El Ayuntamiento de Catalu?a

En un pa¨ªs gobernado bajo la voluntad de convertir la Generalitat en un microestado, en el que una de las principales bazas de la oposici¨®n son las alcald¨ªas de las ciudades m¨¢s importantes, la confrontaci¨®n entre el poder auton¨®mico y el poder local se ha convertido en un conflicto ineludible. En este contexto, el Gobierno de CiU ha dado muestras m¨¢s que suficientes de querer actuar como el gran Ayuntamiento de Catalu?a, en detrimento del fortalecimiento de la autonom¨ªa municipal. La aprobaci¨®n de las leyes de ordenaci¨®n territorial (LOT) y la iniciativa legislativa para someter los cuantiosos presupuestos de las diputaciones a un ¨²nico plan de inversiones coordinado por la Generalitat han sido en estos cuatro a?os los principales motores de una confrontaci¨®n cuya ¨²nica y ef¨ªmera excepci¨®n fue el pacto cultural impulsado por el ex conseller de Cultura Joan Rigol, compromiso convertido hoy en el espectro de una voluntad pactista que fracas¨®.

La relaci¨®n del Gobierno de la Generalitat con los municipios de Catalu?a ha estado presidida, estos ¨²ltimos cuatro a?os, por la ausencia de un marco institucional estable. A ¨²ltima hora, a finales de abril y s¨®lo a tres semanas del inicio de la campa?a electoral, y en virtud, precisamente, de la LOT, qued¨® constituida la comisi¨®n de Gobierno Local de Catalu?a. Por esta comisi¨®n mixta, en la nueva legislatura, deber¨¢n pasar los proyectos de ley tramitados por el Consell Executiu. Ser¨¢ uno de los pocos filtros de que dispondr¨¢n los ayuntamientos para ejercer un cierto control sobre la pol¨ªtica de la Generalitat, especialmente en el terreno competencial. Una de las tareas de esta comisi¨®n ser¨¢ la de informar sobre las subvenciones previstas por el Plan ¨²nico de Obras y Servicios, uno de los nuevos instrumentos financieros de los que dispone el Consell Executiu para promover la inversi¨®n local, especialmente en los peque?os municipios.La ausencia de un marco institucional estable ha tenido tambi¨¦n su traducci¨®n econ¨®mica al no existir, tampoco, el Fondo de Cooperaci¨®n Local, mecanismo que habr¨ªa de representar la garant¨ªa de criterios objetivos en la canalizaci¨®n de la ayuda financiera a los ayuntamientos.

Estos dos datos son el principal argumento de quienes desde la oposici¨®n sostienen que desde el inicio de su mandato como presidente de la Generalitat, hace ocho a?os, Pujol no ha dejado en ning¨²n momento de estar interesado en mantener una relaci¨®n con los ayuntamientos basada en el subjetivismo, cuando no en el clientelismo m¨¢s o menos encubierto. Esta es la opini¨®n de los dirigentes de la Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a (FMC), en la que est¨¢n representados los ayuntamientos gobernados por la izquierda, para quienes, en este ¨²ltimo mandato, el Gobierno de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) ha incrementado su tendencia "a limitar la integridad competencial del poder local". "Les ha costado crecer", a?aden, "a base de la descentralizaci¨®n del Estado y han optado por hacerlo a costa de los ayuntamientos".

La LOT y la CMB

La aprobaci¨®n de las cuatro leyes que integran la LOT ha sido el principal detonante de la confrontaci¨®n entre el poder auton¨®mico y el local, y no solamente por el gran impacto pol¨ªtico que supuso la decisi¨®n de eliminar la Corporaci¨®n Metropolitana de Barcelona (CMB). Los otros tres ingredientes de la LOT tambi¨¦n pusieron en pie de guerra a los principales ayuntamientos del pa¨ªs.La ley comarcal, que restableci¨® el mapa territorial de la ¨¦poca republicana, es juzgada desde los ayuntamientos gobernados por la izquierda como un intento de devaluar la expresi¨®n pol¨ªtica emanada de las elecciones municipales (los miembros de los consejos comarcales no son elegidos en votaci¨®n directa), y como el principal instrumento para sustraer competencias al poder local en beneficio de unos organismos intermedios controlados por CiU gracias a la bonificaci¨®n que la ley establece para los peque?os municipios.

La tercera pieza de la legislaci¨®n territorial, la ley municipal, seg¨²n estas mismas voces cr¨ªticas, establece muchos m¨¢s controles y minuciosas obligaciones que las que determina la legislaci¨®n b¨¢sica del Estado sobre los gobiernos locales. Esta ley limita, por ejemplo, la autonom¨ªa de los ayuntamientos para crear mancomunidades cuando ¨¦stas afecten a municipios de m¨¢s de una comarca, ya que para ello hay que contar con una autorizaci¨®n expresa del departamento de Gobernaci¨®n. Otro tanto ocurre con la ley de diputaciones, interpretada desde estos mismos sectores como una ley pensada para "cortar las alas a la Diputaci¨®n de Barcelona", la ¨²nica instituci¨®n provincial no controlada por CiU.

Desde el punto de vista de la coalici¨®n nacionalista la existencia de este frente municipal de oposici¨®n, en el que no est¨¢n presentes la mayor¨ªa de los peque?os municipios de Catalu?a, pone en evidencia las limitaciones de la izquierda, que, seg¨²n CiU, se sabe condenada a no traspasar por mucho tiempo los l¨ªmites del gobierno local. Esta oposici¨®n municipalista constituye para Converg¨¦ncia, junto a la pol¨ªtica de "involuci¨®n auton¨®mica" que Pujol atribuye constantemente al Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez, la pinza con la que los socialistas quieren aprisionar al Gobierno nacionalista.

Ante esta situaci¨®n, el presidente de la Generalitat ha optado no tan s¨®lo por una pol¨ªtica de contenci¨®n de la reivindicaci¨®n municipalista sino por una decidida ofensiva para acotar su campo de maniobra. Bajo esta perspectiva se entiende una de las decisiones de mayor envergadura adoptadas durante esta legislatura: la eliminaci¨®n de la CMB, basti¨®n desde el que el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, empezaba a convertirse, de hecho, en el dirigente pol¨ªtico del territorio en el que vive la mitad de la poblaci¨®n de Catalu?a. Pujol protagoniz¨® este episodio con la m¨¢s absoluta rotundidad cuando, en plena efervescencia del debate, afirm¨® que "Catalu?a no es una diarqu¨ªa".

Tambi¨¦n bajo la ¨®ptica de acotar el campo de maniobra socialista, CiU lanz¨® la ofensiva para controlar los presupuestos de las diputaciones, con la ley del Plan ¨²nico de Obras y Servicios -actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional-, que permite poner en manos del Consell Executiu un importante caudal econ¨®mico cuyos principales beneficiarios son los peque?os ayuntamientos, gobernados en su mayor¨ªa por los nacionalistas. El tercer elemento de esta estrategia pasa por la creaci¨®n de los consejos comarcales que, consolidando la hegemon¨ªa de los municipios peque?os, pone a importantes ayuntamientos gobernados por la izquierda como Gerona, Tarragona, Matar¨®, Granollers, Vilafranca del Pened¨¦s, Valls, y Reus bajo un gobierno comarcal dirigido por CiU.