Ideolog¨ªa y prisiones.

LAS ?LTIMAS huelgas de funcionarios de prisiones, producidas hace unos d¨ªas, se han sobrepuesto a los motines, fugas, suicidios y violencias ya habituales dentro de las prisiones. Un reguero casi permanente de noticias sobre des¨®rdenes en los centros penitenciarios denuncian la gravedad ya cr¨®nica de un problema al que el Gobierno parece haber dedicado m¨¢s esfuerzo en palabras y en normas que en medidas materiales y en reformas organizativas. Uno de los rasgos del conflicto se inscribe dentro de los enfrentamientos ideol¨®gicos caracter¨ªsticos de esta etapa de gobierno: una legislaci¨®n aperturista, de car¨¢cter humanitario e ideol¨®gicamente progresiva, que tropieza con una pr¨¢ctica basada sobre supuestos de disciplina y represi¨®n m¨¢ximos para conseguir la estabilidad de la poblaci¨®n penal. Mayor importancia tiene todav¨ªa la deficiencia de recursos presupuestarios y de instalaciones adecuadas que hicieran posible el cumplimiento del esp¨ªritu normativo. En definitiva, la idea legisladora socialista, calificada por el ministro Ledesma como uno de los objetivos m¨¢s importantes de este Gobierno, no ha sido llevada a la pr¨¢ctica: la construcci¨®n o reconstrucci¨®n de edificios penales y sus condiciones de habitabilidad ha sido escasa, el reciclaje del antiguo Cuerpo de Prisiones resulta insuficiente, se carece del engranaje entre la justicia y sus sentencias y se descuida una mejor distribuci¨®n de los reclusos seg¨²n sus condiciones espec¨ªficas.

La respuesta -principalmente disciplinaria- dada a esos problemas por influyentes sectores del Cuerpo de Prisiones consiste en criticar la legislaci¨®n supuestamente idealista de los socialistas y en tratar de responsabilizar al Gobierno del caos de las prisiones. Funcionarios de trece c¨¢rceles -de las 79 existentes- participaron la semana pasada en encierros y huelgas de celo para solicitar medidas de seguridad m¨¢s r¨ªgidas en los establecimientos penitenciarios. Aun aceptando que tales medidas son insuficientes y facilitan los altercados entre los internos y los funcionarios, el ministro de Justicia se ha manifestado inflexible frente a cualquier propuesta de modificar la legislaci¨®n penitenciaria o de restringir los derechos de los internos. Parece evidente que la soluci¨®n a los problemas del hacinamiento carcelario y de la mezcla de toda clase de delincuentes y aun de presuntos delincuentes (los presos preventivos contin¨²an representando un elevado porcentaje de la poblaci¨®n reclusa) no puede ser meramente represiva. Los reclusos tienen todas las razones para exigir que se les apliquen las ventajas a que la ley les da derecho; sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de la codificaci¨®n de una filosof¨ªa que procede por lo menos del siglo XIX y que, en otros pa¨ªses, se est¨¢ practicando desde hace mucho tiempo. En este sentido, el ministro de Justicia tiene toda la raz¨®n al decir a los funcionarios de prisiones que va a ser intransigente en su proyecto de continuar la reforma emprendida: es la instrumentaci¨®n normativa de una ideolog¨ªa del Gobierno, del partido mayoritario e incluso de la izquierda general y amplia. Sin embargo, Fernando Ledesma pierde esa raz¨®n en cuanto que no da medios para que se cumpla y no presiona suficientemente al presidente del Gobierno y al ministro de Hacienda para conseguir las asignaciones presupuestarias necesarias. Su afirmaci¨®n de que los funcionarios disponen de recursos bastantes para "poder imponer el respeto, la disciplina y el orden" dentro de los establecimientos no parece del todo ajustada a los hechos. Con demasiada frecuencia ese orden no existe o -lo que es peor- queda suplantado por sistemas que desbordan la legislaci¨®n reformista y que conculcan el respeto de los derechos humanos. Los socialistas no pueden creer que la forma de lograr el pretendido cambio sea legislar y esperar; y menos a¨²n pueden pretender que la opini¨®n p¨²blica les acompa?e en esa resignaci¨®n fatalista. Este pa¨ªs puede tener poco dinero para algunas cosas. Pero que la justicia siga en un estado ca¨®tico o que las c¨¢rceles ofendan al mismo concepto de dignidad humana por culpa de la cicater¨ªa en la asignaci¨®n de recursos presupuestarios es algo que s¨®lo puede explicar la falta de eficacia pol¨ªtica al determinar las prioridades de un programa de gobierno