La oposici¨®n chilena teme que instancias judiciales superiores bloqueen el sumario de los desaparecidos

Representantes de la oposici¨®n chilena atribuyeron ayer a una iniciativa personal del juez especial Carlos Cerda Fern¨¢ndez la orden de detenci¨®n que ¨¦ste dict¨® el jueves contra 38 militares -entre ellos el ex jefe de la Fuerza A¨¦rea, general Gustavo Leigh- y dos civiles, acusados de los delitos de asociaci¨®n il¨ªcita y de la detenci¨®n ilegal de 10 personas, la mayor¨ªa dirigentes clandestinos del partido comunista, que. se encuentran desaparecidos desde 1976. Las mismas fuentes temen que la decisi¨®n de Cerda pueda ser modificada posteriormente por instancias superiores del poder judicial.

La polic¨ªa no hab¨ªa practicado todav¨ªa, la tarde de ayer, ninguna de las detenciones solicitadas por el juez Cerda. La acusaci¨®n de asociaci¨®n ilegal que pesa sobre los procesados se: refiere a su participaci¨®n en un comando conjunto (le las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, a excepci¨®n del Ej¨¦rcito de Tierra, cuya funci¨®n que localizar, eliminar a los principales dirigentes del Partido Comunista chileno, tras el golpe militar de 1973.

?sta es la primera vez que un juez civil adopta tina decisi¨®n de tanta envergadura contra el estamento militar, desde que la investigaci¨®n sobre 668 casos de desapariciones denunciados por la Iglesia cat¨®lica ante los tribunales comenz¨® en 1977. El diario El Mercurio, uno de los baluartes del r¨¦gimen del general Augusto Pinochet, se refiri¨® ayer por primera vez del "caso de los desaparecidos" sin agregar la palabra "presuntos", al informar de la orden de detenci¨®n dictada por el juez Carlos Cerda Fern¨¢ndez.

Hasta ahora, para el Gobierno y la Prensa oficialista los desaparecidos en la guerra sucia eran presuntas v¨ªctimas". Presunta su existencia anterior, presunta su desaparici¨®n, presunta su suerte. Durante 13 a?os, los 668 detenidos desaparecidos bajo el r¨¦girrien de Pinochet no han existido para la Justicia y el Gobierno.

La dictadura no solo neg¨® la detenci¨®n de las v¨ªctimas, sino que en 1978 dict¨® una ley de amnist¨ªa para perdonairlos excesos que hubo durante los primeros a?os del terror. Incansablemente, los familiares de las v¨ªctimas han ido a gritar "queremos justicia", llevando carteles con las fotos de sus parientes, hasta el palacio presidencial de: La Moneda, sin que nadie en el Gobierno les escuchase.

El jueves por la noche, cuando la noticia de los procesamientos dictados por el juez Cerda se extendi¨® por Santiago, los familiares de los detenidos desaparecidos no se la pod¨ªan creer. Una docena de ellos fueron al Palacio de Justicia para apoyar la decisi¨®n de Cerda Fern¨¢ndez. Uno de los abogados de los familiares declar¨®: "Esta es la resoluci¨®n m¨¢s importante que se ha dictado en materia de derechos humanos durante los 13 a?os del r¨¦gimen".

Gracias a la decisi¨®n del juez Cerda, a diferencia de lo ocurrido en Argentina, donde los casos de derechos humanos se comenzaron a ventilar bajo el Gobierno democr¨¢tico, la investigaci¨®n sobre la guerra sucia ha comenzado en Chile durante y a pesar de la dictadura.

Todo esto parece posible gracias a la tenacidad del juez Cerda, quien parad¨®jicamente se encuentra calificado en el ¨²ltimo escalaf¨®n del poder judicial. Cerda se atrevi¨® a investigar a fondo a pesar de las presiones que recibi¨®: servicios de seguridad lo siguieron, y fotografiaron a sus testigos; un agente, ahora procesado, se quej¨® de haber sido golpeado durante su interrogatorio por el juez; el comandante enjefe de la Fuerza A¨¦rea, Fernando Matthei, solicit¨® medidas disciplinarias contra Cerda, que tambi¨¦n se vio hostigado por la Prensa pinochetista, mientras los encausados se le escabull¨ªan de entre las manos sin que la polic¨ªa los detuviera.

Pero Cerda aprovech¨® los pocos hilos que ten¨ªa. El primero fue la confesi¨®n de un desertor de la Fuerza A¨¦rea, Andr¨¦s Valenzuela, que reside en Par¨ªs y contra el cual ha dictado orden de detenci¨®n. Valenzuela revel¨® la existencia del comando conjunto, con oficinas propias dentro de cuarteles, veh¨ªculos y centros de detenci¨®n clandestinos, que estaba dirigiendo la represi¨®n contra los comunistas.

El segundo cabo que Cerda at¨® fueron las pugnas internas de los aparatos de seguridad del r¨¦gimen. La ahora disuelta Direcci¨®n de Inteligencia Nacional, m¨¢s conocida por sus siglas DINA, bajo el patrocinio del general Augusto Pinochet, tuvo roces y enfrentamientos con el comando conjunto, que permitieron a Cerda, 10,a?os despu¨¦s, desen tra?ar el caso de los 10 desaparecidos sobre la base de las contradicciones, recriminaciones mutuas y el inocultable deseo de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de exirnirse de responsabilidad en la guerra sucia.

El tercer elemento con que cont¨® el juez fue la diligencia e infinita paciencia de los familiares de las v¨ªctimas y de la Iglesia cat¨®lica para llegar a la verdad.

Junto con otros dos jueces -Adolfo Ba?ados, que desentra?¨® el asesinato de una docena de campesinos por carabineros en la localidad rural de Lonqu¨¦n, a 40 kil¨®metros de Santiago, y Jos¨¦ C¨¢novas, quien desenmascar¨® la participaci¨®n policial en el secuestro de tres militantes comunistas que fueron degollados en 1985-. Cerda pas¨® a formar parte de una trilog¨ªa, de excepci¨®n dentro del poder judicial chileno, y sali¨® abruptamente de su oscuro anonimato. Al anunciar el jueves su resoluci¨®n de 200 folios, Cerda declar¨®: "Es maravilloso tener la oportunidad de jugarse la vida por valores superiores".