El Papa, mientras tanto, quiere visitar. Chile. Si as¨ª ocurre ser¨¢ casi imposible evitar que su recibimiento se convierta en el mayor acto de masas que jam¨¢s se haya producido contra el Gobierno militar chileno.

"Nuestro deseo, ser¨¢ ver la democracia restablecida en Chile... No hay duda que las relaciones entre Estados Unidos y Chile mejorar¨¢n cuando Chile alcance la democracia... Apoyamos el proceso de democratizaci¨®n en Chile y quisi¨¦ramos que la transici¨®n comenzara lo m¨¢s pronto posible...", declaraba recientemente Elliot Abrams, reci¨¦n nombrado secretario de Estado adjunto para Am¨¦rica Latina, es decir, el jefe de la pol¨ªtica latinoamericana de Estados Unidos. Antes, un experto de alto nivel, Mark A. Ulhlig, publicaba en The New York Review un extenso y dur¨ªsimo art¨ªculo (Pinochet's tiranny), en el que defend¨ªa la urgencia de apoyar una transici¨®n a la democracia e n Chile, puesto que el mantenimiento de la dictadura ¨²nicamente engendrar¨ªa desgobierno, violencia y antiamericanismo. El mismo d¨ªa que Pinochet repudiaba el Acuerdo Nacional promovido por el cardenal Fresno ("traicionar¨ªamos, al pueblo si retrocedi¨¦ramos a una democracia formal... La democracia ortodoxa no es la soluci¨®n..."), el Departamento de Estado le daba un caluroso apoyo.

El problema con las dictaduras personales y militares es que no basta la p¨¦rdida de base social y el aislamiento internacional. Hace falta una gran presi¨®n interna capaz de construir un proyecto alternativo y de forzar la transici¨®n. Hasta la firma del Acuerdo Nacional esto no parec¨ªa posible. Ahora empieza a serlo.