Un consejo de guerra

LA NOTICIA tiene un agrio sabor arcaico: una mujer ha ingresado en prisi¨®n para cumplir la sentencia que le ha impuesto un consejo de guerra por haber pasado una dosis de hero¨ªna a su novio, arrestado en un cuartel de Cartagena (Ver EL PA?S del pasado 12 de marzo). Los recursos jur¨ªdicos ya han sido agotados. Todo est¨¢, sin duda, dentro de las leyes vigentes, y todo resulta mal. Est¨¢ mal que un civil sea condenado por un tribunal militar, mal que sea una mujer -con todos los respetos a la igualdad de sexos-, mal que pueda considerarse como tr¨¢fico de drogas esta acci¨®n. Y mal incluso, aun dentro del derecho y del vocabulario habitual, la misma figura de consejo de guerra aplicado en tiempo de paz y a un delito que nada tiene que ver con la guerra. Las reformas que se est¨¢n introduciendo en la justicia militar para evitar estas dificiles situaciones no son, a lo que se ve, suficientes. O no entran en el c¨¢lculo de los togados para considerar unos hechos cometidos hace casi cuatro a?os.

El comentario de la defensora -"ya no queda m¨¢s que llorar"- despu¨¦s de que el Consejo Supremo de Justicia Militar rechazase sucesivamente el recurso de casaci¨®n, la solicitud de prisi¨®n condicional y el indulto, indica suficientemente lo inexorable de la situaci¨®n. El paso de la joven por la c¨¢rcel de Orense -la ¨²nica delicadeza de la situaci¨®n, enviarla a cumplir su condena a la ciudad donde habitan sus padres- no ser¨¢ de un a?o, seis meses y un d¨ªa como dicta la sentencia, por las habituales reducciones de pena, pero puede ser lo suficiente para marcar una vida.

Se sabe c¨®mo son las c¨¢rceles, c¨®mo est¨¢n funcionando y qu¨¦ ley impera dentro, y ¨¦sa es otra aguda cuesti¨®n de nuestra sociedad, inclinada te¨®ricamente a ideas de redenci¨®n o de rehabilitaci¨®n, pero pr¨¢cticamente incapaz de llevar esa ideolog¨ªa a los centros de reclusi¨®n. Se sabe de sobra c¨®mo la estancia en una prisi¨®n puede deformar f¨ªsica y moralmente a una mujer joven y cu¨¢les pueden ser sus consecuencias y las dificultades que va a tener despu¨¦s para conseguir su reinserci¨®n social.

La dureza de la sentencia hace pensar una vez m¨¢s en la dificultad de que personas educadas y abocadas a un sentido jer¨¢rquico, militarista y disciplinario de la vida puedan juzgar a personas de una sociedad civil, que tiene otra manera de considerar las cosas y han elegido otra libertad para encauzarse. Es l¨®gico y hasta exigible, que en los cuarteles se persiga y se evite el consumo de drogas; una forma razonable de hacerlo es erradicar de su seno a quienes est¨¢n contaminados o puedan contaminar a los dem¨¢s con la misma declaraci¨®n de in¨²til para el servicio que se aplica a otras enfermedades. Es necesario que las autoridades p¨²blicas, civiles y militares, distingan las diferencias objetivas existentes entre fumarse un porro y colgarse en la hero¨ªna.Y es dificilmente asumible que una novia que pasa un talego al novio pueda ser considerada -sin retorcer el sentido com¨²n de las cosas- como una traficante.

El fondo nos lleva a otra cuesti¨®n: la de las formas de represi¨®n del tr¨¢fico de drogas, que se tienden a conducir por la v¨ªa f¨¢cil y menos comprometida de perseguir a las v¨ªctimas y de dejar pr¨¢cticamente intactos a los grandes culpables. Todas estas cosas son bastante obvias. Se saben y est¨¢n inscritas en la conciencia contempor¨¢nea, sobre todo en la de quienes tratan de profundizar un poco m¨¢s sobre los males de esta sociedad y no se limitan al aspecto externo de la ley y el orden. Administrar justicia no significa simplemente aplicar las leyes, sino interpretarlas en el contexto social y humano en que se mueven.