Corrupci¨®n en la justicia

LA CONCLUSI?N principal a que han llegado las recientes jornadas sobre disfunciones y corrupciones en la Administraci¨®n de justicia, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, es que la corrupci¨®n existe en este ¨¢mbito "en proporciones num¨¦ricas importantes". Sin duda, algunos pensar¨¢n que para ese viaje no se necesitaban alforjas, dada la evidencia de una situaci¨®n que ha venido siendo denunciada desde hace a?os desde las instancias sociales y desde los propios medios de comunicaci¨®n. Pero es un hecho positivo que al fin los profesionales que integran el mundo judicial se hayan decidido a reconocerlo p¨²blicamente. Un reconocimiento en el que se encuentra una mezcla de falso pudor y de autoprotecci¨®n corporativista, como lo demuestra el que el asunto fuera tratado a puerta cerrada.Por otra parte, el reconocimiento de que la corrupci¨®n es consustancial a la actual forma de administrar justicia en Espa?a constituye en s¨ª un pacto de justicia ante el clamor social generado en estos a?os contra estas pr¨¢cticas vergonzantes. Pr¨¢cticas que proyectan sobre la sociedad una imagen torva y deshumanizada de una instituci¨®n reverencial.

Pero de poco servir¨¢ reconocer el hecho, con lo positivo que ello tiene de por s¨ª, si no se descubren las causas que lo hacen posible y se ponen los medios necesarios para erradicarlo. Los participantes en las jornadas han convenido, en que la corrupci¨®n es la consecuencia principal de la ineficacia general de la Administraci¨®n de justicia y del incumplimiento de la ley por parte de quienes est¨¢n a su servicio. Y es aqu¨ª donde, junto a la responsabilidad concreta, insoslayable y en muchos supuestos criminal, de los funcionarios corruptos, aparece la responsabilidad de unos poderes p¨²blicos que no se deciden a terminar con el trato vejatorio con que los Presupuestos del Estado han tratado las necesidades de la justicia.

Es cierto que, en los ¨²ltimos a?os, diversas decisiones del Gobierno han ido encaminadas a eliminar corrupciones que gravaban injusta e il¨ªcitamente los bolsillos del justiciable. Por ejemplo, el cobro a cargo de este ¨²ltimo de las salidas de los agentes judiciales para citaciones o el recargo de las tasas judiciales mediante la presentaci¨®n de recibos por conceptos indeterminados o pura y simplemente inventados. Con la asunci¨®n clara por parte estatal de tales costos, o con la supresi¨®n de las tasas judiciales, parecer¨ªa que se ha atacado este tipo de pr¨¢cticas. Sin embargo, la experiencia dice que estas medidas bienintencionadas pero parciales pueden en un momento dado tapar un determinado foco de corrupci¨®n, pero no evitan que surja otro parecido en otro momento del proceso. Y es que la corrupci¨®n en la justicia est¨¢ inevitablemente unida a la desfasada estructura de la oficina judicial, a la pervivencia del procedimiento escrito en detrimento del oral, a la propia multiplicidad de procedimientos que obstaculizan la agilidad del proceso y, en general, a la gesti¨®n ca¨®tica que caracteriza hoy a los distintos servicios que configuran a la Administraci¨®n de justicia. Mientras los asuntos se acumulen en los juzgados o decisiones propias de los jueces sean adoptadas por otras personas seguir¨¢ existiendo el caldo de cultivo apropiado para las maniobras.

Por eso, su erradicaci¨®n exige medidas globales, y un buen punto de partida para ponerlas en marcha, es la ley org¨¢nica del Poder Judicial. Desgraciadamente, el desarrollo de esta ley se encuentra paralizado, sin que se haya dado oficialmente una explicaci¨®n de esta par¨¢lisis. As¨ª, proyectos de ley tan importantes para actualizar las normas procesales, como son los de lo Contencioso-Administrativo, de Enjuiciamiento Civil o de Procedimiento Laboral, o para modernizar la decimon¨®nica demarcaci¨®n judicial espa?ola, como el de Planta y Demarcaci¨®n, se encuentran apolillados en el despacho del ministro de Justicia.

No es serio, como ha hecho el Gobierno, hacer depender de esta futura ley, cuya entrada en vigor aparece tan lejana, la resoluci¨®n de una serie de necesidades urgentes que agobian a la Administraci¨®n de justicia y que, a juicio del Consejo General del Poder Judicial, deben afrontarse en 1987. Los males de la justicia espa?ola perviven a?o tras a?o, y a su calor cunde la cosecha de la corrupci¨®n.