Independencia y responsabilidad judicial

Las recientes actuaciones judiciales de un magistrado valenciano en servicio de guardia ordenando redadas masivas en zonas pr¨®ximas al Palacio de Justicia de esta ciudad, so pretexto de limpiar dichas zonas de presuntos delincuentes, prostitutas o consumidores de drogas, obliga a plantearse la dimensi¨®n de la independencia judicial y la extensi¨®n de su correlativa responsabilidad.En primer lugar, como miembros de la Uni¨®n Progresista de Fiscales y como ciudadanos interesados en el funcionamiento de la Administraci¨®n de justicia en el Pa¨ªs Valenciano, estamos obligados a expresar nuestra opini¨®n mayoritaria sobre el tema, que ha trascendido a la opini¨®n p¨²blica no s¨®lo auton¨®mica, sino tambi¨¦n nacional, a trav¨¦s de TVE.

Es conveniente decir que la Uni¨®n Progresista de Fiscales es una asociaci¨®n privada, inscrita oficialmente, de fiscales compro metidos en la tarea de la consecuci¨®n de los valores proclama dos en nuestra Constituci¨®n para la efectividad de un Estado social y democr¨¢tico de derecho, sin que ello signifique la ausencia de compromiso institucional del resto de los fiscales, a los que les corresponde, como miembros del ministerio fiscal, la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, as¨ª como del inter¨¦s p¨²blico tutelado por la ley, del inter¨¦s social y de la independencia de los tribunales mediante la promoci¨®n de la justicia. Dicho lo anterior, la mayor¨ªa de los fiscales de la UPF de Valencia entendemos que en el ejercicio de nuestra libertad de expresi¨®n, dada la actuaci¨®n del magistrado valenciano, es obligado plantearse el tema de la independencia y el de la responsabilidad judicial, que tiene como marco el ejercicio de la potestad jurisdiccional por jueces y magistrados, los cuales administran una justicia que emana del pueblo y son independientes, inamovibles, responsables y sometidos ¨²nicamente al imperio de la ley.

Independencia judicial

En un Estado social y democr¨¢tico de derecho, como es Espa?a, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jur¨ªdico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo pol¨ªtico, la garant¨ªa de estos valores en el ¨¢mbito del derecho viene dada, en ¨²ltima instancia, por los tribunales de justicia, que pueden actuar de oficio, a instancias del ministerio -fiscal o de los ciudadanos. Con ello, la finalidad de los tribunales de justicia es amparar el ejercicio de los derechos fundamentales para la consecuci¨®n de los valores superiores del ordenamiento jur¨ªdico.

Toda actuaci¨®n jurisdiccional debe tender a la efectividad de la libertad, la justicia y la igualdad y, en su caso, del pluralismo pol¨ªtico, de forma que, seg¨²n nuestras leyes, estos valores no son meramente ret¨®ricos, sino que vinculan a todos los poderes p¨²blicos, entre los que se encuentra el Poder Judicial, el cual, adem¨¢s de estar vinculado a estos valores, debe tutelar y amparar a los ciudadanos cuando, mediante cualquier tipo de actuaci¨®n, se han negado los mismos.

Fuera de esta finalidad los tribunales no pueden moverse, ya que se situar¨ªan en una zona inconstitucional, no legitimada por el ordenamiento jur¨ªdico, y la autoridad que le ha conferido el pueblo, precisamente para ese fin protector de los derechos humanos, quedar¨ªa vac¨ªa de contenido al desviarse de su misi¨®n.

Ahora bien, dada la importancia de la misi¨®n encomendada al Poder Judicial, el ejercicio de la funci¨®n jurisdiccional por jueces y magistrados, que son funcionarios p¨²blicos estatales, est¨¢ rodeado de una serie de garant¨ªas que permiten confiar en la ausencia de presiones en la Administraci¨®n de justicia.

Una de estas. garant¨ªas es la independencia judicial, la cual implica que el juez no puede recibir ¨®rdenes ni presiones de ning¨²n tipo, ni siquiera de sus superiores jer¨¢rquicos en el ejercicio de su funci¨®n, y que s¨®lo se debe a la ley, la cual le obliga a adecuar su actuaci¨®n siempre en defensa de los derechos humanos para la efectividad de los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo pol¨ªtico.

V¨ªctimas de la ideolog¨ªa

De este modo, cuando el ejercicio de la actividad jurisdiccional no se ajusta a las finalidades expuestas, el juez est¨¢ perdiendo su independencia, incluso siendo v¨ªctima de su propia ideolog¨ªa, y por ello contrae responsabilidad frente a la sociedad que le ha otorgado su confianza a trav¨¦s del Estado.

De lo anterior se deduce que el juez no puede extralimitarse de sus funciones alegando una independencia judicial que est¨¢ concebida para limitar sus funciones en exclusiva defensa de los valores superiores del ordenamiento jur¨ªdico y de los derechos humanos.

En una sociedad como la, nuestra, la seguridad, que debe ser una consecuencia de la libertad, la justicia y la igualdad, y no a la inversa, no se garantiza mediante detenciones masivas de ciudadanos so pretexto de erradicar la delincuencia.

Pi¨¦nsese, por ejemplo, lo absurdo que ser¨ªa detener a todos lo que afluyen a n banco con objeto de evitar la evasi¨®n de capitales. Seg¨²n la ley, s¨®lo puede detenerse a quienes presumiblemente han cometido un delito participando de una u otra forma, no a los que cometan simples faltas, y s¨®lo es delito aquello que la ley describe como tal en el C¨®digo Penal y leyes especiales.

El ejercicio de la prostituci¨®n, desde la legalidad, s¨®lo est¨¢ considerado como un estado peligroso, casi olvidado, y no como un delito, y s¨®lo aquellas conductas perif¨¦ricas a dicho ejercicio que suponen una explotaci¨®n de la libertad sexual, tales como son las de los proxenetas, due?os de locales o rufianes est¨¢n castigadas como delitos en el C¨®digo Penal. Por otro lado, el mero consumo de drogas tampoco es delictivo y s¨®lo lo es el tr¨¢fico, la venta o la transmisi¨®n de las drogas o estupefacientes, as¨ª como de sustancias psicotr¨®picas.

Responsabilidad judicial

Es claro que nadie est¨¢ libre de responsabilidad; incluso quien tuvo el Poder absoluto puso de juez de su actuaci¨®n a Dios y a la historia. En concreto, todos asumimos nuestra responsabilidad por los actos que realizamos, y nosotros la estamos asumiendo al escribir este art¨ªculo en el ejercicio de la libertad de expresi¨®n.

En especial, la legalidad une a la independencia judicial la responsabilidad judicial. Una no se entiende sin la otra, ya que s¨®lo se es independiente en cuanto se es responsable, no siendo admisible dar independencia a quien es irresponsable. Por ello, los jueces y magistrados, al igual que el resto de los mortales, pueden contraer una responsabilidad civil, disciplinaria o penal.

Los propios jueces, cuya labor diaria consiste en exigir responsabilidad a sus conciudadanos, deben responder ante ¨¦stos, mediante los cauces legales establecidos, de su actuaci¨®n. Y aunque cada vez va siendo menos entendido que los jueces entre s¨ª se juzguen, sabemos por noticias de Prensa que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente informativo al magistrado valenciano derivado de su actuaci¨®n comentada.

Confiamos en que, de acreditarse anormalidades en el ejercicio de la funci¨®n jurisdiccional, la independencia judicial no sirve de excusa a la exigencia de una adecuada responsabilidad judicial si la hubiere, y que actuaciones de este tipo, m¨¢s propias de un Estado policiaco que de un Estado protector de los derechos humanos, no se vuelvan a repetir.