El debate sobre el federalismo

LA PRETENSI?N de los socialistas catalanes de que el 31? Congreso del PSOE se pronuncie por un desarrollo del Estado de las autonom¨ªas en un sentido federal, sin modificar la Constituci¨®n, pone sobre el tapete una de las cuestiones esenciales del desarrollo constitucional espa?ol: el perfil final del modelo de Estado alumbrado en 1978. Ese modelo es un h¨ªbrido at¨ªpico en el derecho comparado. No nos movemos ya en un Estado centralista, pero tampoco en uno federal, aunque tiene caracter¨ªsticas de ambos. Razones para emprender el debate que propone el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) sobre la conveniencia de la estructura federal no faltan desde el punto de vista constitucional o administrativo. Pero adem¨¢s, el PSOE tiene algunas razones propias para adentrarse en ¨¦l. Cuando los socialistas espa?oles accedieron al poder en 1982, su modelo del Estado auton¨®mico era el que se dise?¨® en la famosa ley Org¨¢nica de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico (LOAPA). Dicha ley, expresi¨®n de una mentalidad administrativista antes que pol¨ªtica, pretend¨ªa acabar con los conflictos competenciales atribuyendo prevalencia casi absoluta al poder central. Al ser declarada dicha ley parcialmente inconstitucional, se volvi¨® al criterio de otorgar protagonismo a la negociaci¨®n pol¨ªtica, manteni¨¦ndose el papel otorgado al Tribunal Constitucional, casi de tercera c¨¢mara, cuando los conflictos subsistieran. De paso, el PSOE se qued¨® hu¨¦rfano de modelo, sin que el vac¨ªo fuera colmado por nuevas iniciativas.

Algunos problemas originados por esta situaci¨®n llevan camino de eternizarse. Uno de ellos es la duplicaci¨®n de estructuras administrativas y su correspondiente despilfarro econ¨®mico, que sirve para alimentar nuestro preocupante d¨¦ficit presupuestario. El otro es la perpetuaci¨®n de una din¨¢mica de confrontaci¨®n pol¨ªtica entre fuerzas regionalistas o nacionalistas con el poder central, en la que constantemente se pone en cuesti¨®n la aceptaci¨®n del modelo, impidi¨¦ndole as¨ª asentarse, y se alimentan toda suerte de victimismos.

Los socialistas catalanes fueron los primeros en experimentar las consecuencias de esa din¨¢mica, cosechando reiteradas derrotas electorales frente al partido de Jordi Pujol, que comienza a tener disc¨ªpulos en otros territorios del Estado. El panorama refleja, a los ocho a?os de los primeros Gobiernos aut¨®nomos, y a cinco del Gobierno del PSOE, que los socialistas est¨¢n a la defensiva en materia de pol¨ªtica auton¨®mica y las fuerzas de la derecha se disponen a profundizar en la utilizaci¨®n de esta plataforma para minar la base electoral socialista.

Para cortar esta din¨¢mica s¨®lo existe un camino: acabar con las indefiniciones del modelo auton¨®mico. Los socialistas catalanes proponen objetivar al m¨¢ximo la determinaci¨®n de las competencias y los fondos de que dispone cada Administraci¨®n, de manera que ning¨²n partido o Gobierno aut¨®nomo pueda decir, como ahora se dice, que arranca nada al Estado, ni nadie pueda negar determinados recursos. Y que los Gobiernos aut¨®nomos dispongan de mecanismos efectivos de intervenci¨®n en lo que se denomina la formaci¨®n de la voluntad general del Estado.

Los planteamientos federalistas est¨¢n muy alejados de cualquier discusi¨®n esencialista o acad¨¦mica sobre soberan¨ªas. Pese a ser un debate eminentemente pol¨ªtico, derivado del pacto constitucional sobre la forma de Estado alcanzado en 1978, el objeto a discutir es una cuesti¨®n de t¨¦cnica constitucional. Dicho en otras palabras, los socialistas catalanes, que celebran su congreso el pr¨®ximo mes de diciembre, poco antes del congreso del PSOE, parecen dispuestos a decirles a sus correligionarios que no hay que dejar en manos del Tribunal Constitucional la determinaci¨®n de los perfiles del Estado auton¨®mico y que hay que tener una propuesta pol¨ªtica propia.

Otra cosa es si la Constituci¨®n permite estructurar un sistema federalista. El contenido que los socialistas catalanes adelantan en su propuesta parece asequible: delimitaci¨®n de ¨¢mbitos competenciales entre Estado y autonom¨ªas, competencia exclusiva de las comunidades en administraci¨®n local y autonom¨ªa financiera real para las autonom¨ªas. El principal obst¨¢culo constitucional radicar¨ªa en la reforma del Senado que se requiere para que las comunidades dispongan de un ¨¢mbito de participaci¨®n en las instituciones legislativas del Estado.