Ense?anzas del pasado

Cuando se conocen los datos de un 80% de los convenios firmados este a?o, es necesario recordar el marco en el que se ha desarrollado todo el proceso de negociaci¨®n, con la finalidad de valorar correctamente los resultados y tambi¨¦n sacar conclusiones sobre lo acontecido en este complejo proceso.En primer lugar, se trata de situar en sus justos t¨¦rminos los motivos por los que no fue posible alcanzar un acuerdo marco de referencia para este proceso, para, seguidamente, analizar los resultados finales conocidos.

Nos tenemos que remontar para ello al mes de septiembre de 1986, cuando el Gobierno llam¨® a los agentes sociales para preparar los Presupuestos Generales del Estado, en donde se fijaba una previsi¨®n de inflaci¨®n para 1987 del 4%.

Fue en ese momento cuando le planteamos al Gobierno que dicha previsi¨®n no era realista ni ajustada al necesario impulso econ¨®mico iniciado en el pa¨ªs, dado que, para conseguir una reducci¨®n de inflaci¨®n tan notoria, ser¨ªa necesario continuar con la pol¨ªtica monetarista y de ajuste duro mantenida en los ¨²ltimos a?os y con sus resultados de p¨¦rdida de poder adquisitivo e incremento del desempleo.

Ante este posicionamiento claro de UGT, el Gobierno fij¨® definitivamente la previsi¨®n de inflaci¨®n en un 5%, cifra m¨¢s realista y acorde con las pretensiones de nuestra organizaci¨®n.

El calor de la controversia

Posteriormente, al calor de la controversia surgida de la negociaci¨®n colectiva, se ha pretendido relacionar esta aportaci¨®n de UGT al cuadro macroecon¨®mico como una aceptaci¨®n impl¨ªcita de limitar el crecimiento de los salarios en la misma proporci¨®n, cuando la realidad es que la previsi¨®n de la inflaci¨®n se ha tomado siempre por esta organizaci¨®n, a la hora de definir su pol¨ªtica de negociaci¨®n colectiva, como una variable m¨¢s a tener en cuenta y sin primarla sobre otras consideraciones.

As¨ª, una vez que el Gobierno fij¨® el IPC previsto para este a?o, expresamos nuestra opini¨®n sobre la banda salarial, situando la inflaci¨®n prevista del 5% en su parte baja y el 7% en la parte alta.

Con esta medida, UGT garantizaba de nuevo su solidaridad con los planes econ¨®micos del Gobierno, ayudando a la contenci¨®n de la inflaci¨®n, de forma simult¨¢nea que a la recuperaci¨®n del poder adquisitivo de los trabajadores, que, en el peor de los casos y en los sectores m¨¢s retrasados, ver¨ªan al menos cubierto el objetivo de una subida salarial igual al incremento del IPC previsto.

Esta filosof¨ªa es necesaria porque nuestro pa¨ªs necesita de una pol¨ªtica de mayor crecimiento econ¨®mico y de una mejor redistribuci¨®n de la renta, no s¨®lo por los sacrificios salarias de a?os anteriores, sino tambi¨¦n porque la incidencia en la econom¨ªa espa?ola de factores como la bajada del d¨®lar, del petr¨®leo, etc¨¦tera, configuraban un marco econ¨®mico m¨¢s positivo, como lo demuestran los excedentes empresariales que se est¨¢n dando de manera sostenida.

Nos parec¨ªa justo reivindicar, ante esas variables, que cuando se empieza a salir, aunque sea tenuemente, de una situaci¨®n de crisis econ¨®mica, sean los sectores que m¨¢s han contribuido a superarla los primeros en recibir los beneficios que puedan producirse.

Un acuerdo sobre las bases enunciadas no fue posible porque esta filosof¨ªa de mantener cuando menos el poder adquisitivo, y para ello poner el IPC previsto en la parte baja de la banda, no fue asumida en su momento por el Ministerio de Econom¨ªa, que vuelve a propugnar un a?o m¨¢s situarlo en la parte media de la banda, esto es, entre el 4% y el 6%, argumentando para ello que no ser¨ªa posible controlar la inflaci¨®n si no se limitaban los incrementos salariales.

Adem¨¢s, a esta evidente discrepancia de criterios entre el Ministerio de Econom¨ªa y UGT se sum¨® la posici¨®n,que mantuvo la CEOE al centrar sus objetivos no tanto en los aspectos salariales, sino en una reducci¨®n de las cuotas a la Seguridad Social y en conseguir la flexibilidad laboral.

Dentro de este marco, los empresarios se encuentran con el apoyo inesperado de que no solamente pueden luchar por la rebaja de cuotas a la Seguridad Social y por la flexibilidad laboral, que es lo que m¨¢s les interesa, sino que en los temas salariales es el propio ministerio el que est¨¢ defendiendo una pol¨ªtica a la baja, con lo que cuentan con un aliado que no es suyo, pero que tiene un enorme peso, como es el propio Gobierno, y es entonces cuando comienzan las declaraciones de los responsables de la patronal CEOE sobre un pulso entre la familia socialista.

Es en ese contexto, cuando el acuerdo se hace inviable al no aceptar el ministerio la filosof¨ªa de renta de UGT y los empresarios insistir en sus pretensiones sobre cuotas de la Seguridad Social y flexibilidad, al mismo tiempo que se amparan en el paraguas del Gobierno en los temas salariales y, por tanto, UGT, vencidos ya los plazos para iniciar la negociaci¨®n colectiva, fija sus propias posiciones para la negociaci¨®n de los convenios en 1987.

Esta posici¨®n tuvo en cuenta las dificultades que se producen en la negociaci¨®n colectiva cuando no hay un marco de referencia y conquistas concretas, como cl¨¢usulas de revisi¨®n seg¨²n el IPC, y que son m¨¢s dif¨ªciles de conseguir al negociar por sectores y empresa a empresa, y fij¨® la defensa salarial en un 7% para el conjunto de los convenios.

El desarrollo posterior de los hechos ha puesto de manifiesto que la negociaci¨®n colectiva se est¨¢ situando dentro de los par¨¢metros defendidos por ?UGT, esto es, entre el 5%, y el 7%, y, seg¨²n las previsiones actuales, se situar¨¢ finalmente sobre el 6,8%, incluyendo a la empresa p¨²blica, a pesar de su dependencia del INI y, por tanto, del propio Gobierno.

Ganar o perder

La conclusi¨®n, por tanto, de esta realidad es que las tesis mantenidas por el sindicato se han impuesto con toda claridad ante las posiciones defendidas tanto por Econom¨ªa como por la CEOE. Este hecho tiene una importancia hist¨®rica, pues es la primera vez que en la nueva etapa democr¨¢tica se ha conseguido superar los topes salaria les dictados por un Gobierno. Recordar al respecto la ley dictada por Abril Martorell en su etapa de ministro de Econom¨ªa y la situaci¨®n, parecida a la actual, creada por Boyer en el a?o 1984.

La segunda conclusi¨®n es que estos incrementos salariales no est¨¢n impidiendo que el Gobierno controle la inflaci¨®n prevista en el 5%, imponi¨¦ndose, por tanto, la opini¨®n de UGT, cuando en su d¨ªa argument¨¢bamos que los Gobiernos tienen todos los mecanismos sobrados para controlar la inflaci¨®n por v¨ªas que no sean unicamente la contenci¨®n salarial.

Por consiguiente, el empecinamiento pol¨ªtico mantenido por el ministro de Econom¨ªa, que llev¨® a la imposibilidad de un acuerdo social, s¨®lo ha tenido factores negativos por los costes sociales que han tenido lugar. Entre los costes hay que citar como grave la p¨¦rdida del di¨¢logo social entre el Gobierno y los sindicatos, que ha inducido, a su vez, a un deterioro de las relaciones laborales entre los propios sindicatos y los empresarios, con todo lo que eso conlleva de negativo para el desarrollo arm¨®nico de las relaciones industriales de este pa¨ªs, que tanto trabajo hab¨ªa costado conseguir en los ¨²ltimos siete a?os. Este hecho ha derivado en una conflictividad traducida en jornadas laborales perdidas por conflictos de huelgas, que, han supuesto m¨¢s del doble, o cerca del triple, a la de a?os anteriores, con repercusiones negativas para la propia situaci¨®n econ¨®mica del mundo del trabajo y del pa¨ªs.

Estas derivaciones de la pol¨ªtica salarial del Ministerio de Econom¨ªa deber¨¢n ser analizadas en profundidad por el Gobierno para delimitar responsabilidades, que siempre es conveniente cuando se genera una situaci¨®n negativa para la econom¨ªa del pa¨ªs, para el desarrollo social del Estado y para los propios trabajadores.

En UGT queremos creer que esas responsabilidades se encuentran en Econom¨ªa. Y ya no se trata de pedir la dimisi¨®n de un ministro que a su vez hubiera evitado problemas, sino de pensar que hay que comenzar de nuevo a sentar las bases sociales adecuadas para negociar los Presupuestos de 1988, que condicionar¨¢n, a su vez, la concertaci¨®n, y esta tarea deben emprenderla las personas adecuadas despu¨¦s de reconocerse mutuamente la capacidad de interlocuci¨®n.

Por ¨²ltimo, se?alar que no han sido s¨®lo los trabajadores, sino el conjunto de la sociedad, la que ha respaldado las tesis que ha defendido UGT y que al final se han impuesto en este proceso. Esta constataci¨®n, unida a la demostraci¨®n de que sindicalmente hay capacidad para realizar an¨¢lisis econ¨®micos alternativos, es la que nos permite definir objetivos y calificar interlocutores, y viene a demostrar que no es posible realizar pol¨ªticas econ¨®micas sin el respaldo del sindicato.

El temor que actualmente manifestamos en UGT es que el proceso vivido no haya servido de ejemplo y se produzca un empecinamiento de la situaci¨®n en el pr¨®ximo per¨ªodo y con los mismos nombres, lo que signif¨ªcar¨ªa defraudar las expectativas del conjunto de los trabajadores y las secuelas de p¨¦rdida de credibilidad que ello conlleva.