Contra la impunidad

DIVERSAS RESOLUCIONES de los tribunales sobre actos delictivos de miembros de las fuerzas de seguridad -torturas, lesiones, escuchas ilegales y homicidio frustrado- han coincidido en unas fechas en que se asiste a una formidable presi¨®n, avalada o auspiciada por sectores del propio Gobierno, sobre los jueces que act¨²an en este tipo de casos. La tutela requerida por el presidente de la Audiencia de San Sebasti¨¢n al Consejo General del Poder Judicial, a fin de que dos de sus miembros estuvieran presentes en un juicio por torturas contra cinco guardias civiles, es una prueba de las dificultades que encuentran los jueces en el pleno ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.La minimizaci¨®n que desde sectores del Gobierno se ha pretendido de las acciones abusivas de las fuerzas de seguridad, reduci¨¦ndolas a la categor¨ªa de bofetadas cuando, en ocasiones, han llegado a arrebatar la vida de ciudadanos inocentes, renueva la tendencia, en ese sector del aparato del Estado, hacia el privilegio de la impunidad. Ahora es la embestida del terrorismo lo que se alega para exigir un trato privilegiado. Pero otras veces es el car¨¢cter de!una manifestaci¨®n o la inseguridad ciudadana. Argumentaciones que tratan de disolver las irregularidades e incluso las actuaciones delictivas como vinculadas a la exigible eficacia de la actuaci¨®n policial.

En un Estado de derecho no puede admitirse, bajo ning¨²n pretexto, la existencia de ¨¢reas de impunidad, y quienes m¨¢s obligados est¨¢n a que esto sea as¨ª son quienes est¨¢n al servicio directo del Estado. Grupos intocables en el pasado, como el de los propios jueces, han comenzado tambi¨¦n a ser responsables de sus actos ante la ley. Y lo mismo ha ocurrido con aquellos otros grupos a quienes el Estado tiene encomendadas la defensa del orden p¨²blico y la seguridad de los ciudadanos. La nota comunicada al Gobierno por el Consejo General del Poder Judicial es en todo coherente con esto. Y quiz¨¢ sea preciso a?adir la admiraci¨®n y el respeto que produce este tipo de declaraci¨®n encabezada por un hombre, Antonio Hern¨¢ndez Gil, que ha sido objetivo prioritario de los terroristas y al que pas¨® la muerte rozando en forma de cohete dirigido contra su coche. Alguien que ha sufrido tan de cerca el ataque terrorista y que tiene la dignidad moral y la entereza de anuno como para no dejarse llevar por el apasionamiento y defender a ultranza los fundamentos democr¨¢ticos y la concepci¨®n jur¨ªdica que demandan, merece el homenaje de la ciudadan¨ªa.

Con las resoluciones que acaban de dictar en un ¨¢mbito tan sensible como es el de la actuaci¨®n de las fuerzas de seguridad, los tribunales espa?oles han dado una prueba de su independencia frente al poder pol¨ªtico, algo tanto m¨¢s de alabar cuanto que se produce en momentos de agobio para su actuaci¨®n jurisdiccional. Quiz¨¢ los jueces espa?oles todav¨ªa no tienen conciencia clara del caracter p¨²blico del poder que les otorga la Constituci¨®n y su actuaci¨®n siga exageradamente anclada en los l¨ªmites de los casos concretos que se les plantean. En todo caso, este car¨¢cter nunca deber¨ªa obligarles, y nadie exig¨ªrselo, a avalar con su autoridad las ilegalidades que pretendan ampararse en la raz¨®n de Estado.