Otra ley contra la libertad

EL PROYECTO de ley de Ordenaci¨®n de Telecomunicaciones (LOT), que se discute ahora en las Cortes, constituye todo un monumento al intervencionismo estatal en el campo de la radiodifusi¨®n y a los deseos censorios en el terreno de la libertad de expresi¨®n.Con la LOT, Espa?a pretende incorporarse a la carrera de las nuevas tecnolog¨ªas de la comunicaci¨®n, cuando la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos ya se ha marcado desde hace a?os sus pol¨ªticas de utilizaci¨®n de las redes, tanto a trav¨¦s del aire o espectro radioel¨¦ctrico como por medio del hilo, mediante el cual se conseguir¨¢ la ¨²ltima conexi¨®n de la red digital de servicios integrados. Pero ni siquiera el "s¨ª con muchas reservas" concedido por la industria electr¨®nica ante lo que parece ser un proyecto de liberalizaci¨®n de terminales salva el car¨¢cter dirigista e intervencionista que rezuma la LOT, en la misma l¨ªnea de otros proyectos del Gobierno, como el de televisiones privadas.

Uno de los sectores m¨¢s expl¨ªcitamente ordenados por el proyecto es el de la gesti¨®n y explotaci¨®n de la radiodifusi¨®n. En Espa?a -a diferencia de muchos otros pa¨ªses europeos- coexisten desde hace m¨¢s de medio siglo potentes redes de radiodifusi¨®n privadas con otras p¨²blicas. Esa tradici¨®n de una radiodifusi¨®n privada s¨®lidamente asentada constituye una ventaja comparativa a la hora de garantizar la eficiencia del servicio y el ejercicio del derecho a la libertad de informar que la Constituci¨®n reconoce. Pero cuando por primera vez se quiere incorporar a una ley general de telecomunicaciones la utilizaci¨®n de las ondas, se dirigen los pasos en direcci¨®n opuesta a la que exist¨ªa hasta ahora, y opuesta tambi¨¦n a la que han emprendido legislaciones similares de otros pa¨ªses.

En el cap¨ªtulo de desprop¨®sitos, la LOT incorpora el principio de reserva p¨²blica (o concesi¨®n) general de las telecomunicaciones y se atribuyen ampl¨ªsimas facultades reglamentarias al Ejecutivo, aunque no concretadas en la ley. Todo eso conduce a la insuficiencia de garant¨ªas y a la falta de seguridad jur¨ªdica de quienes tengan una concesi¨®n o quieran solicitarla. El proyecto establece el pago de un canon "destinado a la protecci¨®n, ordenaci¨®n, gesti¨®n y control del espectro radioel¨¦ctrico". El sector privado de la radiodifusi¨®n financiar¨¢ as¨ª la labor de polic¨ªa de las ondas, con lo que se dar¨¢ la paradoja de que sean las emisoras legales y respetuosas con la normativa vigente quienes paguen el coste de la vigilancia y represi¨®n de emisoras ?legales o que se exceden en la utilizaci¨®n de frecuencias y potencias. Este canon producir¨¢ discriminaciones afladidas. La radiodifusi¨®n privada es el ¨²nico medio de comunicaci¨®n de masas que no recibe ayuda o subvenci¨®n alguna con cargo a los Presupuestos del Estado y, sin embargo, va a tener que sufragar unos servicios p¨²blicos.

El proyecto faculta al Gobierno para establecer la integraci¨®n de los centros emisores "en la red p¨²blica que se considere m¨¢s convenientC. La radiodifusi¨®n privada ha denunciado este punto como uno de los aspectos m¨¢s inaceptables de la ley, equivalente a pretender que todos los diarios de una determinada ciudad deban imprimir su producto en unos determinados talleres. Adem¨¢s del cuadro de sanciones, que resulta muy gravoso, y la exclusi¨®n de los extranjeros como posibles titulares o participantes en empresas concesionarias -cautela que no se considera en el caso de las televisiones privadas-, la LOT limita las concesiones en la misma banda y la concesi¨®n de las FM a cinco a?os. La puntilla del intervencionismo la pone el proyecto al introducir la autorizaci¨®n para el funcionamiento en cadena de las emisoras y al establecer la obligaci¨®n de las radios de difundir gratuitamente mensajes de las autoridades. Disposiciones como ¨¦sta nos conducen, por el t¨²nel del tiempo, a la ¨¦poca de los partes y las notas de obligada inserci¨®n.

Lejos de ordenar simplemente los requisitos t¨¦cnicos para que la utilizaci¨®n de las ondas no se convierta en un infierno de se?ales, el Gobierno ha querido con la LOT manifestar su ¨¢nimo represivo y cautelar sobre la libertad de expresi¨®n. Una agresi¨®n m¨¢s, y nuevamente gratuita, contra los medios de comunicaci¨®n.