Muerte en Colombia
EL ASESINATO del procurador general de Colombia, Carlos Mauro Hoyos, es el ¨²ltimo episodio, por ahora, de la guerra total del narcotr¨¢fico contra las personas que siguen fieles a la democracia y al Estado de derecho. Pocos d¨ªas antes hab¨ªa tenido lugar el secuestro del brillante candidato conservador a la alcald¨ªa de Bogot¨¢, Andr¨¦s Pastrana. Esa trama negra dedicada al crimen es -como reconoc¨ªa recientemente el ex presidente Belisario Betancur- "una organizaci¨®n m¨¢s fuerte que el Estado". En 1987 se calcula que han sido cometidos m¨¢s de 2.000 asesinatos contra dirigentes sindicales, funcionarios y pol¨ªticos que no se dejan corromper, periodistas, profesores, magistrados. Una de las razones del tr¨¢gico incremento en este per¨ªodo de los asesinatos pol¨ªticos es la celebraci¨®n, el pr¨®ximo 13 de marzo, de las primeras elecciones democr¨¢ticas de alcaldes, que podr¨ªan acabar con el dominio del caciquismo en la vida local. Los que quieren acabar con la ley y la democracia hacen todo para impedir esas elecciones, sembrando el miedo y causando la muerte de muchos candidatos. A pesar de este chantaje sangriento, los partidos pol¨ªticos colombianos parecen resueltos a realizar las elecciones. Es una prueba de fuerza que necesitan ganar para frenar la marea de ?legalidades y cr¨ªmenes.Conviene recordar, ante el asesinato del procurador Hoyos, que era odiado no s¨®lo por los traficantes, sino por los militares. Hab¨ªa destituido a un militar y colocado en su lugar a un fiscal civil para investigar casos de complicidad del Ej¨¦rcito con los cr¨ªmenes del narcotr¨¢fico. Pero jam¨¢s este tipo de investigaciones ha tenido el respaldo necesario por parte del Gobierno, y los cr¨ªmenes permanecen impunes.
Sin embargo, los grandes jefes del tr¨¢fico de droga, principalmente el c¨¢rtel de Medell¨ªn, son sobradamente conocidos. Tienen en jaque al Estado casi a cara descubierta. Un caso t¨ªpico es el de Jorge Ochoa, uno de los principales traficantes de droga del mundo. Caso en el que la justicia espa?ola tiene una responsabilidad seria: detenido en Espa?a, una primera sentencia decidi¨® su extradici¨®n a EE UU, cuya justicia le reclamaba con grav¨ªsimas acusaciones. Sin embargo, esa sentencia -despu¨¦s de una serie de avatares procesales- fue revocada por el Tribunal Supremo, que decidi¨® su extradici¨®n a Colombia. Para Ochoa, ir a su pa¨ªs, incluso preso, significaba recuperar pronto la libertad y la posibilidad de reemprender su actividad, como as¨ª ocurri¨®. Hicimos un flaco servicio a Colombia y la mafia de la droga se benefici¨® de la decisi¨®n.
Un argumento falsamente progresista -y que en el caso Ochoa tuvo eco incluso en Espa?a- tiende -a rodear el narcotr¨¢fico, ante la persecuci¨®n de la justicia estadounidense, de cierto m¨¦rito antimperialista, patri¨®tico. Sin embargo, en las condiciones de Colombia hoy, la extradici¨®n a EE UU de traficantes que han cometido delitos en dicho pa¨ªs es la ¨²nica forma segura de que sean condenados y de que cumplan sus penas.
Desde que el presidente Virgilio Barco ocupa la presidencia de Colombia, la impotencia del Estado ante la ola de cr¨ªmenes pol¨ªticos se ha acentuado. Cuando en 1986 fue asesinado el prestigioso periodista Guillermo Cano, el presidente Barco anunci¨® una cruzada contra el narcotr¨¢fico. Pero no hizo nada. Nuevas promesas cuando el asesinato, en octubre pasado, de Jaime Pardo, el candidato a la presidencia de la Uni¨®n Patri¨®tica. Sigui¨® la pasividad del aparato del Estado. En realidad, la omnipotencia de los traficantes y la impunidad de los grupos paramilitares se debe a la red de complicidades con las que cuentan dentro del Ej¨¦rcito y en otros cuerpos del Estado. Ante los ¨²ltimos cr¨ªmenes, que han conmovido a todo el pa¨ªs, ?se producir¨¢ un sobresalto de las fuerzas pol¨ªticas susceptible de promover las medidas imprescindibles para que no se hunda el Estado de derecho? Algunos lo esperan. Muchos est¨¢n dominados por el temor y el des¨¢nimo.
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