Nicaragua y el derecho internacional

ESTADOS UNIDOS ha sufrido una derrota moral en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ha tenido que vetar una resoluci¨®n en la que se pide el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Internacional de Justicia el 27 de junio pasado, lo que significa exigir al Gobierno de Washington el cese inmediato de su apoyo a la guerrilla antisandinista. Ning¨²n otro miembro del consejo vot¨® contra la resoluci¨®n; hubo 11 votos a favor -entre ellos el de Espa?a- y tres abstenciones. Estados Unidos tiene poder de veto, y, por tanto, la resoluci¨®n no ha sido formalmente aprobada. Pero este veto norteamericano no es uno m¨¢s de los que se han producido en las discusiones de la ONU. El Gobierno de Reagan, al proclamar que no se siente obligado por una sentencia de La Haya, establece un precedente peligroso: si se acepta que una superpotencia puede actuar al margen del derecho internacional y de la Carta de la ONU, no puede negarse a la otra que haga lo mismo; de esta forma se vienen abajo los principales argumentos que EE UU utiliza en su permanente pol¨¦mica contra la URSS.Al mismo tiempo, hechos recientes demuestran que la Administraci¨®n de Reagan est¨¢ reforzando esa pol¨ªtica condenada por la sentencia de La Haya: a comienzos de octubre, el ciudadano norteamericano Eugene Hasenfus, ligado a la CIA en diversas ocasiones, fue hecho prisionero en territorio nicarag¨¹ense al ser derribado un avi¨®n que abastec¨ªa a la contra. Este hecho parece indicar una escalada hacia una participaci¨®n m¨¢s directa de ciudadanos de EE UU en el conflicto de Nicaragua. El Gobierno de Washington ha eludido su responsabilidad alegando que ignoraba todo de ese caso y que se trataba de una acci¨®n "privada". Pero la Prensa norteamericana ha explicado con datos que esas acciones privadas son organizadas por la CIA y aprobadas por la Casa Blanca. Por otra parte, es significativo que el Gobierno de EE UU no quiera saber nada de la suerte de Hasenfus, olvidando los elogios a los "combatientes de la libertad" de los discursos presidenciales. Est¨¢ claro que Reagan teme el impacto de este caso en la opini¨®n p¨²blica, porque una cosa es hablar en general de "ayuda a la contra" y otra muy distinta que un norteamericano aparezca complicado en una operaci¨®n de suministros militares, lo que hace surgir inevitablemente el fantasma de Vietnam.

El 28 de octubre, The New York Times informaba, paralelamente, que las autoridades de EE UU se dispon¨ªan a entrenar en territorio norteamericano a los mandos de la contra. Se est¨¢n buscando parajes aislados a fin de evitar reacciones de la poblaci¨®n. Ello revela que la contra no puede ser considerada como una oposici¨®n nacional que goza de cierta ayuda exterior, sino m¨¢s bien como una operaci¨®n exterior con apoyos dentro del pa¨ªs. Estados Unidos asume no ya s¨®lo su financiaci¨®n, sino la preparaci¨®n directa de sus cuadros de mando en territorio propio.

Pero el aspecto m¨¢s importante de esta decisi¨®n lo constituye el hecho de que haya sido consecuencia de la negativa de los Gobiernos de Honduras, Costa Rica y El Salvador a que ese entrenamiento de la contra se realice en sus territorios respectivos. A pesar de la par¨¢lisis que sufren los trabajos del Grupo de Contadora, el conjunto de los Gobiernos de Am¨¦rica Latina propugna soluciones de negociaci¨®n y de paz, lo que influye incluso sobre Gobiernos centroamericanos muy opuestos al sandinismo.

En esta coyuntura, Espa?a ha obrado con acierto al apoyar la resoluci¨®n exigiendo la aplicaci¨®n de la sentencia. Esta posici¨®n reforzar¨¢ el prestigio espa?ol en Am¨¦rica Latina. Diferenci¨¢ndose de las abstenciones francesa y brit¨¢nica, Espa?a ha definido una posici¨®n de principio a la que Europa no puede renunciar.