El Gobierno apoya la incomparecencia de 90 guardias civiles ante una juez

El Gobierno reconoci¨® ayer que apoya la incomparecencia de 90 guardias civiles citados por la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Bilbao, Mar¨ªa Elisabeth Huerta S¨¢nchez, en relaci¨®n con la denuncia de torturas formulada por Tom¨¢s Linaza Euba, padre del etarra Tom¨¢s Linaza, deportado a Cabo Verde. El oficio remitido el pasado 28 de agosto a la juez Huerta, por orden del director general de la Guardia Civil, Jos¨¦ Antonio S¨¢enz de Santa Mar¨ªa, daba cuenta de las razones que determinaron al Gobierno a tomar este acuerdo.

En el oficio dirigido a la juez Huerta, un teniente coronel de la Guardia Civil, cuya firma aparece ilegible, da cuenta de que el director general del cuerpo, a la vista del oficio de 14 de julio ¨²ltimo, por el que interesaba la comparecencia de 90 guardias civiles "en virtud de denuncia de supuestos, malos tratos", ha dispuesto comunicar a la mencionada juez "que existen fundadas razones que aconsejan el no disponer las interesadas comparecencias".El oficio contin¨²a se?alando que "no parece claramente que concurra el presupuesto legal de los art¨ªculos 368 y 369 de la ley de Enjuiciamiento Criminal para la pr¨¢ctica de reconocimiento en ruecla, que exige la existencia de una persona ya determinada expresamente contra la que se dirijan los cargos".

El docurnento en poder de la juez Huerta, que se neg¨® ayer a informar sobre su contenido, prosigue: "Evidentemente, en el reconocimiento en rueda que se pretende no se dan los supuestos legales, ya que no hay constancia de que se hayan dirigido cargos contra ninguno concreto determinado de los citados a comparecer; ya que de lo que se trata es de descubrir un hipot¨¦tico culpable, para lo cual existen otros medios legales de investigaci¨®n, distintos de la p¨²blica), humillante exposici¨®n masiva y corporativa de cientos de personas inocentes, sometidas al subjetivo criterio de un denunciante".

El siguiente p¨¢rrafo del documento dice as¨ª: "A estas razones se unen el perjuicio al servicio, y dadas las circunstancias concurrentes, poderosas razones de seguridad que resulta obvio exponer, y que han determinado que el Gobierno de la naci¨®n haya acordado que no se cursen ¨®rdenes de comparecencia de los relacionados".

Tanto el abogado de Linaza, Txema Montero, como otros Juristas consultados por este peri¨®dico manifestaron que el recurso a este tipo de diligencias es consecuencia de la falta de colaboraci¨®n de la Guardia Civil para identificar a los supuestos autores de la tortura.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato, se?al¨® que "el Consejo no puede ni debe decir nada en lo que afecta al orden jurisdiccional". A?adi¨® que trat¨¢ndose de una actuaci¨®n judicial sobre la que no se ha recibido queja de ning¨²n particular ni instituci¨®n, el Consejo no tiene por qu¨¦ intervenir. Mart¨ªnez Zato resalt¨® que, en todo caso, ante la negativa de unos funcionarios a comparecer ante la justicia, la autoridad judicial tiene resortes para responder jurisdiccionalmente.