No Salom¨®n, sino Pilatos

La polvareda levantada por la actuaci¨®n de la titular del Juzgado n¨²mero 3 de Bilbao ha tenido la virtud inapreciable de hacer luz -aunque duela- sobre el grado de vigencia efectiva de que gozan entre nosotros algunos principios que se estiman como fundamentales en la democracia.El conflicto suscitado, m¨¢s all¨¢ de la an¨¦cdota, a poco que se reflexione, aparece como un momento de sinceridad, bien expresivo del ¨ªndice de asimilaci¨®n y de vivencia de ciertos valores por quienes habitan algunos de los apartamentos de los pisos superiores del edificio del Estado.

Lo ocurrido, a pesar de su aparente irrupci¨®n como una tromba en el normal desarrollo de las din¨¢micas institucionales, no llega, sin embargo, de extra?as latitudes. Tiene sus ra¨ªces en lugares muy pr¨®ximos; de nuestra memoria (a veces amnesia) hist¨®rica y hace tiempo que sus frutos afloran manifiestamente en nuestra cotidianidad. Pero lo que ser¨ªa una distancia no dir¨¦ que tolerable, aunque si en cierto modo asumida entre la realidad y el modelo que se supone, quiz¨¢ por acumulaci¨®n de contradicciones, ha desembocado en una situaci¨®n que de darse en lo alto de un escenario denunciar¨ªa a lonesco como autor del texto.

La m¨¢s cruda afirmaci¨®n del aparato policial como poder en s¨ª mismo se da en un momento en que llueven goles sobre la porter¨ªa del ministro del Interior, y contando con el apoyo de sectores y ¨®rganos de opini¨®n que, si el hecho no fuera por s¨ª lo bastante claro, tendr¨ªa que haberlo situado cuando menos bajo sospecha.

Lejos de suscitar una firme respuesta desde la l¨®gica de la ley y el derecho, sucede como si aquellos a quienes incumbe esa responsabilidad inabdicable hubieran entrado en el t¨²nel de un cierto sue?o de la raz¨®n jur¨ªdica. Y as¨ª, se escucha que tina resoluci¨®n judicial v¨¢lidamente adoptada puede ser l¨ªcitamente incumplida por quienquiera que la juzgue ilegal. Y que el principio de legalidad es de inferior condici¨®n que la ¨¦tica o la sensibilidad democr¨¢ticas de un ministro.

Y que una determinada jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia criminal puede ahora, parad¨®jicamente, legitimar la omisi¨®n del recurso a la instancia judicial, y el retroceso desenfadado hacia el encuentro de ancestrales y c¨®modos expedientes de autosatisfacci¨®n o administraci¨®n de la justicia por propia mano. Omitiendo que detr¨¢s de cualquier sentencia de aquella alta magistratura, cuando menos, tuvo que haber una acusaci¨®n p¨²blica, una primera sentencia, su impugnaci¨®n y un ulterior pronunciamiento. Es decir, alg¨²n tr¨¢mite m¨¢s que la simple valoraci¨®n subjetiva de parte.

El ministerio fiscal, no obstante su cometido de velar por la observancia de la ley y el respeto a la independencia de los jueces, no se da por aludido. El Consejo General del Poder Judicial s¨ª se da. Y lo hace para protagonizar una curiosa y no s¨¦ si hamletiana experiencia: la de buscar, al parecer sin resultado, un espacio en que encontrarse a s¨ª mismo. El Consejo, como si quisiera aportar un destello de luz a esa ceremonia de la confusi¨®n, dice que "respeta", "lamenta" y "rechaza". Lo uno y lo otro, esto y aquello. ?Y bien... ?

No puede invadir lo jurisdiccional. Hacerlo ser¨ªa transformar su papel constitucional de garante en el de violador de la independencia judicial. Pero, ?cu¨¢l habr¨¢ de ser su cometido cuando son otros los que la comprometen? Lamenta la equivocidad de ciertos planteamientos. Y de verdad que son bien lamentables. ?Pero es eso contribuir a desvelarla? Rechaza en¨¦rgicamente toda actitud que dificulte el trabajo de los jueces y de los miembros de la seguridad del Estado. Pero, ?tendr¨ªa algo que decir en el supuesto hipot¨¦tico de que las dificultades para el trabajo de los primeros tuvieran su origen en el comportamiento de los segundos?

El Consejo act¨²a como si el asunto -que es claro que quema- no fuera con ¨¦l. ?Que el juez tiene problemas? Es cosa del juez. ?Que el Gobierno dice en las Cortes? Ser¨¢ cosa del Gobierno y de las Cortes.

La entra?a de la justicia

Pero lo que se ha dicho, lo que se ha hecho y no se ha hecho, es algo que interesa y afecta, desde luego, a la entra?a misma de la justicia. Y en una dimensi¨®n que excede de los l¨ªmites del supuesto concreto y de las posibilidades de actuaci¨®n en ¨¦l de la titular de la jurisdicci¨®n en este caso. Por, otra parte, la confusi¨®n y la desinformaci¨®n que se han creado demandan una labor urgente de clarificaci¨®n. Los poderes del Estado, hay que dar la raz¨®n al Consejo, es claro que se encuentran obligados a mantener una relaci¨®n de colaboraci¨®n. Pero ?puede ser ¨¦sta indiferente al hecho de que se respeten o no las reglas del juego? Y cuando no se respetan, ?es que la denuncia y el an¨¢lisis racional de un incumplimiento no son una forma constructiva de colaboraci¨®n?

Cuando se difunde la l¨®gica nefasta de que el desprecio de valores humanos fundamentales por parte de los terroristas debe llevar a quienes creemos en esos valores a ser menos exigentes en su defensa, seg¨²n las situaciones y los protagonistas; cuando se intoxica a la opini¨®n sugiriendo que el cumplimiento de ciertos deberes legales de los jueces milita no a favor, sino en contra, de la democracia; cuando se promueve el equ¨ªvoco acerca del papel de las garant¨ªas, ?no ser¨ªa razonable esperar del Consejo del Poder Judicial algo m¨¢s que una fuga en la sem¨¢ntica vac¨ªa de las declaraciones institucionales?

La actitud que denota la declaraci¨®n del Consejo que motiva estas l¨ªneas ha sugerido a alg¨²n comentarista la evocaci¨®n de Salom¨®n. No parece lo m¨¢s correcto, porque el rey b¨ªblico, en su famoso juicio, busc¨® la verdad real con medios at¨ªpicos de prueba, pero sin eludir en ning¨²n caso la responsabilidad de juzgar. S¨ª hubiera que buscar en la Biblia un punto de referencia para este caso, podr¨ªa encontr¨¢rsele en el Nuevo Testamento. En aquella escena de la Pasi¨®n en que Pilatos se lava las manos expresando simb¨®licamente as¨ª su voluntad de salir de una situaci¨®n comprometida por el camino m¨¢s f¨¢cil.