Una pol¨¦mica muy poco cachonda

No hace falta giran esfuerzo investigador y anal¨ªtico para comprobar que la justicia como objetivo del que habla el pre¨¢mbulo de nuestra Constituci¨®n, o como valor superior del ordenamiento jur¨ªdico, seg¨²n propugna el art¨ªculo primero, que se llena de contenido en el posterior art¨ªculo noveno y que se concreta en la enunciaci¨®n de los derechos y libertades individuales y colectivas de los espa?oles, del t¨ªtulo II, est¨¢ a¨²n muy pero que muy lejos de regir nuestros comportamientos e inspirar nuestros actos c¨ªvicos, pol¨ªticos, sociales y culturales, para la consagraci¨®n del Estado social y democr¨¢tico de derecho en que esta comunidad, Espa?a, ha querido constituirse.La justicia, emanada del pueblo y administrada por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos ¨²nicamente al imperio de la ley, est¨¢ realmente golpeada y dolorida por las interpretaciones reduccionistas, cicateras, tecnocr¨¢ticas y recelosas que sufre diariamente.

Si nadie puede hoy poner en duda la independencia de jueces y magistrados o, lo que es lo mismo, del poder judicial, no s¨®lo se pone en duda, sino que se constata diariamente su falta de eficacia, no atribuible a quienes la administran, en su generalidad, dejadas de lado como lo que son, an¨¦cdotas, ciertas conductas que m¨¢s que hacer dudar de la independencia hacen dudar de la capacidad t¨¦cnica, del talante, de la laboriosidad, moderaci¨®n y serenidad exigible de los jueces y del com¨²n sentir o sentido com¨²n de que deben hacer gala. En estas an¨¦cdotas hay frecuentemente m¨¢s disparate que dependencia. y prevaricaci¨®n.

Pero se puede y debe ponerse en duda la consideraci¨®n pol¨ªtico-social del poder judicial, en el fundamental papel constitucional que le ha sido asignado, en relaci¨®n con los otros poderes del Estado. La suspicacia frente a su fortalecimiento aparece con cualquier pretexto y hace asomar la oreja de quienes para servir unos u otros fines desean una justicia descalificada y desprestigiada. Y lo logran plenamente.

Algunos todav¨ªa quieren dudar de la independencia del Consejo General del Poder Judicial exhibiendo argumentos que el tiempo ha dejado bien claro que carec¨ªan de base, y prefieren mantener viva una falsa pol¨¦mica porque as¨ª conviene a intereses pol¨ªticos bien definidos, de concretas posiciones partidistas. Est¨¢n en su derecho aunque no est¨¦n en la raz¨®n. Ser¨ªa preferible que todos discuti¨¦ramos seriamente sobre lo importante, la eficacia, la responsabilidad, la modernizaci¨®n y, lo que a¨²n es m¨¢s, la necesidad social y pol¨ªtica de una justicia de adecuaci¨®n constitucional que merezca tal nombre.

Un Estado democr¨¢tico y social de derecho no debe, pero se puede permitir deficiencias en muchas ¨¢reas de la vida ciudadana; nunca en el ¨¢rea de la justicia, porque esta ¨¢rea es precisamente la garant¨ªa final para la exigibilidad de la correcci¨®n de todas esas deficiencias, el l¨ªmite a la arbitrariedad o el abuso, la tutela efectiva de nuestros deberes y derechos, de nuestra democracia y libertad.

Si no se pasa el test de la justicia, los otros test de pretendido pa¨ªs desarrollado, t¨¦cnico econ¨®micos, que no sobran nunca, no son bastantes ni suficientes.

Este test hoy no lo soportamos. Y es l¨®gico que algunos quieran que nunca lo superemos.

El servicio p¨²blico de la justicia, entendido como la suficiencia de medios materiales y humanos puestos a disposici¨®n del poder judicial para que cumpla sus fines constitucionales, y concebido como la decidida acci¨®n de administraci¨®n racional de todo ello, al servicio del pueblo del que emana, para hacer realidad la tutela judicial efectiva, a la luz de la cotidianeidad, del caso a caso y del d¨ªa a d¨ªa, es todav¨ªa una proclamaci¨®n ret¨®rica.

Pues bien, en lugar de discutir, para hacer de verdad justicia, c¨®mo se reforman las leyes procesales, c¨®mo se hace realidad la participaci¨®n del pueblo, c¨®mo se racionaliza la oficina judicial y el lento trayecto de papeles en su seno, c¨®mo se garantiza al intervenci¨®n responsable de abogados, fiscales y dem¨¢s operadores de la justicia, con la mirada puesta en el servicio p¨²blico, en sus garant¨ªas, y c¨®mo se alcanza su eficiencia y calidad, c¨®mo se sensibiliza sobre su grave situaci¨®n a la sociedad, al poder ejecutivo y al legislativo, c¨®mo se hace realidad la a veces demasiado diluida responsabilidad del poder judicial ante ella, o c¨®mo est¨¢n las inhumanas c¨¢rceles, vamos a sacarnos de la manga una cachonda pol¨¦mica terminol¨®gica que oculte los hechos y los problemas reales, los desvirt¨²e, frivolice y contribuya m¨¢s a¨²n a la confusi¨®n reinante.

Hay que preguntarse sinceramente si queremos un buen servicio p¨²blico de la justicia, con lo que esto lleva aparejado para los grandes poderes econ¨®micos, para los profesionales del sectarismo pol¨ªtico, para los defensores de muy variados totalitarismos, para las conductas impunes de hecho por raz¨®n de la ineficacia del derecho; en suma, para la real protecci¨®n y aut¨¦ntica progresi¨®n de los derechos humanos en la forma y en el fondo.

La situaci¨®n de la justicia como valor objetivo de nuestro sistema pol¨ªtico, del poder judicial como administrador de ella, de la soberan¨ªa popular que a trav¨¦s de la misma se hace realidad, del eficaz funcionamiento del servicio p¨²blico como efectiva tutela, no es un cachondeo, es simplemente, hoy y aqu¨ª, una inocultable irresponsabilidad c¨ªvica, social, cultural y pol¨ªtica.

Cuando alquien dice que "la justicia es un cachondeo" es casi seguro que lo dice desde la rabia y el dolor que produce el comprobar que unos y otros se est¨¢n tomando a cachondeo la Constituci¨®n en pleno.