Moros y cristianos

LAS GESTIONES realizadas por el Defensor del Pueblo ante los ministerios de Justicia y de Interior en favor de los melillenses de religi¨®n musulmana y de origen marroqu¨ª, que se sienten amenazados por la entrada en vigor de la ley de extranjer¨ªa, pertenecen al ¨¢mbito de los sentimientos humanitarios y de las exhortaciones en favor de una aplicaci¨®n suavizada y tolerante de la legislaci¨®n vigente. Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez, que hab¨ªa presentado ya un recurso de inconstitucionalidad contra diversos art¨ªculos de esa norma (la ley org¨¢nica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en Espa?a, promulgada el pasado 1 de julio), se ha interesado por la agilizaci¨®n administrativa de los expedientes presentados por m¨¢s de un millar de melillenses de origen marroqu¨ª que solicitan la nacionalidad espa?ola. Tambi¨¦n ha sugerido que la antigua tarjeta estad¨ªstica expedida en favor de los musulmanes de Melilla sea sustituida por una identificaci¨®n administrativa especial, a fin de evitar que una documentaci¨®n de simple extranjer¨ªa consagre su condici¨®n de tales y les impida acceder en corto plazo a la nacionalidad espa?ola. La respuesta del Gobierno al Defensor del Pueblo permitir¨¢ apreciar su grado de sensibilidad ante esas peticiones humanitarias.Ahora bien, los problemas que crea a la Espa?a democr¨¢tica la residencia en Melilla (cuya poblaci¨®n asciende a 72.000 habitantes) de 27.000 musulmanes, de los cuales s¨®lo unos 7.000 poseen la nacionalidad espa?ola, deben ser planteados y resueltos en t¨¦rminos pol¨ªticos. No se trata s¨®lo de las negativas consecuencias que esa ins¨®lita situaci¨®n de inseguridad jur¨ªdica pudiera acarrear para la estabilidad de esa plaza de soberan¨ªa enclavada en el norte de ?frica y para nuestras relaciones con el reino de Marruecos. Casi mayor importancia revestir¨ªan los negativos efectos que pudiera producir sobre la cultura c¨ªvica de los espa?oles, la salud de las instituciones democr¨¢ticas y la vigencia de la Constituci¨®n de 1978 una pol¨ªtica discriminatoria coloreada de racismo, entroncada con las peores tradiciones del integrismo religioso y negadora de los principios m¨¢s elementales del respeto a la dignidad de la persona humana. A este respecto, la manifestaci¨®n convocada a finales de la semana pasada en Melilla por todos los partidos -con destacado protagonismo de las autoridades socialistas- para contrarrestar la protesta de los melillenses de origen marroqu¨ª contra la ley de extranjer¨ªa trae a la memoria la miop¨ªa hist¨®rica y la insensibilidad pol¨ªtica de la que han solido hacer gala muchos pueblos europeos obligados a convivir en el mismo territorio con hombres y mujeres de otras culturas. Que el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez haya promovido o auspiciado una movilizaci¨®n sedicentemente patri¨®tica, cuyo ¨²ltimo sentido no era otro sino romper cualquier v¨ªnculo integrador entre dos comunidades separadas por el origen geogr¨¢fico y por las creencias religiosas, evoca los funestos recuerdos del socialismo pied-noir de Guy Molet, que empuj¨® a la socialdemocracia francesa hacia un callej¨®n sin salida. Y caminando todav¨ªa mas atr¨¢s en busca de pesadillas hist¨®ricas, la expulsi¨®n de los jud¨ªos espa?oles bajo el reinado de los Reyes Cat¨®licos y la expulsi¨®n de los moriscos bajo el imperio de los Austrias podr¨ªan convertirse en la humillante referencia comparativa de esa todav¨ªa incoada pol¨ªtica de limpieza de sangre y de cristianismo viejo que el Gobierno espa?ol parece tentado de aplicar en Melilla. Las plazas espa?olas del norte de ?frica pueden dar lugar a un debate de geoestrategia o a una discusi¨®n sobre el futuro a largo plazo de la noci¨®n actual de soberan¨ªa. En m¨¢s de una ocasi¨®n hemos defendido que los derechos y los intereses de las poblaciones deben prevalecer sobre los principios territoriales, de forma tal que la suerte de los ceut¨ªes y de los melillenses es algo que concierne directamente a los dem¨¢s espa?oles. Pero la promulgaci¨®n de la ley de extranjer¨ªa no ha hecho sino actualizar un problema de un orden cualitativamente distinto. Es cierto que, seg¨²n el C¨®digo Civil, el nacimiento en nuestro territorio no concede autom¨¢ticamente la nacionalidad espa?ola a los hijos de padres extranjeros, aunque s¨ª cuando al menos uno de ¨¦stos hubiera nacido tambi¨¦n en Espa?a. Tambi¨¦n es verdad que la rebaja del tiempo de residencia -desde los 10 de r¨¦gimen general a los dos a?os de r¨¦gimen especial- para adquirir la nacionalidad ampara s¨®lo "a los nacionales de origen de los pa¨ªses iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefard¨ªes" y no abarca a los marroqu¨ªes residentes en Ceuta y Melilla. Pero las leyes est¨¢n no s¨®lo para ser cumplidas, sino tambi¨¦n para ser cambiadas cuando la justicia lo requiere. Sea cual sea el punto de vista -hist¨®rico, pol¨ªtico o moral- que se utilice, resulta muy dificil negar a los melillenses y ceut¨ªes de origen marroqu¨ª residentes en ambas ciudades sus derechos a recibir, si as¨ª lo desean, la nacionalidad espa?ola en los t¨¦rminos y en los plazos m¨¢s favorables. Nuestra Constituci¨®n -objeto hace escasos d¨ªas de solemnes ceremonias en las que los socialistas no ahorraron el botafumeiro- consagra la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto de la ley y a los derechos de los dem¨¢s como fundamento del orden pol¨ªtico y de la paz social, con independencia de la nacionalidad de los seres humanos. Tambi¨¦n establece que los espa?oles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminaci¨®n alguna por raz¨®n de nacimiento, raza, sexo, religi¨®n u opini¨®n o cualquier otra condici¨®n o circunstancia personal o social. Resulta un sarcasmo que ese pronunciamiento program¨¢tico en contra de cualquier discriminaci¨®n de los espa?oles por motivos ¨¦tnicos, religiosos o de procedencia sea obviado en la pr¨¢ctica mediante el procedimiento de negar o dificultar la condici¨®n de tales a quienes no presenten credenciales de cristianos viejos, una ascendencia mesetaria o una tez sonrosada. El racismo no tiene su ¨²nico hogar en Sur¨¢frica, y el Gobierno socialista, si no enmienda su actitud en este caso, no puede tirar la primera piedra contra nadie.