C¨¢ncer

El cine espa?ol sufre un c¨¢ncer que corroe sus estructuras: la inexistencia de control de taquilla, que facilita el fraude. El a?o pasado, el cine espa?ol recaud¨® m¨¢s de 5.500 millones de pesetas declarados, como a?aden en el Ministerio. Si la defraudaci¨®n es del 30%, al cine espa?ol se le sustraer¨ªan casi 2.000 millones de pesetas anuales. Al extranjero, casi 7.000 millones de pesetas.Productores, distribuidores, autores, empresarios honestos: el cine en general es el gran perjudicado. ?Que si hemos presionado para que se haga un riguroso control de taquilla? Mire, si es que es un tema del que llevamos protestando toda la vida", dice el productor Emiliano Piedra. "Vamos a entrar en el Mercado Com¨²n", dice Alfredo Matas, otro productor, "y ni siquiera tenemos datos fiables sobre el cine espa?ol porque no hay control de taquilla; si es que no somos un pa¨ªs serio".

"Tenernos adem¨¢s el sentimiento de que hoy se defrauda m¨¢s que nunca", a?ade El¨ªas Querejeta, tambi¨¦n productor. "Este es un grav¨ªsimo problema por el que llevamos protestando muchos a?os. Si es cierta la estimaci¨®n del 30%, la cantidad defraudada es escalofriante".

"La nueva Administraci¨®n se comprometi¨® a hacer el control de taquilla", dice Luis Megino, otro productor. "Creo que es una cuesti¨®n urgente que hay que resolver. Que por qu¨¦ no lo hacen es lo que queremos que nos respondan en el Ministerio de Cultura. Sin ese control, la ley, por buena que sea, seguir¨¢ coja".

Para Antonio Gim¨¦nez Rico, presidente de la Asamblea de Directores. y Realizadores de Cine Espa?oles (ADYRCE), el control de taquilla "es imprescindible. Los exhibidores siempre se niegan al control porque dicen que supondr¨ªa una intromisi¨®n de la Administraci¨®n. Pero esas 350 pesetas que reciben del espectador no es un dinero suyo, sino en dep¨®sito, que tienen que repartir al distribuidor, al productor y al autor. Pero ojal¨¢ fuera s¨®lo ¨¦se el problema. Porque, adem¨¢s de defraudar, la mayor¨ªa de los exhibidores se niegan a pagar derechos de autor. La Sociedad General de Autores ha apelado incluso al Ministerio del Interior".