La huelga de los controladores

LA HUELGA que han protagonizado los controladores a¨¦reos de Madrid y Canarias en estos dos d¨ªas y sus efectos sobre un servicio como el del tr¨¢fico a¨¦reo deben hacer reflexionar, cuando menos, sobre la responsabilidad y madurez con que las organizaciones sindicales o profesionales hacen uso de sus facultades de presi¨®n. Que por la acci¨®n reivindicativa de un colectivo de 229 personas se produzca la anulaci¨®n de m¨¢s de 100 vuelos nacionales, la p¨¦rdida de m¨¢s de 100 millones de pesetas s¨®lo en las compa?¨ªas espa?olas y queden al fin afectadas m¨¢s de 11.000 personas en viajes dom¨¦sticos, es a todas luces desproporcionado. Y ello sin mencionar las m¨²ltiples repercusiones en todos estos cap¨ªtulos para las compa?¨ªas extranjeras obligadas a sobrevolar nuestro espacio a¨¦reo.Independientemente de la raz¨®n que pueda haber en las reivindicaciones de los controladores, les va a ser muy dif¨ªcil convencer a la sociedad de la imposibilidad de elegir medidas menos onerosas para los dem¨¢s cuando pretenden defender sus intereses. Nadie niega que el trabajo de un controlador exige un grado de especializaci¨®n y dedicaci¨®n que puede justificar mejores sueldos; y quiz¨¢ muy pocos nieguen el derecho de cualquier trabajador a utilizar el recurso a la huelga cuando la v¨ªa del di¨¢logo est¨¢ agotada. Pero en una primera aproximaci¨®n no parece razonable que sean los controladores -colectivo no incluido precisamente entre los que soportan peores condiciones de trabajo y menores sueldos- quienes planteen subidas salariales del 60% y del 75%, para pasar de las 130.000 pesetas netas mensuales a las 230.000. Por justas que sean sus peticiones, no dejan de chocar con la realidad de un pa¨ªs cuya masa de trabajadores ha aceptado, mal que bien, incrementos salariales que en muy pocos casos superaron el 8%. La huelga, por tanto, atendiendo a sus inseparables consecuencias sobre la poblaci¨®n viajera y sobre el dinero de todos los espa?oles, no es f¨¢cil que pueda aceptarse con simpat¨ªa.

M¨¢s a¨²n, se trata de una huelga molesta para la poblaci¨®n civil, pero de a?adidura es una huelga con truco. Efectivamente, gracias a la aplicaci¨®n oficial de los servicios m¨ªnimos, que se pone en marcha el d¨ªa en que est¨¢ convocado el paro, los controladores pueden conseguir el efecto de trastornar la normalidad aun present¨¢ndose al trabajo. Se produce as¨ª la paradoja de que, aun estando pr¨¢cticamente incorporada al trabajo la totalidad de la plantilla, los servicios, regidos por la normativa legal de "m¨ªnimos", reducen el servicio habitual en un cincuenta por ciento. El controlador no incluido en esa dotaci¨®n laboral obligatoria puede encontrarse en su puesto, no ser adem¨¢s privado del salario del d¨ªa de huelga y, sin embargo, haber logrado la presi¨®n que buscaba sin arriesgar nada. Basta, pues, que en el caso de los controladores a¨¦reos se anuncie la huelga, y s¨®lo se anuncie, para lograr el efecto de la huelga. Poco importa despu¨¦s si efectivamente todos han decidido no holgar en ese d¨ªa y fichar como esquiroles. De hecho, ¨¦ste parece haber sido el caso del mi¨¦rcoles y previsiblemente de hoy mismo. Dos centenares de personas han causado una perturbaci¨®n del tr¨¢fico a¨¦reo y unas p¨¦rdidas de decenas de millones sin que ni siquiera se hayan molestado en cambiar sus h¨¢bitos de acudir al trabajo. Y. la grotesca estratagema puede repetirse los pr¨®ximos d¨ªas 18 y 19 con id¨¦ntico resultado: huelga sin huelguistas, pero con las consecuencias de un caos multiplicado en toda la geograf¨ªa espa?ola.

Aunque sea dificil de explicar, la comisi¨®n que en la noche del martes fue a negociar con la Administraci¨®n para soslayar la huelga no llevaba en realidad el mandato de desconvocarla aunque se hubiera alcanzado el acuerdo. Los controladores a¨¦reos hac¨ªan as¨ª alarde de una prepotencia basada en que la programaci¨®n de los servicios m¨ªnimos de estas caracter¨ªsticas no se hace inmediatamente y contaban, pues, con la inercia de las medidas precautorias que la Administraci¨®n deb¨ªa adoptar anticipadamente. Mal gesto, pues, el de este colectivo que parece no valorar los costes que generan sus acciones sobre la ciudadan¨ªa. Para ellos, que son un peque?o colectivo, no habr¨ªa sido tanto esfuerzo, caso de haber alcanzado un entendimiento con los representantes gubernamentales, haber telefoneado a los doscientos profesionales para comunicarles esa noche la anulaci¨®n de la convocatoria de huelga. Y si de todos modos eso les habr¨ªa de suponer un esfuerzo, parece que el inc¨®modo no es en todo caso comparable al da?o que podr¨ªan acarrear a miles de usuarios ajenos a sus disputas.

Finalmente, la cuesti¨®n que queda en el aire -o sobre la tierra- es la licitud de que cualquier colectivo, por reducido que sea, haga uso de sus derechos de reivindicaci¨®n laboral aun a costa de repercusiones tan vastas y num¨¦ricamente desproporcionadas. ?Tienen derecho dos centenares de profesionales a provocar un caos como el generado en todo conflicto que afecta al transporte a¨¦reo? ?No ser¨ªa conveniente, a la vista de las desmesuras e incongruencias que se derivan de este caso, instrumentar una normativa adecuada que regule el ejercicio de la huelga en aquellos servicios que pueden provocar un grave da?o a los intereses nacionales? Precedentes hay en otros pa¨ªses en donde la prepotencia que a los controladores presta su funci¨®n encontr¨® una respuesta igualmente prepotente. Sin necesidad de recurrir a ese extremo, cabe, sin embargo, afirmar que tanto la Administraci¨®n, de un lado, como las organizaciones sindicales y profesionales, de otro, tienen ante s¨ª la obligaci¨®n de encontrar una soluci¨®n a estos conflictos y, en cualquier caso, corregir de inmediato la rigidez e irresponsabilidad de sus decisiones.