El anteproyecto de ley del menor mantiene la edad penal en 16 a?os

La Direcci¨®n General de Protecci¨®n Jur¨ªdica del Menor, del Ministerio de Justicia, comenzar¨¢ en enero la redacci¨®n definitiva del anteproyecto de ley penal del menor. En s¨ªntesis, las l¨ªneas maestras del anteproyecto provisional mantienen la edad penal en los 16 a?os -frente a los intentos de elevarla a 18-, crean los juzgados de menores, establecen un proceso con la participaci¨®n de fiscal y defensor, ahora imposible, y plantean un equipo asesor que propondr¨¢ un tratamiento para el menor. Tambi¨¦n incluyen la posibilidad del perd¨®n judicial y de la famifia sustitutiva. La futura ley modificar¨¢ las actuales normas, que datan de 1948.

El borrador de la futura ley del menor ha sido elaborado por un equipo de especialistas formado por Claudio Movilla y Luis Calvo, jueces de menores de La Coru?a y Palma de Mallorca, respectivamente; Luis Prieto, profesor de Filosof¨ªa del Derecho; Perfecto Andr¨¦s, magistrado, vicepresidente de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial; Juan Manzano, del servicio psicopedag¨®gico de Ginebra, y Asunci¨®n Miura, jefa del servicio de inspecci¨®n del consejo bajo la presidencia de Enrique Miret Magdalena como titular del Consejo Superior d¨¦ Protecci¨®n de Menores.Uno de los miembros del equipo, Perfecto Andr¨¦s, se muestra muy cr¨ªtico con el resultado final del anteproyecto: lo acusa de ser "un montaje" al no respetarse los t¨¦rminos en los que se concibi¨®. Este magistrado lamenta sobre todo que no se haya fijado la edad penal en los 18 a?os como ¨¦l y otros miembros del equipo propon¨ªan, y cree que en el fondo la motivaci¨®n es pol¨ªtica.

"El Gobierno", afirma, "piensa que esta sociedad, atemorizada y con gran demanda de control social, no va a asumir que los j¨®venes de 16 a 18 a?os vayan a una jurisdicci¨®n de menores, sin entender que lo que nosotros hemos propuesto ha sido una respuesta penal a actos concretos".

Perfecto Andr¨¦s centra el objetivo en "la necesidad de reconducir las respuestas institucionales al ¨¢mbito judicial en las cuestiones estrictamente penales": "Existen dos niveles que actualmente se mezclan y crean una situaci¨®n de inseguridad jur¨ªdica y psicol¨®gica al menor, cuando parece claro que lo que no es penal se llama educaci¨®n, y con un menor de 13 a?os la ¨²nica intervenci¨®n v¨¢lida es la de asistencia y ayuda". El magistrado insiste en la necesidad de elaborar unos criterios claros que limiten al m¨¢ximo las posibilidades de intervenci¨®n judicial.

-En este sentido, el anteproyecto regula la existencia de un equipo asesor, constituido por un psiquiatra, un psic¨®logo y un asistente social -"otra batalla que libramos"-, cuya funci¨®n, despu¨¦s de valorar la situaci¨®n, ser¨¢ proponer una respuesta, y exigir¨¢ un razonamiento del juez en caso de discrepar con el informe.

Libertad vigilada

Libertad vigilada y perd¨®n judicial son otras dos novedades del anteproyecto. La primera de ellas es para Andr¨¦s "una libertad asistida que se desarrollar¨ªa con la creaci¨®n de unos servicios municipalizados que permitiesen una acci¨®n localizada en el medio del menor, a trav¨¦s no de bur¨®cratas, como los actuales delegados, sino de educadores de calle y servicios de asistencia social".Entiende adem¨¢s como positiva la creaci¨®n de estos juzgados de menores "por las caracter¨ªsticas especiales del trabajo" y advierte que no se sustrae al menor al juez natural. El texto incluye tambi¨¦n la revocaci¨®n de la sentencia superado un per¨ªodo de prueba determinado.

Se plantea asismisino la figura de la familia sustitutiva para el menor, como ocurre en otros pa¨ªses, "porque hay que perder el respeto al v¨ªnculo de paternidad biol¨®gica", afirma el magistrado, "y no quer¨ªamos escatimar esta posibilidad". El anteproyecto concede al menor, transcurridos dos a?os, la decisi¨®n de continuar o no con esa familia. En cuanto al modelo de proceso, es, en su opini¨®n, "muy sencillo, y por ese af¨¢n de hacer desaparecer al juez como figura sacerdotal y evitar juzgar la personalidad del menor, est¨¢ planteado para resolverse con una simple presencia ante el juez, donde se analizar¨ªa el hecho delictivo concreto".

Tambi¨¦n muestra sus reservas al texto del anteproyecto Pilar Luna, abogada de la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de J¨®venes y Menores, quien afir¨ªna que a vecesSe encuentra con ni?os de Dickens", y entiende que el borrador supone "un aut¨¦ntico proceso al menor, que le considerar¨¢ culpable por los delitos que cometa y a quien se castigar¨¢ con penas privativas de libertad".

Pilar Luna critica la libertad vigilada y el perd¨®n judicial al negarse ¨¦ste para el menor que reincide, sin poner en cuesti¨®n la l¨ªnea educat¨ªva de las instituciones en las que est¨¢n los menores". Entiende como anticonstitucionales y contrarias a los principios penales algunas de las, medidas, entre ellas ,que "en el derecho espa?ol el menor es inimputable (carece de responsabilidad) y en el anteproyecto esto es la excepci¨®n".

Pilar Luna considera el anteproyecto como represivo, al castigar los comportamientos infantiles con penas; y entiende que prima el respeto a la propiedad privada sobre los criterios educativos: "Permite a un particular que resulte da?ado por la acci¨®n de un menor exigirle responsabilidades civiles ante tribunales ordinarios". Luna cree que es "una ley hecha para el menor sin contar con el menor".

Adolfo Barreda, abogado tamb¨ª¨¦n de la coordinadora, opina al respecto: "Aunque en el anteproyecto se afirma una voluntad pedag¨®gica, en el desarrollo de la ley se prima el aspecto punitivo cuando adem¨¢s hoy no se cuenta con medios y estamos viendo todos los d¨ªas c¨®mo los menores huyen de los centros o se convierten en delincuentes".

El director general de Protecci¨®n Jur¨ªdica del Menor, Enrique Miret Magdalena, es el ¨²nico que defiende el contenido del anteproyecto. En su opini¨®n, afronta la edad penal "desde un punto de vista realista", y opina que "moment¨¢neamente no se debe elevar la edad penal a los 18 a?os, aunque se podr¨ªa rectificar despu¨¦s".

Postura nociva

Miret enmarca el anteproyecto en "los actos sociales negativos que cometen los menores y que no se califican como delitos, porque lo que nunca se debe hacer es juzgar su culpabilidad, sino afrontar la postura nociva para el muchacho y para la sociedad y plantear la recuperaci¨®n educativa".Tambi¨¦n opina que la pol¨ªtica de la direcci¨®n general ha sido la de "mantener al menor en su propia familia". "Y, si esto no era factible -defendemos la familia, pero no el mito de la familia biol¨®gica- fomentamos el acogimiento familiar y una posible adopci¨®n", afirma. "La ¨²ltima posibilidad es el internamiento, siempre y cuando estos centros se construyan subdivididos en peque?os hogares, ya que el comienzo de las act¨ªtudes antisociales viene siempre por carencias familiares".