Las cajas catalanas destinar¨¢n 50.000 millones a financiar VPO

La Generalitat ha llegado a un acuerdo con las 11 cajas de ahorros catalanas para elaborar un plan de financiaci¨®n para la promoci¨®n y adquisici¨®n de viviendas de protecci¨®n oficial (VPO), as¨ª como para la rehabilitaci¨®n de viviendas y equipamientos en Catalu?a durante 1988.Las cajas facilitar¨¢n cr¨¦ditos al mismo inter¨¦s que el Banco Hipotecario: un 11,25%. Este acuerdo, al que en un principio no quer¨ªan adherirse algunas de las cajas m¨¢s peque?as, contempla una aportaci¨®n proporcional a la participaci¨®n tradicional de cada entidad en el mercado de VPO, de forma que La Caixa, la Caixa de Barcelona y la Caixa de Catalu?a financiar¨¢n cada una 10.000 millones de pesetas. El resto ser¨¢ aportado por las otras ocho entidades, principalmente por la Caixa del Pened¨¦s.

El plan ha sido elaborado como consecuencia de las desavenencias entre el Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo y siete comunidades aut¨®nomas sobre el Plan de la Vivienda para 1988, que obliga a ¨¦stas a subvencionar en un 5% las VPO. Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Baleares, Castilla y Le¨®n, Catalu?a, La Rioja y Valencia se plantearon la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, a lo que el MOPU respondi¨® congelando los respectivos convenios, imprescindibles para acceder a los mecanismos de financiaci¨®n a trav¨¦s del Banco Hipotecario.El acuerdo alcanzado por la Generalitat y las 11 cajas de ahorro es la alternativa adoptada por el Gobierno catal¨¢n para sustituir la financiaci¨®n facilitada por el banco p¨²blico.

La Generalitat es la ¨²nica de las siete comunidades que ha presentado conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional sobre el Real Decreto 1.494/1987, de 4 de diciembre, sobre medidas de financiaci¨®n de actuaciones protegibles en materia de vivienda. Este recurso, presentado el pasado d¨ªa 24 de marzo, se refiere al art¨ªculo 16.1 del citado real decreto. Las restantes comunidades disponen a¨²n de varios d¨ªas de plazo para presentar conflicto positivo de competencias.

En su escrito, la Generalitat sostiene que el decreto "dispone de fondos auton¨®micos para la consecuci¨®n de unos objetivos de pol¨ªtica econ¨®mica y social del Estado, vulnerando el principio de autonom¨ªa financiera de las Comunidades Aut¨®nomas proclamado por el art¨ªculo 156.1 de la Constituci¨®n Espa?ola". Asimismo, considera que "menoscaba" las competencias de la Generalitat en materia de vivienda.

La Generalitat cifra en unas 7.000 u 8.000 las VPO que deber¨¢n construirse en Catalu?a en lo que resta de a?o, ya que la demanda ha descendido de forma importante respecto a a?os anteriores. En 1987 se concedieron en Catalu?a 13.733 calificaciones para VPO.