Legitimidad representativa y elecciones

Una exigencia inexcusable de la democracia representativa -calificativo que en el mundo actual no supone una opci¨®n, sino una necesidad que llamar¨ªamos ontol¨®gica- es la indiscutibilidad de la legitimaci¨®n de quienes hayan sido elegidos representantes durante todo el tiempo previsto para su mandato. Suele ser frecuente entre: nosotros que apenas iniciada la tarea de los ¨®rganos o cargos p¨²blicos representativos se aduzca una supuesta p¨¦rdida de confianza popular en quienes fue depositada al eleg¨ªrseles. Esto suele ocurrir en todos los grados o estratificaciones sociales y pol¨ªticas en los que rige la direcci¨®n, gesti¨®n y funcionamiento a trav¨¦s de la v¨ªa democr¨¢tico representativa, ya se trate de tina sociedad privada, un colegio profesional, un sindicato o un claustro universitario. Pero la deficiencia es m¨¢s acusada y tiene m¨¢s trascendencia pol¨ªtica cuando se refiere al Parlamento, y concretamente al Congreso, eje del r¨¦gimen parlamentario.El papel de la oposici¨®n pol¨ªtica, su funci¨®n natural y positiva, es el de fiscalizar, criticar o censurar la labor de los vencedores en la contienda electoral que ejercen el control de responsabilidad. del Gobierno. Es desde luego leg¨ªtimo que gracias a las posibilidades de alternativa de Gobierno en que se inspira la democracia ese papel se utilice como permanente afirmaci¨®n de identidad, con vistas a sustituir en su d¨ªa los que en una circunstancia concreta est¨¦n gobernando y gozan de mayor¨ªa parlamentaria.

Pero suele acontecer que al socaire de la posibilidad de alternativa se pretenda forzar los plazos constitucionalmente previstos, aprovechando cualquier ocasi¨®n de cr¨ªtica a la labor gubernamental o legislativa, para instrumentar un presunto cambio de la opini¨®n p¨²blica. Es perfectamente l¨ªcito y est¨¢ salvaguardado por la Constituci¨®n y las leyes el que se produzcan campa?as a trav¨¦s en los medios informativos y se celebren actos, reuniones y manifestaciones a veces incluso exitosas. En un pa¨ªs democr¨¢tico esas expresiones de discrepancia deben ser respetadas y tenidas en cuenta. Pero tambi¨¦n en todo pa¨ªs democr¨¢tico debe prevalecer el criterio de que la valoraci¨®n y cuantificaci¨®n m¨¢s verificable y decisiva por conocer el estado real de la opini¨®n p¨²blica son las elecciones.

A la vista del n¨²mero de elecciones que pod¨ªan preverse -contando las auton¨®micas- se plante¨® en los pasillos del Senado constituyente con vistas a una o varias posibles enmiendas al proyecto de Constituci¨®n para sincronizar el mayor numero de elecciones posibles. No falt¨®. quien consider¨® preferible que todas se celebraran el mismo d¨ªa -las generales, las auton¨®micas, las municipales y las sindicales-, y acentuando la carga de humor que de por s¨ª entra?aba semejante sugerencia, a?ad¨ªa que tambi¨¦n las de las juntas directivas del Real Madrid y del Barcelona FC. Claro est¨¢ que la cosa no pas¨® de cotileo de lobbing, dicho sea en el sentido menor peyorativo de la expresi¨®n.

Es cierto que la multiplicidad de elecciones en plazos,cortos no deja de ofrecer sus inconvenientes, pero aparte de que las coincidencias a veces resulten casuales, el que durante un mandato legislativo del Parlamento naci¨®nal la ciudadan¨ªa se ejercite en otras consultas electorales de diversa especie tiene un innegable valor en el orden a que nos estamos refiriendo: el de detectar con el ¨²nico instrumento real y definitivamente democr¨¢tico de la elecci¨®n las oscilaciones que pueden ir oper¨¢ndose en la opini¨®n p¨²blica a, lo largo del mandato legislativo general o estatal.

Pero esta verificaci¨®n a trav¨¦s del sufragio ha de ser cuidadoSamente interpretada para considerarla como variable, pues cada operaci¨®n electoral tiene su espec¨ªfica naturaleza, y no es ni acertado ni correcto trasvasar sin m¨¢s el sentido del voto de cualquiera de las elecciones no generales a ¨¦stas. Yo dir¨ªa que: las elecciones pol¨ªticas propiamente dichas, las elecciones in nuce, son precisamente las generales. Los problemas locales o regionales, y aun mucho m¨¢s los sindicales, est¨¢n planteados y pueden ser resueltos en otros t¨¦rminos y desde otras perspectivas.

Es evidente que no se trata de mundos desiguales ni de votantes distintos, y tambi¨¦n lo es que la operaci¨®n electoral en t¨¦rminos nacionales tiene un valor, si no determinante, s¨ª m¨¢ximamente condicionador respecto a las otras; pero la diferncia, o al menos el matiz, existe. Aducir¨ªamos m¨²ltiples ejemplos de pa¨ªses distintos al nuestro en Europa, y tambi¨¦n podr¨ªamos hacerlo de nuestra propia experiencia.

Precisamente estamos en v¨ªsperas de poder iluminar la cuesti¨®n al coincidir las convocadas elecciones generales con las de la comunidad de mayor n¨²mero de provincias y de m¨¢s cuantioso cuerpo electoral. Dos hechos relativizan la cuesti¨®n: uno, que el predominio de una de las tendencias en lucha all¨ª parece evidente; otro, que el nacionalismo andaluz como tal no es demasiado fuerte. No obstante pueden producirse datos significativos sociol¨®gicos y pol¨ªticos. Habr¨¢ que ir afilando l¨¢pices o recargando bol¨ªgrafos.

Dec¨ªamos que es dudosamente democr¨¢tico poner en tela de juicio la legitimidad de un mandato electoral mientras se est¨¦ ejerciendo.

Se me pueden replicar dos cosas: una a nivel gen¨¦rico y doctrinal, y otra apuntando ir a la m¨¢s directa y concreta coyuntura espa?ola. ?Puede sin m¨¢s impugnarse por antidemocr¨¢tica toda reducci¨®n de un mandato representativo? Cuanto aqu¨ª digo ?no supone un juicio contrario al acuerdo adoptado por el Gobierno actual espa?ol de disolver las Cortes y convocar elecciones generales?

Con respecto a lo primero est¨¢ claro que la disoluci¨®n generalmente est¨¢ prevista en muchos casos como medio de zanjar conflictos constitucionales, resolver situaciones especialmente cr¨ªticas -de imposible catalogaci¨®n aqu¨ª- e incluso como fase de procesos constitucionalmente previstos. Tales son los casos de una desavenencia grave y continua entre Gobierno y Parlamento (m¨¢s frecuentes cuando las mayor¨ªas no son homog¨¦neas, ni,

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