La polic¨ªa, todav¨ªa

LA FOTOGRAF?A de unos polic¨ªas realizando un encierro voluntario en un cuartel como medida de presi¨®n en favor de determinadas reivindicaciones profesionales no va a contribuir a mejorar la imagen p¨²blica proyectada por los cuerpos de seguridad. Especialmente cuando la fotograf¨ªa que reproduce la escena -en Basauri, en Zamora, en Barcelona o en San Sebasti¨¢n- se acompa?a con declaraciones en las que los agentes manifiestan, por ejemplo, que no quieren ser enviados al Pa¨ªs Vasco porque tienen miedo. O que se les encargan misiones, como la de custodiar traslados de presos, que no son de su espec¨ªfica incumbencia. Con mayor motivo si tales escenas aparecen junto a noticias que dan cuenta, por ejemplo, de la detenci¨®n de unos agentes acusados de realizar contrabando de tabaco, asaltar un establecimento comercial en Ir¨²n o colocar una bomba en un supermercado de Oyarzun al que hab¨ªan tratado de extorsionar para, al parecer, pagar deudas de juego.La polic¨ªa no tiene en Espa?a buena imagen, y negarlo de manera voluntarista no contribuir¨¢ a mejorarla. Sin duda influyen en ello razones de tipo hist¨®rico, en particular la destacada participaci¨®n en la represi¨®n de los dem¨®cratas que tuvieron durante el pasado r¨¦gimen las antiguas Fuerzas de Oeden P¨²blico (FOP), por m¨¢s que la mayor¨ªa de los actuales miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad se hayan incorporado al servicio con posterioridad a la instauraci¨®n de la democracia en nuestro pa¨ªs. Pero tambi¨¦n influyen en esa mala imagen comportamientos actuales que demuestran la pervivencia de restos de la tradici¨®n de arbitrariedad, corrupci¨®n e impericia que la caracterizaron durante tantos a?os. En pa¨ªses como el Reino Unido, los polic¨ªas gozan de una estimaci¨®n social que se manifiesta de m¨²ltiples formas en la vida cotidiana. Es evidente que una tradici¨®n de vinculaci¨®n democr¨¢tica no puede improvisarse en una d¨¦cada. Pero se hace preciso reconocer que si el retraso acumulado no se ha colmado, ello se debe, en parte al menos, al escaso celo puesto por los propio, polic¨ªas a la hora de acreditar una imagen diferente en sus relaciones con la poblaci¨®n civil.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se enfrentan en Espa?a a tareas muy complicadas, empezando por la de combatir el terrorismo, en la que cuentan con la comprensi¨®n y solidaridad de los ciudadanos. Pero basta tener que acudir a una comisar¨ªa con la intenci¨®n de presentar una denuncia por un robo cualquiera para que esa voluntad vacile. Todav¨ªa sigue siendo lo habitual recibir el trato que se dispensa a las visitas inoportunas.

La reforma policial ha avanzado en diversos terrenos, pero no ha conseguido todav¨ªa la plena asunci¨®n por parte de las fuerzas de seguridad de los valores consagrados por la Constituci¨®n: El reconocimiento de la libertad de sindicaci¨®n de los polic¨ªas, en la medida en que familiariz¨® a los agentes con los usos y costumbres democr¨¢ticos, contribuy¨® m¨¢s que cientos de exhortaciones a desarrollar en numerosos polic¨ªas h¨¢bitos m¨¢s pr¨®ximos a los de la sociedad circundante. Pero la falta de tradici¨®n propici¨® un sindicalismo ultimatista, m¨¢s inclinado al desaf¨ªo y el plante que a la negociaci¨®n. Las ¨²ltimas elecciones sindicales en la polic¨ªa pusieron de manifiesto una creciente madurez de los nuevos l¨ªderes sindicales, pero tambi¨¦n la existencia de importantes r¨¦moras. La sociedad atribuye a sus fuerzas de seguridad el monopolio del uso leg¨ªtimo de la violencia. A cambio les exige la renuncia a ciertos derechos reconocidos a otros ciudadanos. Lo que no resulta admisible es que quienes est¨¢n encargados de garantizar el orden p¨²blico en el marco de la ley puedan utilizar esa peculiar posici¨®n de depositarios de la fuerza leg¨ªtima para chantajear a la sociedad con acciones como los recientes encierros para forzar la aceptaci¨®n de sus reivindicaciones profesionales. Resulta inadmisible que unos agentes a los que se paga con cargo al presupuesto puedan negarse a desempe?ar determinadas misiones, como la custodia de edificios o el traslado de presos, cuando as¨ª lo exijan las necesidades del momento. Especialmente grave es que miembros de compa?¨ªas creadas para intervenciones en situaciones conflictivas, y que reciben salarios m¨¢s elevados por la movilidad a que esa funci¨®n les obliga, pretendan elegir el lugar de destino. Porque una cosa son eventuales abusos concretos que los mandos puedan realizar, cuyo marco de soluci¨®n se halla en el Consejo de la polic¨ªa, en el que est¨¢n representados los sindicatos policiales, y otra abusar de su posici¨®n en la sociedad para tratar de imponer por v¨ªa de hecho sus exigencias.