El juez Lawrence Walsh prepara el procesamiento de los principales implicados en el 'Irangate'

La sentencia pol¨ªtica del Irangate ya ha sido dicitada, pero falta la criminal, que un juez de 75 a?os, Lawrence Walsh, tratar¨¢ de obtener aunque sea meses o incluso a?os despu¨¦s de que Reagan haya abandonado la presidencia. Sin dejarse influir por el devastador cuadro de desd¨¦n por la ley con el que operaba la Administraci¨®n, Walsh y un equipo de 23 abogados y 35 agentes del FBI trabajan para dictar procesamientos contra los principales fontaneros del esc¨¢ndalo a comienzos del a?o pr¨®ximo.

Oliver North, John Poindexter, Richard Secord y Albert Hakim est¨ªn, en principio, en el punto de mira de este juez incorruptible, que, al final de su carrera profesional, est¨¢ dispuesto a atar los cabos sueltos que ha dejado el informe del Congreso. "No se interrumpiran investigaci¨®n del juez especial y el imperio de la ley ser¨¢ reivindicado", ha prometido Walsh, que est¨¢ barajando la posibilidad de basar sus acusaciones en conspiraci¨®n, obstrucci¨®n de la justicia y uso indebido de fondos p¨²blicos.El silencio y la afirmaci¨®n de que, "no hay nada nuevo en el informe, que s¨®lo contiene opiniones subjetivas", continu¨® siendo ayer la respuesta de Ronald Reagan a los abrumadores cargos de negligencia constitucional y de m¨¢xima responsabilidad hist¨®rica que el informe del Congreso sit¨²a sobre sus hombros. En su primera aparici¨®n p¨²blica tras la publicaci¨®n del documento, que sus allegados comentan que ni siquiera leer¨¢, Reagan no mencion¨® ayer para nada el asunto.

La impresi¨®n generalizada en Washington es que el Irangate ha da?ado irreparablemente -no ahora, sino cuando estall¨® y duralte las investigaciones- el liderazgo de Reagan, comprometiciendo la visi¨®n hist¨®rica que los norteamericanos guardar¨¢n del presidente m¨¢s popular de los ¨²ltimos tiempos. Aunque su ¨ªndice de popularidad ha subido hasta un 50%, est¨¢ a¨²n 17 puntos por debajo de la cota alcanzada antes de destaparse el esc¨¢ndalo.

Los ¨²ltimos acontecimientos -la crisis de las bolsas, la p¨¦rdida del control sobre el proceso de Centroam¨¦rica, los compromisos a que se ve obligado con el Congreso para recortar su presuptiesto de Defensa, limitando los experimentos de la guerra de las galaxias, y posiblemente para subir impuestos-, confirman el decive de una presidencia que espera ser salvada, fundamentalmente, por el abrazo de Mijail G¨®rbachov.

Concluida la fase pol¨ªtica del Irangate, los eventuales juicios pueden tardar a?os en comenar, ya que los acusados intentar¨¢n retrasar el proceso con maniobras legales, ampar¨¢ndose en que Walsh no puede utilizar como prueba nada que los principales actores del Irangate hayan declarado ante el Congreso protegidos por la inmunidad limitada.

Solicitud de perd¨®n

La extrema derecha ya est¨¢ pidiendo a Reagan que perdone a sus leales si son procesados, y a Walsh, que abandone -por falta de pruebas concluyentes- su investigaci¨®n. El juez especial y su equipo no ven la televisi¨®n y no pueden leer el informe final de las comisiones parlamentarias, y s¨®lo podr¨¢n utilizar una versi¨®n depurada del documento con los datos derivados de declaraciones prestadas sin la promesa de inmunidad.Es un aut¨¦ntico reto legal el lograr procesamientos en estas condiciones -en el Watergate, ning¨²n personaje que se protegi¨® con la inmunidad y se declar¨® inocente pudo ser procesado-,

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estudia, tambi¨¦n las posibilidades legales ofrecidas por el informe del Congreso, adem¨¢s de la teor¨ªa de la conspiraci¨®n, para basar sus acusaciones. El documento establece que los hombres del, presidente. en la conducci¨®n del doble desastre de pol¨ªtica exterior -Ir¨¢n y contra- violaron ¨¢l menos seis leyes.

En esa lista de infracciones legislativas figuran el esp¨ªritu y la letra de la enmienda Boland, por la que el Congreso prohibi¨® el empleo de fondos federales para derrocar a los sandinistas; la ley que proh¨ªbe el uso de fondos que el Congreso no haya votado; la ley de Seguridad Nacional y de, Control de Exportaci¨®n de Armas, que requieren que el Congreso sea, informado de las operaciones encubiertas; las leyes que proh¨ªben, aunque no se preste bajo juramento, dar falso testimonio ante el Congreso; la ley que proh¨ªbe alterar o destruir documentos de la Casa Blanca; la utilizaci¨®n de los beneficios de La venta de armas a Ir¨¢n para ayudar a la contra equivale a aprepiaci¨®n indebida de fondos p¨²blicos.