El nuevo pacto televisivo
LAS NEGOCIACIONES entre los socialistas y el Grupo Popular de las Cortes han llegado a un acuerdo sobre un nuevo estatuto que regule el funcionamiento de RTVE.Un largo proceso de ofertas y contraofertas, en el que no ha faltado el recurso a reuniones inesperadas o semisecretas, la petici¨®n de la cabeza de Calvi?o por suscripci¨®n popular y las actitudes arrogantes de una y otra parte, con rec¨ªprocas concesiones al fin, ha desembocado en unos simples retoques al estatuto vigente para el Ente P¨²blico desde enero de 1980.
Sin conocer todav¨ªa el alcance de todas las reformas que se introducen en un texto que deber¨¢n aprobar las Cortes, son de destacar la variaci¨®n en la composici¨®n del consejo de administraci¨®n y el tr¨¢mite que se seguir¨¢ para la elecci¨®n del director general. En el primer caso, el n¨²mero de consejeros se rebaja de 12 a 9 y se altera parcialmente el procedimiento de elecci¨®n.
Hasta ahora, la docena de consejeros procede del resultado de una votaci¨®n en el Congreso y en el Senado. En cada una de esas dos c¨¢maras se eleg¨ªa a seis de ellos mediante mayor¨ªa de dos tercios. La elecci¨®n se hac¨ªa en su totalidad sobre "personas de relevantes m¨¦ritos profesionales". O deber¨ªa hacerse, puesto que no han faltado abundantes casos en los que el candidato elegido fuera un total desconocido dentro de la correspondiente profesi¨®n. Por el sistema que ahora se ha negociado, los nueve consejeros ser¨¢n escogidos sobre la base de "criterios profesionales y pluralismo social". Seis de ellos lo ser¨¢n a propuesta de los diferentes grupos parlamentarios, con cuya vana aclaraci¨®n se redunda en lo que hasta ahora ha sido la pr¨¢ctica habitual de los grupos pol¨ªticos, y los tres restantes ser¨¢n nombrados -al parecer- directamente por el Gobierno.
Respecto a la elecci¨®n del director general, sigue la pr¨¢ctica de ser designado por el Gobierno, pero en el nuevo estatuto su confirmaci¨®n exigir¨¢ la aprobaci¨®n de los dos tercios de las c¨¢maras. Aunque con el alivio de que si en una primera y segunda votaci¨®n no se alcanza el qu¨®rum requerido, bastar¨¢, en una tercera votaci¨®n, la mayor¨ªa simple. El director general cesar¨¢ por decisi¨®n del Gobierno si incumpliera los principios de independencia y pluralismo informativo. Norma que deja pr¨¢cticamente invariado al procedimiento actual, excepto en el hecho de que, con el texto pactado, el Gobierno se compromete a especificar los motivos por los cuales decide la destituci¨®n y comunicarlos al Parlamento.
A juzgar por lo dicho, los esfuerzos parecen haberse consumido, entre el Gobierno y el ¨²nico partido reconocido por ¨¦ste como oposici¨®n, en un satisfactorio reparto de influencias, en el que acaso no est¨¦ excluida la futura televisi¨®n privada. De nuevo aparecen as¨ª como triviales las palabras que han tratado de presentar la reordenaci¨®n del Ente RTVE como un intento ajustarlo a su papel de entidad p¨²blica. Si a la reforma propuesta se le debe reconocer un avance, es precisamente en este paso que hace m¨¢s visible la connivencia de dos grupos pol¨ªticos para instrumentalizar la poderosa influencia de ese patrimonio del Estado. No hace falta una escrupulosa contabilidad del minutado en las ¨²ltimas semanas para registrar de qu¨¦ modo la presencia de l¨ªderes del Grupo Popular ha desfilado por las pantallas y c¨®mo puede haberse hecho uso de esta moneda de cambio. Igualmente, no hay que atribuir a la competencia o incompetencia de los profesionales en el medio RTVE los tratamientos de algunas informaciones, como el reciente atentado terrorista contra dos guardias civiles, para inducir que, m¨¢s all¨¢ de los requerimientos period¨ªsticos, en Televisi¨®n Espa?ola sigue actuando la censura, el dirigismo y la consigna: largas tabarras destinadas a ense?arnos la inauguraci¨®n por Felipe Gonz¨¢lez de un congreso de ministros de Trabajo o los desplazamientos de las diversas autoridades (del poder y de la oposici¨®n) por el universo mundo y minuto y medio escaso, a lo largo de tres telediarios -con el silencio ominoso del primero-, para contarnos un suceso terrorista en el Pa¨ªs Vasco. No cabe duda de que las peregrinas ideas del Gobierno -en la l¨ªnea Thatcher-Reagan- sobre la necesidad de censurar las informaciones de este g¨¦nero son escrupulosamente servidas por la televisi¨®n p¨²blica.
En definitiva, el acuerdo logrado entre populares y socialistas puede quiz¨¢ satisfacer las aspiraciones de esos grupos pol¨ªticos. Dif¨ªcilmente lo har¨¢ con las del pobre ciudadano telespectador.
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