Convivencia en Melilla

LA REUNI?N celebrada ayer en la sede del Ministerio del Interior entre altos cargos de dicho departamento, el delegado del Gobierno en Melilla y varios representantes de los partidos pol¨ªticos con presencia en la ciudad parece abrir, por primera vez en bastantes meses, perspectivas moderadamente alentadoras sobre la posibilidad de detener el creciente deterioro de la convivencia entre las dos comunidades, cristiana y musulmana, en dicho enclave espa?ol en territorio norteafricano. S¨®lo moderadamente, porque el principal fruto de la reuni¨®n de ayer, la propuesta de crear una comisi¨®n mixta, con representantes de ambas comunidades, que en adelante discuta con la Administraci¨®n los problemas planteados, fue en principio rechazado por el principal l¨ªder del sector musulm¨¢n de la poblaci¨®n, Aomar Mohamedi Dud¨².La aplicaci¨®n de la llamada ley de extranjer¨ªa, promulgada en julio de 1985, provoc¨® la justificada protesta de los melillenses de origen marroqu¨ª, a quienes se obligaba a reconocer, bajo amenaza de expulsi¨®n y contra su voluntad ¨ªntima, su condici¨®n de no espa?oles. De los 72.000 habitantes con que cuenta Melilla, unos 27.000 son musulmanes, pero de ellos apenas 7.000 cuentan con nacionalidad espa?ola oficialmente reconocida.

La falta de realismo de las autoridades frente a las protestas de esos 20.000 ciudadanos a los que se condenaba a la inseguridad jur¨ªdica a perpetuidad provoc¨® una radicalizaci¨®n del colectivo musulm¨¢n que, a su vez, dio origen a reacciones violentamente racistas por parte de sectores de la comunidad cristiana. La situaci¨®n de la ciudad, rodeada por territorios de un Estado que peri¨®dicamente reclama la soberan¨ªa sobre la misma, contribuy¨® a exacerbar las emociones de ambas comunidades. La reciente detenci¨®n de Juan D¨ªez, dirigente del Partido Nacionalista Espa?ol de Melilla, acusado de preparar un atentado terrorista contra la sede de la delegaci¨®n del Gobierno en la ciudad, demuestra hasta qu¨¦ punto se ha deteriorado la situaci¨®n.

El cruce de presiones contrapuestas ha llevado al Gobierno a alternar decisiones contradictorias buscando en cada ocasi¨®n calmar a quienes m¨¢s fuerte hab¨ªan gritado la v¨ªspera, brillando por su ausencia una aut¨¦ntica pol¨ªtica de Estado sobre un problema cuyas potenciales implicaciones internacionales son evidentes. El pasado mes de febrero, representantes del Ministerio del Interior y de la comunidad musulmana llegaron a un principio de acuerdo sobre la elaboraci¨®n de un censo de residentes sin nacionalidad espa?ola reconocida, como paso para la tramitaci¨®n, de acuerdo con criterios de arraigo, de la nacionalizaci¨®n de quienes lo deseasen. Ello paralizaba en principio la aplicaci¨®n de las previsiones de la ley de extranjer¨ªa, incluyendo las que permiten la expulsi¨®n fulminante de los extranjeros que no hayan regularizado su situaci¨®n como tales.

La concienciaci¨®n que sobre otros aspectos de su marginaci¨®n social produjo entre los melillenses de origen marroqu¨ª el conflicto suscitado por la ley de extranjer¨ªa se tradujo en iniciativas como la convocatoria de unas elecciones paralelas a las del pasado 22 de junio -en las que participaron unos 11.000 musulmanes-, sentando as¨ª un inquietante precedente en la medida en que ven¨ªa a plantear con crudeza la escisi¨®n entre ambas comunidades y la potencial tendencia a contraponer dos legitimidades diferentes.

El argumento de Dud¨² para rechazar los acuerdos alcanzados ayer es que los derechos de los ciudadanos musulmanes de Melilla deben ser discutidos exclusivamente por ellos mismos, negando representatividad a tal fin a los interlocutores desplazados a Madrid, y virtualidad a la propuesta de constituir una comisi¨®n mixta. Aunque pudieran existir motivos para la desconfianza del dirigente musulm¨¢n y sus seguidores, nada justifica su rechazo frontal de la ¨²nica v¨ªa que en las actuales circunstancias puede detener el deterioro de la situaci¨®n: la de la institucionalizaci¨®n de un cauce de di¨¢logo permanente que garantice, en los t¨¦rminos expresados en los acuerdos de febrero, "la plena integraci¨®n en la sociedad espa?ola de los residentes musulmanes en el territorio nacional". Si se ponen obst¨¢culos a esta v¨ªa de entendimiento, entonces es que se est¨¢ hablando de otra cosa bien diferente.