Amnist¨ªa internacional critica que la ley antiterrorista no cambie para evitar torturas
La tortura y malos tratos infligidos a los detenidos, en particular a los sometidos a r¨¦gimen de incomunicaci¨®n por aplicaci¨®n de la ley antiterrorista, fue la principal preocupaci¨®n de Amnist¨ªa Internacional (AI) respecto a Espa?a en 1985, como ya ocurri¨® en el informe referido a 1984. AI censura que el Gobierno no haya introducido en la ley antiterrorista las modificaciones que le recomend¨®; critica la regulaci¨®n legal de la objeci¨®n de conciencia y reprocha que el nuevo C¨®digo Penal Militar haya resucitado "para una amplia gama de delitos" la pena de muerte.
El informe de AI recuerda el Memorando relativo a las denuncias de torturas y malos tratos en Espa?a, remitido al presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, en mayo de 1984, as¨ª como la visita realizada, en octubre del mismo a?o, de dos miembros de la organizaci¨®n humanitaria al propio Gonz¨¢lez y a los ministros del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, y de Justicia, Fernando Ledesma.Igualmente, recuerda que el 3 de julio de 1985, el subdirector general de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores espa?ol declar¨®, a trav¨¦s de la BBC, que el Gobierno reconoc¨ªa que la legislaci¨®n relativa a la protecci¨®n de los detenidos era "perhaps ... not good enough" (tal vez insuficiente o, literalmente, "quiz¨¢s no lo bastante buena").
AI recuerda tambi¨¦n las recomendaciones que realiz¨®, una vez obtenida la respuesta gubernamental al memorando: "reducci¨®n del per¨ªodo en que pueda mantenerse detenida a una persona en aplicaci¨®n de la ley antiterrorista antes de ser presentada ante el juez; la mayor efectividad de la supervisi¨®n judicial; la mejora del acceso a la asistencia letrada; la eliminaci¨®n de las restricciones de procedimiento en el ejercicio del h¨¢beas corpus para los detenidos en aplicaci¨®n de la ley antiterrorista, y la puesta en pr¨¢ctica de instrucciones relativas al examen m¨¦dico regular de los detenidos".
Modificaciones legales
A continuaci¨®n de estos recordatorios, en el nuevo informe anual, Amnist¨ªa Internacional se?ala que "durante 1985 no se llev¨® a cabo ninguna modificaci¨®n legislativa o de procedimiento con respecto a dichas recomendaciones". (Tampoco durante los meses transcurridos de 1986 se han efectuado modificaciones legales del alcance recomendado por Al, mientras que, por el contrario, existen indicios de una pr¨®xima reforma de la legislaci¨®n en sentido contrario a la garant¨ªa de los derechos fundamentales.) El informe de Al recoge las gestiones realizadas en el caso de la desaparici¨®n de Mikel Zabalza y las respuestas del Gobierno. Tambi¨¦n registra la situaci¨®n de las causas judiciales contra guardias civiles acusados de torturas.Por lo que se refiere a la objeci¨®n de conciencia, Amnist¨ªa Internacional acogi¨® "con agrado" la nueva legislaci¨®n, "en tanto que se ampliaban las razones para objetar y se introduc¨ªa la estructura para una prestaci¨®n social sustitutoria fuera del control militar".
Sin embargo, contin¨²a el informe, "la organizaci¨®n se sinti¨® inquieta por varios motivos: la mayor duraci¨®n de la prestaci¨®n social sustitutoria establecida por la ley (lo que podr¨ªa conferirle car¨¢cter punitivo); la circunstancia de que los motivos pol¨ªticos no se mencionaran entre las razones v¨¢lidas para objetar, y la no admisi¨®n de solicitudes de los objetores de conciencia, una vez que se hubieran incorporado a filas".
En relaci¨®n con la pena de muerte "Amnist¨ªa Internacional consider¨® la proyectada reforma del C¨®digo Penal Militar como una oportunidad para conseguir la abolici¨®n total, pero ( ... ) en octubre [de 1985] se aprob¨® una nueva ley", dice el informe, "en la que se reten¨ªa el uso de la pena de muerte para una amplia gama de delitos enumerados en el C¨®digo Penal Militar".
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