Terrorismo de Estado

CAUSA HORROR la noticia de las 12 muertes perpetradas por la llamada Central Nacional de Informaciones (CNI), polic¨ªa pol¨ªtica de Pinochet, en diversas barriadas de Santiago de Chile. Las justificaciones oficiales no resisten un an¨¢lisis objetivo: decir que se han producido "enfrentamientos" cuando hay testigos presenciales de la alevos¨ªa con que se cometieron los homicidios, cuando no hay heridos entre las fuerzas de seguridad y cuando los terroristas -seg¨²n la versi¨®n oficial- estaban fuertemente armados es tan in congruente que casi equivale a una confesi¨®n de culpa. Ante una operaci¨®n de esta naturaleza huelga discutir si los muertos eran o no miembros de una organizaci¨®n guerrillera y si participaron en el- atentado del a?o pasado contra el general Pinochet. En cualquier pa¨ªs civilizado, a los delincuentes, a los asesinos incluso, se les detiene para llevarlos a los tribunales. No se les caza disparando sobre ellos cuando salen de sus casas.

Nos hallamos ante verdaderos cr¨ªmenes de Estado. La dictadura de Pinochet recurre a m¨¦todos brutales no s¨®lo en un intento de aterrorizar a la oposici¨®n, sino tambi¨¦n para paralizar los fermentos de divisi¨®n interna que han surgido en el propio sistema pol¨ªtico y militar.

Asesinar a miembros de la oposici¨®n no es algo desconocido en la trayectoria de la dictadura chilena. En 1983, cinco militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron muertos en Santiago, y en 1984 tambi¨¦n lo fueron, en condiciones semejantes, nueve presuntos miembros de la misma organizaci¨®n en diversas ciudades del pa¨ªs. En ambos casos se trat¨® de operaciones llevadas a cabo por la CNI. Hace un mes, el Gobierno anunci¨® que ¨¦sta ya no practicar¨ªa detenciones y que desaparecer¨ªan los centros de reclusi¨®n controlados por ella. Se interpret¨® esa medida como un paso hacia una mayor normalidad jur¨ªdica, acabando con las formas paraestatales de represi¨®n. Ahora resulta que, por el contrario, la CNI ha perpetrado una matanza de mayores proporciones que nunca.

En Chile, ning¨²n tribunal ha podido juzgar cr¨ªmenes de este g¨¦nero cometidos por los agentes del poder. Pero s¨ª ha podido hacerlo un tribunal de Washmgton en relaci¨®n con el asesinato, cometido en 1976 en dicha ciudad, de Orlando Letelier, antiguo ministro del presidente Allende. El tribunal ha condenado a varios militares chilenos, y en particular al ex general Manuel Contrera y al ex coronel Pedro Espinosa, que fueron, respectivamente, jefe y jefe de operaciones de los servicios especiales (DINA). Las reiteradas demandas de extradici¨®n que la justicia norteamericana realiza han sido rechazadas por la dictadura chilena, con lo que ¨¦sta ha aparecido claramente ante la opini¨®n p¨²blica mundial como protectora de unos militares convictos de asesinato y como la verdadera culpable del atentado que cost¨® la vida a Letelier. Este caso permite comprender hasta qu¨¦ punto el terrorismo de Estado ha desempe?ado un papel en los m¨¦todos de Pinochet.

En la actual coyuntura, cuando el dictador tropieza con serias dificultades, sobre todo en la Marina y la Aviaci¨®n, para que la Junta Militar apruebe su candidatura para el plebiscito previsto en 1989, la matanza que comentamos, disfrazada de "choques armados", tiene objetivos pol¨ªticos. Pinochet desea crear un clima de angustia para presionar sobre los jefes militares en el sentido de que su presencia al frente del Estado es imprescindible. Pero procedimientos tan odiosos y salvajes s¨®lo hablan de la bajeza moral del r¨¦gimen que los utiliza y de la sinraz¨®n de quienes lo representan. Se hace m¨¢s urgente encontrar formas que acorten la tragedia de Chile, que devuelvan al pa¨ªs su antigua dignidad y que impidan que el asesinato sea una forma de gobierno.