Los padres de Yolanda Gonz¨¢lez acusan al juez de la fuga de Hell¨ªn

Eugenio Gonz¨¢lez y Lidia Mart¨ªn, padres de Yolanda Gonz¨¢lez, asesinada el 1 de febrero de 1980, han presentado querella criminal contra el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, Jos¨¦ Donato Andr¨¦s Sanz, por estimar que el permiso que concedi¨® a Emilio Hell¨ªn, condenado por dicho asesinato, facilit¨® su fuga. Seg¨²n explic¨® ayer el abogado Jos¨¦ Mariano Ben¨ªtez de Lugo, los delitos de que se acusa al juez Andr¨¦s Sanz son los de prevaricaci¨®n (dictar resoluci¨®n injusta), usurpaci¨®n de funciones, evasi¨®n de presos e infidelidad en su custodia.Lidia Mart¨ªn explic¨® que ella y su marido se encontraban "derrumbados" tras la actuaci¨®n judicial que hab¨ªa permitido la fuga del asesino de su hija. Entre las trabas para la interposici¨®n de la querella ante el pleno de la Audiencia de Valladolid, en funciones de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n, ha habido que recurrir a un procurador de oficio, porque ning¨²n procurador quiso hacerse cargo "por un temor reverencial hacia los jueces", seg¨²n la interpretaci¨®n de Ben¨ªtez de Lugo.

La querella interpuesta imputa al juez Andr¨¦s Sanz el delito de prevaricaci¨®n, por entender que tanto de su actuaci¨®n como de sus declaraciones posteriores se deduce que su resoluci¨®n fue injusta, a sabiendas o por negligencia inexcusable. Le acusa tambi¨¦n del delito de usurpaci¨®n de funciones, tipificado en el art¨ªculo 378 del C¨®digo Penal como el que comete "el juez que se arrogare atribuciones propias de las autoridades administrativas". El abogado Ben¨ªtez de Lugo explic¨® que la legislaci¨®n penitenciaria no permite autorizar permisos de salida a Ios reclusos contra el parecer de la junta de r¨¦gimen penitenciario.

Evasi¨®n de presos

Adem¨¢s de estos delitos, castigados con penas de inhabilitaci¨®n y suspension, los querellantes acusan al juez Andr¨¦s Sanz de otros delitos que podr¨ªan llevar a la c¨¢rcel al juez de vigilancia penitenciaria. Se trata del delito de infidelidad en la custodia de presos, que requiere la existencia de connivencia con el fugado, castigado con penas de hasta seis a?os de c¨¢rcel. Esta misma pena es la que corresponde a otro de los delitos que se imputan al juez: el consistente en facilitar la evasi¨®n de presos.El abogado de los querellantes expres¨® su sorpresa por las reacciones corporativistas en apoyo del juez Andr¨¦s Sanz. Ben¨ªtez de Lugo ha planteado la inconstitucionalidad sobrevenida del antejuicio, por considerar que este viejo privilegio, en virtud del cual es precisa la previa autorizaci¨®n del tribunal para proceder contra un juez o magistrado, ha sido derogado en la pr¨¢ctica por la Constituci¨®n.