Las bases fr¨ªas

Desde el a?o 1953, Espa?a y EE UU se plantean las formas m¨¢s adecuadas para proseguir sus relaciones militares, dentro de una ¨®ptica bilateral muy peculiar. El s¨¢bado se inicia el plazo de seis meses para llegar a un acuerdo sobre la renovaci¨®n, pero ya el Gobierno espa?ol ha comunicado al norteamericano que no quiere la pr¨®rroga autom¨¢tica. El autor explica el panorama de la negociaci¨®n.

No es necesario recordar el n¨²cleo de circunstancias que, en el lejano 1953, propici¨® la entrada del general Franco en el juego estrat¨¦gico de la guerra fr¨ªa, ni tampoco el impulso nacionalista del ministro Castilla que provoc¨® su defenestraci¨®n. En el mes de enero de 1976, las circunstancias eran muy otras: el tratado logrado por el ministro Areilza era m¨¢s el respaldo a una operaci¨®n -interior, el apoyo a una salida democr¨¢tica a la dictadura reci¨¦n desaparecida, que una simple renovaci¨®n de los anteriores convenios; aunque, en su contenido concreto, no fuese m¨¢s que una continuaci¨®n del modelo convencional franquista, salvo la salida de los submarinos nucleares de la base de Rota, que, por lo dem¨¢s, hab¨ªan devenido obsoletos.La consolidaci¨®n del sistema democr¨¢tico deber¨ªa haber planteado nuestras relaciones con Washington de forma sensiblemente distinta; lamentablemente, no fue as¨ª. En julio de 1982, el Gobierno de Calvo Sotelo firmaba un nuevo Convenio de Amistad, Defensa y Cooperaci¨®n, que no variaba sensiblemente el contenido de los anteriores: se manten¨ªan intactas las cuatro bases militares, am¨¦n de las numerosas instalaciones de apoyo, que, en su conjunto, aparte una hipot¨¦tica defensa conjunta, se pon¨ªan al servicio de los objetivos superiores de la Alianza Atl¨¢ntica; conjunto pertrechado con una dotaci¨®n de 12 militares norteamericanos. Destaca, en el material anexo, la prohibici¨®n del "sobrevuelo de Espa?a por aeronaves con armamento y material nuclear a bordo", aunque no se dice otro tanto de los buques dotados de propulsi¨®n nuclear o con armamento de este tipo. L¨®gicamente, el convenio y sus anexos documentales han de ponerse en relaci¨®n, no s¨®lo por su contenido, sino tambi¨¦n por las escasas fechas que separaron a un texto de otro, con la adhesi¨®n de Espa?a al Tratado del Atl¨¢ntico Norte, realizada el 29 de mayo de 1982. Para nadie es un secreto que se trataba de una carrera contra los resultados electorales que ya se presagiaban para el oto?o de 1982. El convenio de UCD ser¨ªa ratificado por unas C¨¢maras de mayor¨ªa socialista, junto con un protocolo a?adido, que entrar¨ªa en vigor en la misma fecha, el 14 de mayo de 1983, y que en la actualidad ha cobrado toda relevancia. Se trata de un texto muy breve en los que se vincula y hace depender el futuro de la relaci¨®n bilateral hispanoestadounidense con el grado de compromiso alcanzado por Espa?a con la OTAN.

A partir de estas fechas, se abre un nuevo per¨ªodo de vigencia del convenio que en mayo de 1988 llegar¨¢ a su fin. En este per¨ªodo ha sobrevenido un hecho de importancia fundamental: la aprobaci¨®n en refer¨¦ndum de la permanencia de Espa?a en la Alianza Atl¨¢ntica, pero matizada con tres condiciones espec¨ªficas. Ser¨ªa absurdo reabrir la pol¨¦mica acerca de la entidad del compromiso adquirido por el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez con la opini¨®n popular; sena improcedente se?alar que las obligaciones morales est¨¢n por encima de los recovecos jur¨ªdicos. Lo importante es subrayar que las tres condiciones que propiciaron el s¨ª a¨²n est¨¢n por realizar. Se mantiene la indefinici¨®n con respecto a la estructura militar de la Alianza Atl¨¢ntica; la adhesi¨®n al TNP es un paso importante, pero no suficiente, ya que la no desnuclearizaci¨®n del territorio espa?ol tambi¨¦n concierne al tr¨¢nsido de armas nucleares por nuestro territorio, y, en ¨²ltimo lugar, ahora llega la hora de honrar el tercer compromiso: "La reducci¨®n progresiva de la presencia militar de Estados Unidos en Espa?a". Se plantea en el momento oportuno y en la situaci¨®n correcta.

Cumplir el refer¨¦ndum

Nadie pone en tela de juicio los resultados del refer¨¦ndum; se exige, simplemente, su cumplimiento. Ahora reverdece el tema de las bases americanas, aunque se titulen de utilizaci¨®n conjunta. Casi podr¨ªa decirse que la ausencia de conciencia atlantista incrementa las dosis de antiamericanismo en la opini¨®n. Las bases nunca fueron populares en Espa?a; ni bajo el franquismo, ni con la democracia. La anunciada reducci¨®n de la presencia extranjera es hoy d¨ªa un clamor nacional. La pertenencia de Espa?a a la Alianza Atl¨¢ntica permite suponer que ser¨ªa correcto modificar la relaci¨®n bilateral que cubr¨ªa una carencia mediterr¨¢nea en la estrategia norteamericana; aunque alguien recuerde que hay otros pa¨ªses europeos con un doble compromiso an¨¢logo; pero se trata de situaciones que se produjeron en coordenadas pol¨ªticas y en coyunturas espec¨ªficas muy distintas de las actuales.La rigidez de Washington a lo largo de las negociaciones, para su posible modificaci¨®n o revisi¨®n, nos emplazan, al no operar ya la pr¨®rroga autom¨¢tica, ante un apretado per¨ªodo de seis meses, hasta mayo de 1988, en el que forzosamente habr¨¢ que contar con el texto de un convenio diferente, si es que ambos pa¨ªses aspiran a continuar sus relaciones defensivas militares.

Posiblemente, la clave de la cuesti¨®n, como en toda negociaci¨®n, consista en el valor que cada una de las partes otorgue al refer¨¦ndum celebrado en 1986 en Espa?a. Al margen de la opini¨®n de Washington, para el Gobierno espa?ol es un severo compromiso contra¨ªdo con su pueblo y, en ¨²ltima instancia, afecta a tema tan esencial como es el de nuestra propia soberan¨ªa nacional. Cuesti¨®n colateral es el saber qu¨¦ debe entenderse por reducci¨®n progresiva; resulta evidente, por su propio enunciado, que no se trata de una eliminaci¨®n total e inmediata de la presencia militar norteamericana; aunque la idea de progreso. deba ser la de un proceso en marcha hacia una meta concreta. Todo parece apuntar a la aplicaci¨®n de una estrategia por etapas, habi¨¦ndose centrado la negociaci¨®n hasta ahora en la retirada de todos los F-16 de Torrej¨®n, as¨ª como la de los aviones nodriza con base en Zaragoza. No es cre¨ªble que ninguno de estos grupos de aeronaves cumplan funciones de defensa conjunta y, a¨²n menos, del territorio espa?ol. Alg¨²n que otro incidente en el Mediterr¨¢neo y en el Oriente Pr¨®ximo avalan la hip¨®tesis anterior. En otras palabras, su retirada no es una pretensi¨®n desmedida.

En consecuencia, es correcto. suponer que tal propuesta estar¨¢ nuevamente sobre la mesa de negociaciones en los pr¨®ximos seis meses, a los que incluso podr¨ªa sumarse la reducci¨®n de la base de Torrej¨®n. Alcanzar estos logros ser¨ªa una reducci¨®n progresiva de la presencia extranjera en territorio espa?ol. Ciertamente, no lo deseable; pero quiz¨¢ s¨ª lo posible, aqu¨ª y ahora.

Por ¨²ltimo, hay otros datos que no pueden minusvalorarse. La posici¨®n actual de Espa?a en el escenario internacional es sensiblemente mejor que la vivida en la primavera de 1982. Miembro de la Comunidad Europea y de la Alianza Atl¨¢ntica, no puede seguir recibiendo de Washington el mismo trato que cuando era una dictadura autoritaria, reliquia del fascismo derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Espa?a es, tiene que ser, un aliado entre iguales. Tampoco es un dato menor el clima de distensi¨®n alcanzado en Europa con el di¨¢logo' Reagan-Gorbachov. La desnuclearizaci¨®n que se inicia en Europa no puede interpretarse por EE UU, ni aceptado por Espa?a, como un obligatorio reforzamiento convencional en el que Espa?a desempe?ase nuevamente la tarea menesterosa de retaguardia del hegem¨®n occidental.

Todo apunta, en consecuencia, a un convenio bilateral que nada tenga que' ver con los concluidos desde 1953. Es decir, que, por vez primera, sea beneficioso para ambas partes, sin ning¨²n g¨¦nero de tratamiento discriminatorio; en el que, por lo dem¨¢s, la reducci¨®n progresiva sea un hecho inequ¨ªvoco y papable. De no reunir estas caracter¨ªsticas el futuro convenio, habr¨¢ llegado el momento de plantearse una cuesti¨®n mucho m¨¢s trascendental: el inter¨¦s que para Espa?a y para los espa?oles tiene el mantenimiento de una relaci¨®n desigual que pertenece al pasado. La defensa colectiva de Europa no pasa necesariamente por el dictado de Washington; m¨¢xime cuando el Gobierno socialista se ha pronunciado por la opci¨®n europe¨ªsta.