Aliancistas y comunistas piden que se procese a los polic¨ªas que espiaron a los partidos

Alberto Ruiz Gallard¨®n y Jos¨¦ Luis N¨²?ez, abogados de AP y del PCE, respectivamente, se?alaron ayer, durante la vista de los recursos contra el archivo de la causa por el espionaje policial a los partidos, que deben ser procesados los polic¨ªas cuya participaci¨®n en dicha actividad fue probada durante la instrucci¨®n del sumario. A la vista no acudi¨® ning¨²n representante del PDP, a pesar de que este partido tambi¨¦n present¨® un recurso de apelaci¨®n contra el auto de archivo.

La vista se celebr¨® ante la sala quinta de la Audiencia Provincial de Madrid. Dichos abogados solicitaron reabrir el sumario, pero Alfonso Monge Molina, letrado de la Direcci¨®n de la Polic¨ªa, pidi¨®, como el fiscal, el archivo definitivo de la causa para Monge Molina, no hay indicios de criminalidad, ya que los hechos denunciados por los partidos no est¨¢n recogidos en texto alguno de la legislaci¨®n espa?ola. El abogado de la polic¨ªa dijo que no puede confundirse las relaciones de amistad que alg¨²n polic¨ªa haya tenido con miembros de partidos con lo que "espectacular e indebidamente", en palabras del letrado, se ha denominado "espionaje policial".Por el contrario, Jos¨¦ Luis N¨²?ez, por el PCE, se?al¨® que la admisi¨®n de su querella en noviembre de 1985 fue paralela a la decisi¨®n del juez instructor, Jos¨¦ Mar¨ªa V¨¢zquez Honrubia, de archivar la causa, por lo que no se efectuaron las pruebas que propuso el partido, entre las que figuraban la de investigar el origen de un amplio documento policial sobre la crisis del PCE incluido en el sumario abierto al inspector Juan Jos¨¦ Medina por supuesta infidelidad en la custodia de documentos.

N¨²?ez tambi¨¦n insisti¨® en su petici¨®n, ya formulada ante V¨¢zquez Honrubia, de que se intervengan los archivos de la Brigada de Informaci¨®n Interior, para comprobar si en los mismos, como se demostr¨® en el caso de AP, existen documentos policiales sobre el PCE. Al no haberse practicado estas pruebas, el representante legal comunista entiende que se ha producido un caso de indefensi¨®n, por no respetarse el art¨ªculo 24.1 de la Constituci¨®n, que garantiza la tutela efectiva de los tribunales. N¨²?ez ya ha anunciado que, de no prosperar su recurso, apelar¨¢ al Tribunal Constitucional.

Hecho acreditado

Ruiz Gallard¨®n consider¨® "hecho acreditado" como ya lo se?al¨® el propio juez instructor, que en la polic¨ªa hab¨ªa personas dedicadas a obtener informaci¨®n sobre las actividades de los partidos y que hab¨ªa que buscar responsabilidades. En este sentido, se?al¨® que, aunque el Tribunal Supremo no encontr¨® responsabilidad, en tres altos cargos -Alfonso Guerra, Jos¨¦ Barrionuevo y el diputado Eduardo Mart¨ªn Toval-, eso no significa que no hubiera otros responsables. Tambi¨¦n indic¨® que "no puede ser patente de corso" el hecho de que quienes hayan observado una conducta presuntamente delictiva desarrollen una actividad pol¨ªtica.Los abogados del PCE y de AP afirmaron que el caso del espionaje a los partidos se hab¨ªa tratado en el ¨¢mbito pol¨ªtico, pero que ahora se trata de investigar judicialmente unos hechos concretos sobre los que ya existen algunas pruebas en el propio sumario de la causa. Ruiz Gallard¨®n asegur¨® que, si son procesados algunos polic¨ªas y ¨¦stos responsabilizan de los hechos a sus superiores jer¨¢rquicos, ¨¦l se compromete a retirar toda querella contra los agentes y a mantener la acusaci¨®n contra los superiores. N¨²?ez se mostr¨® contrario a esa posibilidad y afirm¨® que los funcionarios policiales tambi¨¦n tienen una clara responsabilidad penal en este caso.

En mayo del pasado a?o, AP interpuso una querella criminal contra las personas que realizaban informes internos sobre el partido y que incluso sacaban documentos privados que llegaron a manos del PSOE. El juez instructor, V¨¢zquez Honrubia, interrog¨® a polic¨ªas, al comisario general de Informaci¨®n, al ministro del Interior, al vicepresidente del Gobierno y a otros altos cargos. Igualmente, intervino en la Brigada de Informaci¨®n Interior 180 informes sobre Alianza Popular.

Al presumir presuntas responsab¨ªlidades de Barrionuevo, Guerra y Mart¨ªn Toval, envi¨® el caso al Tribunal Supremo, que respondi¨® que no observaba indicios de delito en esas personas, por lo que el juez decidi¨® archivar la causa. En el auto correspondiente, el juez aseguraba que hab¨ªa polic¨ªas dedicados a la informaci¨®n de partidos pol¨ªticos, pero que, a la vista del auto del Supremo, esa actividad no es il¨ªcita.

La sala quinta de la Audiencia Provincial decidir¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas si fue acertada la decisi¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa V¨¢zquez Honrubia de archivar la causa o si se reabre el sumario. Ru¨ªz Gallard¨®n y N¨²?ez se inclinan por esta segunda opci¨®n. Para N¨²?ez, la causa del espionaje a los partidos es "una oportunidad inequ¨ªvoca" para que el poder judicial "sit¨²e en su lugar" a la polic¨ªa.