Los 38 defensores protestan por la decisi¨®n d¨¦ comenzar los careos sin terminar la declaracion de los procesados

El tribunal del juicio sobre el s¨ªndrome t¨®xico ha elaborado una resoluci¨®n, comunicada ayer a la sala, en la que fija el comienzo de los careos para el momento en que concluya la declaraci¨®n del acusado Ram¨®n Alabart, almacenista tarraconense de aceites comestibles que compr¨® supuestamente la colza industrial a Enric Salom¨® para distribuirla hacia el consumo humano. Los 38 abogados de la defensa protestaron un¨¢nimemente esta decisi¨®n del tribunal, al entender que los careos deben producirse cuando terminen de declarar todos los procesados, de modo que esa prueba no influya en el resto de los testimonios. Los defensores aseguraron que se ve la "clara intencionalidad de dar por sentada la tesis acusatoria".

El presidente del tribunal, Jos¨¦ Antonio Jim¨¦nez Alfaro, de 56 a?os, ley¨® a las 9.30 de ayer, al comienzo de la sesi¨®n, el acuerdo del tribunal. El texto, de dos folios, fija los careos para "tan pronto termine el examen del procesado Ram¨®n Alabart". Este aceitero, de 43 a?os, amigo de Salom¨® y para quien el fiscal pide tambi¨¦n m¨¢s de 10.000 a?os de c¨¢rcel, comenz¨® a declarar ayer una vez que termin¨® el interrogatorio del industrial de Reus. Es previsible que su intervenci¨®n concluya el mi¨¦rcoles, por lo que en esa fecha comenzar¨ªan los careos.El tribunal ha dispuesto que el primero de ellos enfrente a Juan Miguel Bengoechea, copropietario de Rapsa, sociedad que import¨® la colza industrial, con Ram¨®n Ferrero, uno de los due?os de Raelca, empresa que compr¨® ese producto y lo distribuy¨® para el consumo humano. Los otros dos careos que se producir¨ªan a continuaci¨®n contar¨¢n con Bengoechea como una de las partes, y le enfrentar¨¢n respectivamente con el intermediario Jorge Pich y con el delegado de Rapsa en Madrid, Jos¨¦ Luis Garrote.

El acuerdo del tribunal incluye como segundo punto m¨¢s importante la ordenaci¨®n de las pr¨®ximas sesiones: el ritmo de las declaraciones de los procesados hace imposible cumplir la fecha prevista del 4 de mayo para el inicio del interrogatorio de los testigos; pero ha de mantenerse La del 29 de junio se?alada en la citaci¨®n de los peritos extranjeros, por razones obvias. Por tanto, el tribunal tiene intenci¨®n de que, antes de esa fecha, pasen por el estrado un grupo de 1.600 testigos (en total suman 2.500), a raz¨®n de 20 por d¨ªa, para lo que "ser¨¢n prolongados los horarios, e incluso aumentadas las sesiones" (hasta ahora s¨®lo se celebran los lunes martes y mi¨¦rcoles).

El referido grupo de testigos ser¨¢ el formado por los enfermos del s¨ªndrome t¨®xico y familiares de fallecidos. Con este calendario, no obstante, resulta imposible que declaren los 1.600 testigos se?alados, sino s¨®lo cerca de 400. El tribunal espera seguramente que los abogados defensores y acusadores, ante el peligro de que se ampl¨ªen a¨²n m¨¢s las sesiones (ya han protestado por ello), retiren una buena parte de los testigos propuestos, cuyas respuestas pueden resultar muy reiterativas.

Finalmente, y entre otras cuestiones, el tribunal requiere a Jorge Pich que presente los documentos a los que se hab¨ªa referido en su interrogatorio.

Las defensas solicitaron un descanso de 10 minutos para responder a la decisi¨®n de los tres magistrados. Tras ese plazo, el abogado Jose Mar¨ªa Serret, en nombre propio y de sus 37 compa?eros, expuso el desacuerdo con la inminencia de los careos.

Violaci¨®n constitucional

En su opini¨®n, el hecho de ordenarlos antes de terminar el interrogatorio de todos los procesados "viola los art¨ªculos correspondientes de la ley procesal, que es la que garantiza la defensa, y, por tanto, se violan los art¨ªculos 14 y 24 de la Constituci¨®n espa?ola". "Puesto que las declaraciones de otros inculpados pueden dar lugar a la petici¨®n de otros careos", a?adi¨® Serret, "entendemos que el fijarlos ahora puede mediatizar las respuestas de otros procesados, con clara intencionalidad de dar por sentada la tesis acusatoria". El letrado hizo constar que la protesta se elevaba a efectos de casaci¨®n (el recurso que presentar¨¢n, en su caso, ante el Supremo contra la sentencia de este juicio) y de amparo (recurso ante el Tribunal Constitucional por supuesta violaci¨®n de un derecho de la persona).

Asimismo, Serret expuso la oposici¨®n de los defensores a que se prolonguen las sesiones. Aleg¨® que muchos de los letrados defensores act¨²an de oficio o "en concepto de pobre", por lo que "la prolongaci¨®n producir¨ªa un grave perjuicio profesional e incidir¨ªa necesariamente en una indefensi¨®n pr¨¢ctica".