Desbarajuste judicial

LOS JUZGADOS civiles de Madrid se han convertido en estos d¨ªas en un punto negro en el ya oscuro pano rama de la Administraci¨®n de justicia espa?ola. Des de el pasado 18 de mayo, algunos de ellos se encuen tran cerrados y otros con su actividad semiparalizada por falta de funcionarios, y en Barcelona, los jueces han alertado sobre la probabilidad de que se repita lo ocurrido en Madrid. El efecto que esta situaci¨®n pro duce en el ciudadano obligado a acudir en estas circunstancias a los juzgados es desolador, y la experiencia que vive termina por agotar el ya escaso aprecio que, seg¨²n las encuestas, tiene por el funcionamiento de la Administraci¨®n judicial. El origen de este desbarajuste es la marcha masiva de ftincionarios que buscan en la reci¨¦n creada Oficina Central de Notificaciones el plus salarial que se les promete. La mencionada oficina centralizar¨¢ a partir de ahora las 200.000 diligencias anuales que realizan los 26 juzgados civiles de Madrid. La creaci¨®n de esta oficina ha sido bien acogida por todos los sectores del mundo judicial, pues viene a resolver la situaci¨®n de colapso en que se encontraban las citaciones judiciales desde hace casi dos a?os. El colapso se ha producido tambi¨¦n por la resistencia de los funcionarios a realizar esta tarea sin compensaci¨®n econ¨®mica alguna.Pero si la creaci¨®n de esta oficina ha sido elogiable desde todos los puntos de vista, su puesta en ftincionamiento no ha podido ser m¨¢s desgraciada. La falta de previsi¨®n o la dejadez de que han dado muestras en esta ocasi¨®n los gestores del Ministerio de Justicia son alarmantes, y llama la atenci¨®n que no hayan tomado todas las precauciones necesarias para evitar el presente desastre.

Una situaci¨®n como la producida en los juzgados madrile?os se vuelve muy principalmente contra la propia pol¨ªtica ministerial, que siempre ha puesto especial ¨¦nfasis en subrayar el car¨¢cter de servicio p¨²blico de lajusticia, frente al mayest¨¢tico y solemne papel casi sacerdotal que tradicionalmente ¨¦sta se ha arrogado.

Ahora parece que las vacantes dejadas en los juzgados van a ser cubiertas por interinos, pero la escasa capacidad t¨¦cnica de este personal hace aleatoria esta soluci¨®n. Por ello es muy probable que en los pr¨®ximos meses la acumulaci¨®n de asuntos civiles se agrave todav¨ªa m¨¢s en los juzgados de Madrid. Por otra parte, el car¨¢cter chapucero y tard¨ªo de la medida en nada va a ayudar a reparar el da?o infligido a la imagen de la justicia en un medio tan ampliamente concurrido como es el de los juzgados madrile?os de lo civil, en los que entraron en 1986 nada menos que 65.471 asuntos. Este episodio, adem¨¢s de hacer patente una injustificable falta de previsi¨®n, es un s¨ªntoma m¨¢s de los muchos que apuntan desde hace ya alg¨²n tiempo a una al menos aparente marcha atr¨¢s del Gobierno socialista respecto de sus iniciales prop¨®sitos de reforma de la Administraci¨®n de justicia. Uno de ellos fue su respuesta dilatoria al memor¨¢ndum que le remiti¨® el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre las necesidades m¨¢s urgentes de la Administraci¨®n de justicia.

Supeditar, como hace el Gobierno, la satisfacci¨®n de estas necesidades a la futura ley de Planta y Demarcaci¨®n, que ni siquiera existe en proyecto todav¨ªa, es incitar al escepticismo que est¨¢ en los famosos versos de Zorrilla: "Cu¨¢n largo me lo fiais". Pero la pasividad y la falta de iniciativas del Gobierno respecto de la marcha de la justicia se hacen m¨¢s patentes todav¨ªa con el par¨®n producido en el desarrollo de la ley org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), sin el cual esta ley, en vigor desde hace ya casi dos a?os, apenas sirve para nada.