Vaya sonrojo

EL C?MULO de desprop¨®sitos que constituye el caso Bardellino ha alcanzado una cumbre insuperable con la decisi¨®n del Supremo de mantener la expulsi¨®n de la carrera del magistrado que presion¨® a un colega para que pusiera en libertad provisional al mafioso, al tiempo que deja sin efecto id¨¦ntica sanci¨®n impuesta a este otro juez que se dej¨® presionar.Pero se trata de una escalada de disparates que no comenz¨® ayer. Los hechos no s¨®lo son conocidos, sino que figuran en el sumario correspondiente, y en su existencia se apoyaron dos de los jueces que en primera instancia juzgaron el comportamiento de Var¨®n Cobos y Rodr¨ªguez Hermida para disentir de la sentencia absolutoria. Esos dos jueces llamaban la atenci¨®n sobre el hecho' de que la sentencia pasase por alto datos como el pago de cinco millones de pesetas, por su gesti¨®n, a la amiga del juez que presion¨® al otro, o la consideraci¨®n como "sumamente peligroso" de Bardellino en las fichas de la Interpol, lo que hubiera debido impedir la concesi¨®n de la libertad provisional a alguien cuya extradici¨®n hab¨ªa sido solicitada por las autoridades italianas. El expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial abunda en detalles transparentes sobre la naturaleza de los hechos, que en realidad no han sido cuestionados por ninguna de las sentencias sucesivas. Y al margen de m¨¢s afinadas calificaciones jur¨ªdicas, ninguna duda cabe sobre la calificaci¨®n que esos hechos merecen como ejemplo supremo de corrupci¨®n.

?D¨®nde reside entonces el problema? En que, a la hora de la calificaci¨®n del presunto delito cometido por Hermida y Var¨®n, el ministerio fiscal renunci¨® a la

v¨ªa que hubiera aconsejado el sentido com¨²n, la del cohecho, prefuiendo presentar los hechos como un caso de prevaricaci¨®n (dictar a sabiendas resoluci¨®n injusta). Tal vez tambi¨¦n hubo prevaricaci¨®n, pero ello resulta m¨¢s dif¨ªcil de probar, dado que se entrar¨ªa en un terreno subjetivo. El de deslindar una actuaci¨®n de mala fe de una simple incompetencia. La existencia de un posible cohecho hubiera permitido concluir que adem¨¢s exist¨ªa mala fe en la actuaci¨®n. En resumen, a quienes exculparon de prevaricaci¨®n a Var¨®n y Hermida se lo puso demasiado f¨¢cil el fiscal.El Consejo General del Poder Judicial recurri¨® al ¨²nico camino que esa exculpaci¨®n por, la v¨ªa penal le hab¨ªa dejado para evitar que al esc¨¢ndalo se a?adiera la impunidad: la de la sanci¨®n disciplinaria. Considerando que los hechos encajaban, en los supuestos del art¨ªculo 417 de la ley del Poder Judicial (que habla de intromisiones o presiones de un juez sobre otro, lo que constituir¨ªa una falta muy grave, sancionable con la expulsi¨®n), el consejo separ¨® a los dos implicados de la carrera judicial. El sistema deja abierta la posibilidad de un recurso ulterior ante el Tribunal Supremo, cuyos miembros est¨¢n, sin embargo, bajo la potestad disciplinaria del consejo. Los sancionados hicieron uso de esa posibilidad, con el resultado que se ha visto.

Un resultado sorprendente seg¨²n la l¨®gica, disciplina que, por cierto, tiene muy poco que ver con la jurisprudencia a la que nos tiene acostumbrados el alto tribunal. Porque la salo m¨¢nica decisi¨®n de admitir lo ajustado de la sanci¨®n en el caso de Hermida, pero rechazarla en el de? otro, obedece quiz¨¢ a las leyes del malabarismo, pero muy poco a las de la raz¨®n. O no hubo presi¨®n -y, por tanto, tampoco Hermida debe ser sancionado- o s¨ª la hubo -y alguien desempe?¨® el papel de persona que se deja presionar, que no resiste esa presi¨®n y toma las iniciativas que le son sugeridas-. Y la naturaleza de esas iniciativas no es ning¨²n secreto: "Indicar al se?or Rodr¨ªguez Hermida la forma en que deb¨ªa presentarse la petici¨®n de fibertad provisional de Bardellino con objeto de acceder a la misma", seg¨²n consta en el expediente disciplinario del Consejo General del Poder Judicial.

El alcalde de Jerez se permiti¨® decir un d¨ªa que la justicia en este pa¨ªs es un cachondeo y hubo un revuelo de togas y pu?etas muy considerable. Lajusticia, quiz¨¢ no, pero algunas sentencias mover¨ªan a carcajada si con ellas no se ofendiera el buen nombre que la justicia misma merece. Y si los se?ores magistrados del Supremo no se sonrojan de tener a Var¨®n Cobos como compa?ero, los ciudadanos tienen derecho a hacerlo.