La polic¨ªa, al loro

DE TIEMPO en tiempo, quienes tienen la responsabilidad del orden p¨²blico en este pa¨ªs sorprenden a los ciudadanos con el montaje de llamativas operaciones especiales de dudosa legalidad y de resultado casi nulo respecto del objetivo de frenar la escalada de delincuencia callejera que se cierne sobre las grandes aglomeraciones urbanas. El paradigma m¨¢s reciente de esta forma de actuaci¨®n fue la llamada operaci¨®n Primavera, en la que no qued¨® claro si su finalidad fue realmente la de prevenir efizcamente la comisi¨®n de hechos delictivos o la puramente propagand¨ªstica de tranquilizar a la opini¨®n p¨²blica a trav¨¦s de su filmaci¨®n en directo por las c¨¢maras de Televisi¨®n Espa?ola.Ahora, los responsables del orden p¨²blico se han sacado de la manga otras operaciones de este tipo, como es la que se encubre bajo el nombre de operaci¨®n Loro. Si se trata de encontrar denominaciones originales, no cabe duda que hay que conceder una gran dosis de imaginaci¨®n a los responsables de la polic¨ªa espa?ola. Pero, desgraciadamente, los problemas que plantea el actual nivel de inseguridad ciudadana no se resuelven en absoluto con denominaciones m¨¢s o menos cosm¨¦ticas. Precisamente, su proliferaci¨®n y el evidente tratamiento propagand¨ªstico con se presentan ante la ciudadan¨ªa llevan a pensar que, en parte al menos, no son sino sustitutivos de la eficaz labor policial que se echa en falta no s¨®lo en la prevenci¨®n de las acciones delictivas, sino en el posterior descubrimiento de sus autores. No es un invento, sino una pura constaci¨®n de los hechos, el que la impunidad sea cada vez m¨¢s una de las causas que explican el incremento del tipo de delincuencia que m¨¢s alarma social produce, como son los asaltos callejeros con armas blancas y el peque?o tr¨¢fico de drogas.

Es evidente que el problema de la inseguridad ciudadana en las sociedades desarrolladas es sumamente complejo y de dif¨ªcil soluci¨®n. Es un asunto, adem¨¢s, que compete a todas las instituciones del Estado, sin que sea privativo de ninguna de ellas en particular. Pero con ser ello cierto, no lo es menos que es responsabilidad principal del Gobierno y de las fuerzas policiales que est¨¢n a sus ¨®rdenes. Trasladar las responsabilidades propias a los jueces, cuando no a las leyes o la supuesta falta de efectivos y medios, no es de recibo. Ni los jueces espa?oles son m¨¢s benignos que sus colegas de otros paises, ni las leyes penales espa?olas m¨¢s blandas, ni los efectivos policiales inferiores a lo que es la media en los pa¨ªses europeos. Pero aunque ello fuera verdad, no justificar¨ªa la insuficiente preparaci¨®n profesional de que dan muestra amplios contingentes policiales en las tareas de prevenci¨®n del delito en sociedades abiertas como la actual espa?ola. La consecuencia de ello es la impunidad no s¨®lo en la fase de investigaci¨®n policial del delito, sino tambi¨¦n en la judicial por la ausencia de pruebas.