Un puesto ¨²nico, digno y bien remunerado

La Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial (OMC) defiende un sistema de incompatibilidades en el sector p¨²blico que ofrezca a los m¨¦dicos un puesto ¨²nico, digno y bien remunerado. Otra cosa bien diferente, a la que se opone la OMC, es la ley que en la actualidad se dispone a implantar la Administraci¨®n. Y est¨¢ en desacuerdo por las siguientes razones:Primero, porque la aplicaci¨®n de la ley se hace por igual para todos los funcionarios p¨²blicos, cuando la medicina no s¨®lo re¨²ne unas peculiaridades propias, sino que los defectos que durante 40 a?os han configurado el sistema sanitario espa?ol hacen que el ejercicio del m¨¦dico re¨²na unas condiciones de relaci¨®n laboral, dedicaci¨®n, retribuciones, etc¨¦tera, muy distintas a las que afectan a los restantes trabajadores de las administraciones p¨²blicas.

En segundo lugar, los m¨¦dicos accedieron a poseer m¨¢s de un puesto de trabajo de un modo absolutamente legal. Legitimidad que incluso fue reconocida por el Gobierno socialista cuando puso en marcha la ley de Incompatibilidades aprobada por UCD.

El acceso a esas plazas fue mediante oposici¨®n o concurso. En la mayor¨ªa de los casos, los m¨¦dicos fueron obligados a ocupar m¨¢s de un puesto, bien por las exigencias del poder para satisfacer las demandas asistenciales, bien como requisito imprescindible para su promoci¨®n profesional, cuando no como ¨²nico sistema de subsistencia. Porque el conjunto de todas las percepciones econ¨®micas, de las que la ley les despoja con car¨¢cter retroactivo, constitu¨ªa un modo de salario no superior al de cualquier funcionario.

El tercer aspecto es que, al no haberse iniciado la reforma sanitaria, se desconoce el futuro de los puestos de trabajo, por lo que resulta ilusorio que el m¨¦dico se decida por uno de ellos, abandonando los restantes, con la p¨¦rdida de los derechos adquiridos y sin compensaci¨®n ni indemnizaci¨®n algunas.

Tampoco conviene olvidar los vac¨ªos asistenciales que una aplicaci¨®n precipitada de las incompatibilidades puede crear en determinadas ¨¢reas especializadas, donde no existen m¨¦dicos en paro para ocupar las posibles vacantes.

M¨¢s grave a¨²n resulta que, en estas condiciones, se pretenda que sea el m¨¦dico quien opte y renuncie a todos sus derechos. Si es el Gobierno quien se?ala la opci¨®n, debe indemnizar al m¨¦dico de los puestos de que es despose¨ªdo. Si, en cambio, ha de optar el m¨¦dico, el Gobierno deber¨¢ informarle suficientemente para que no d¨¦ un salto en el vac¨ªo.

Por si fuera poco, se quiere cambiar bruscamente la opini¨®n de m¨¦dicos y ciudadanos, de la noche a la ma?ana, con el ¨¢nimo de convertir lo que hasta hoy era un m¨¦rito profesional estimad¨ªsimo en poco menos que un delito social.

Pues bien, frente a estas pretensiones, la OMC, lejos de adoptar posturas de fuerza, ha ido por la v¨ªa de la defensa legal. Su asamblea general decidi¨®, durante su ¨²ltima reuni¨®n, enviar una circular a todos los afectados en la que se informa del amplio abanico de posibilidades a seguir por el m¨¦dico, de acuerdo con los criterios de expertos y asesores jur¨ªdicos de todos los colegios y sindicatos m¨¦dicos, incluida la postura adoptada por la Confederaci¨®n Estatal de Sindicatos M¨¦dicos. La circular recuerda que se trata de derechos individuales que cada m¨¦dico tendr¨¢ que defender por separado, recayendo sobre ¨¦l la decisi¨®n a tomar.

Como es l¨®gico, la Asamblea General de la OMC, en base a los informes de los asesores jur¨ªdicos, muestra su opini¨®n sobre qu¨¦ postura es la que considera que defiende mejor los intereses de los afectados: que los m¨¦dicos cumplimentan parcialmente su formulario, sin indicar los puestos de trabajo, lo que supone una aut¨¦ntica salvaguardia de los derechos, en cuanto no se opta por ninguno de ellos y no se permite la opci¨®n autom¨¢tica propuesta en el cuestionario oficial.

Amenazas

Sin embargo, posturas tan coherentes como las adoptadas por la OMC ante este problema han sido manipuladas por los poderes p¨²blicos, desde donde se han hecho declaraciones que van desde acusaciones de mala fe a la c¨²pula m¨¦dica a informaciones en las que se se?alaba que los colegios de m¨¦dicos incitaban a la desobediencia civil. Algunos altos cargos incluso han recurrido a amenazas e intimidaciones a los m¨¦dicos, con palabras textuales muy similares a las utilizadas por el ex ministro Gir¨®n cuando en los a?os cincuenta someti¨® a los m¨¦dicos a su sistema de Seguridad Social.

En este sentido, resulta inadmisible que desde el partido en el Gobierno se muestre la incomodidad y el rechazo a una actitud propia de cualquier democracia, como es el que un colectivo de ciudadanos defienda sus leg¨ªtimos derechos. Obligar a los m¨¦dicos a autoinculparse, y m¨¢s por un delito que no han cometido, es algo que atenta contra los principios constitucionales, y que ni siquiera se practica con aut¨¦nticos delincuentes o terroristas.

Resultan asimismo sorprendentes las acusaciones de falta de solidaridad con los m¨¦dicos en desempleo, cuando las vacantes creadas por las incompatibilidades van a ser amortizadas, sin que se creen puestos de trabajo, seg¨²n rezan las mismas publicaciones oficiales.

Los poderes p¨²blicos deben rectificar a tiempo y seguir el ejemplo de algunos Gobiernos auton¨®micos, como el de Andaluc¨ªa y el de Catalu?a, que ya han concedido moratorias para la presentaci¨®n de solicitudes. La Generalitat, adem¨¢s, ha variado sustancialmente algunas instrucciones en relaci¨®n con la ley estatal. ?Qu¨¦ ocurre entonces con el principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley?