Los juicios sobre derechos humanos dividen a los radicales argentinos
La convenci¨®n nacional de la Uni¨®n C¨ªvica Radical, el partido en el poder en Argentina, orden¨® ayer, tras prolongadas y violentas discusiones, a todos sus representantes en el Parlamento que voten favorablemente la pol¨¦mica ley de punto final, que ser¨¢ debatida hoy en el Senado.Los dirigentes de la Juventud Radical -cuya fracci¨®n m¨¢s importante, Franja Morada, particip¨® el viernes en una manifestaci¨®n contra el proyecto- reiteraron su oposici¨®n y se presentaron en la Convenci¨®n con pancartas contra el punto final. El jefe del grupo de diputados radicales, C¨¦sar Jaroslavsky, uno de los dirigentes m¨¢s cercanos al presidente, Ra¨²l Alfons¨ªn, estuvo a punto de agredir a un participante de la convenci¨®n que expres¨® su repudio por la iniciativa.
El pol¨¦mico proyecto, por el que el presidente Ra¨²l Alfons¨ªn dijo que est¨¢ dispuesto a "pagar los costes pol¨ªticos que sean necesarios", limita a 60 d¨ªas el plazo para iniciar nuevos juicios contra los responsables de violaciones de los derechos humanos cometidas por el r¨¦gimen militar entre 1976 y 1982.
El ministro del Interior, Antonio Tr¨®ccoli, en declaraciones publicadas ayer por el diario argentino La Raz¨®n, neg¨® que el proyecto haya sido el resultado de la presi¨®n militar. "No hay ni hubo crisis alguna, ni siquiera malestar" en las Fuerzas Armadas a causa de los m¨²ltiples juicios contra militares acusados de abusos en la represi¨®n, dijo. "El Gobierno impulsa la extinci¨®n de causas porque es una injusticia mantener bajo sospecha y sin definici¨®n la situaci¨®n de muchos oficiales en activo", a?adi¨®.
El Gobierno tiene asegurada la aprobaci¨®n del proyecto en el Senado, de 46 miembros, con el voto de sus 18 representantes m¨¢s el de dos senadores peronistas disidentes y el de otros cinco de partidos provinciales. Sin embargo, no se descarta que algunos senadores radicales no asistan a la sesi¨®n de hoy, en una muestra de descontento.
Entretanto, para antes del mi¨¦rcoles, se espera el fallo del Tribunal Supremo sobre las apelaciones a las condenas impuestas a los nueve miembros de las juntas militares que gobernaron entre 1976 y 1982.
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