El entierro de un 'etarra'

DOS D?AS despu¨¦s del fallecimiento en la prisi¨®n de Herrera de la Mancha del miembro de ETA Joseba Asensio, en condiciones que hacen razonable la sospecha de negligencia por parte de las autoridades penitenciarias, la actuaci¨®n, el martes por la noche, de la polic¨ªa, tendente a impedir la presencia del f¨¦retro que conten¨ªa los restos del etarra en un acto organizado por Herri Batasuna en Bilbao, ha sido no s¨®lo brutal, sino tambi¨¦n est¨²pida.La ilegalidad del acto programado por la coalici¨®n abertzale no justifica la pretensi¨®n de la fuerza p¨²blica de llevarse el f¨¦retro, a golpes y en contra de los deseos de los familiares de Joseba Asensio, directamente al cementerio. El simple respeto al dolor ajeno exig¨ªa otro comportamiento. Tambien lo exig¨ªan la prudencia pol¨ªtica y el sentido com¨²n, que demandan hoy la dimisi¨®n o la destituci¨®n del gobernador y la censura sin paliativos de esta nueva actuaci¨®n de un Ministerio del Interior caracterizado no por la ternura que inspira su titular -contra lo que ¨¦l supone-, sino por la preocupaci¨®n que suscita su torpeza.

No discutimos la ilegalidad del acto preparado por Herri Batasuna, por m¨¢s que sus representantes aseguren que contaban con la autorizaci¨®n de la Junta Electoral de zona. El art¨ªculo 54 de la Norma B¨¢sica de R¨¦gimen Electoral atribuye a las juntas electorales provinciales la competencia para autorizar "la celebraci¨®n de actos p¨²blicos de la campa?a electoral". Pero s¨®lo una abusiva interpretaci¨®n del concepto de acto electoral permitir¨ªa incluir en ¨¦l al organizado el martes en Bilbao. Por lo dem¨¢s, esa misma norma establece que "en todo caso, se mantienen las atribuciones de la autoridad gubernativa respecto al orden p¨²blico, y con ese fin, las juntas electorales deber¨¢n informar a la indicada autoridad de las reuniones cuya convocatoria les haya sido comunicada". El Gobierno Civil de Vizcaya insiste en que se trataba de un acto ilegal por cuanto, informado por la junta electoral provincial de la pretensi¨®n de Herri Batasuna, y considerando previsible que se produjera "alteraci¨®n de la paz ciudadana, como posteriormente los hechos sucedidos vinieron a corroborar", decidi¨® no autorizarlo. Efectivamente, era previsible que la consecuencia de pretender zanjar la cuestion mediante el secuestro a la brava del cad¨¢ver produjera "alteraci¨®n" tanto de los nervios como de "la paz ciudadana".

El problema reside, sin embargo, en saber si no fue precisamente la absurda decisi¨®n inicial del Gobierno Civil la que origin¨® lo sucedido despu¨¦s: el env¨ªo de reftierzos al lugar de los hechos, el acosamiento a los inspectores por los asistentes, los disparos con fuego real por parte de los acosados y las cargas indiscriminadas por parte de la fuerza p¨²blica, con el balance de cerca de 50 personas heridas. Existe suficiente experiencia acumulada en el Pa¨ªs Vasco como para saber que esa secuencia de acontecimientos era perfectamente previsible. Obligaci¨®n de los responsables pol¨ªticos era haberla tenido en cuenta antes de que los hechos convirtieran en tautolog¨ªa la argumentaci¨®n del gobernador.

Esa misma experiencia hubiera aconsejado responsabilizar a la polic¨ªa aut¨®nomica vasca, y no a la polic¨ªa nacional, de garantizar el respeto del orden p¨²blico y la legalidad en el curso del acto programado por Herri Batasuna. Si existe alg¨²n obst¨¢culo legal a esa imbricaci¨®n de la Ertzantza en situaciones como la del martes en Bilbao, ha de ser removido cuanto antes. Los ciudadanos, que pagan los impuestos con que se financian los cuerpos de seguridad y los sueldos de los cargos p¨²blicos, tienen derecho a exigir que los gobernantes resuelvan los problemas y no se dediquen a empeorarlos, como en este caso. La polic¨ªa vasca surgi¨®, hace ya un lustro, para evitar que se produjeran situaciones como esta que comentarnos.

En su reciente sentencia sobre la inscripci¨®n de Herri Batasuna en el registro de partidos pol¨ªticos, que supon¨ªa la legalizaci¨®n de dicho grupo, los magistrados hac¨ªan constar expresamente que tal legalizaci¨®n implicaba la obligaci¨®n por parte del nuevo partido de desarrollar su actividad "dentro de los l¨ªmites l¨ªcitos estatutarios" y de respetar la ley, advirtiendo que, en caso contrario, podr¨ªa incurrir "en causa de disoluci¨®n". A Herri Batasuna no cabe exigirle que renuncie a su ideolog¨ªa, pero s¨ª que la defienda por medios pac¨ªficos y en el respeto a la legalidad democr¨¢tica. ?sa, y no la conducta elegida por el Gobierno Civil de Vizcaya, debiera haber sido la actitud adoptada el pasado martes.