Una apuesta judicial

LA ASOCIACI?N Jueces para la Democracia ha concluido su tercer congreso en medio de una aparente contradicci¨®n. Por una parte, ha evitado por mayor¨ªa que el congreso acusase al Gobierno y al Parlamento de pasividad en la defensa de los principios constitucionales y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de medrosidad en sus relaciones con el Ejecu tivo y el Legislativo, y por otra, ha aupado a la secretar¨ªa de la organizaci¨®n a miembros destacados del sector m¨¢s proclive a la cr¨ªtica de los poderes p¨²blicos. Una y otra decisi¨®n, sin embargo, no son tan opuestas como aparentan a primera vista. M¨¢s que el contenido de tales cr¨ªticas, lo que ha impugnado el congreso de los jueces progresistas ha sido el cauce escogido para lanzarlas: el informe de gesti¨®n del secretariado, documento m¨¢s propio, en todo caso, para la autocr¨ªtica interna que para la cr¨ªtica externa. Har¨ªan mal, por tanto, los destinatarios de tales cr¨ªticas en considerarlas como no existentes por una simple cuesti¨®n de forma.Ha sido precisamente la actitud cr¨ªtica de los jueces espa?oles, y muy particularmente de los que militan en Jueces para la Democracia, la que ha hecho posible que en apenas tres meses se haya pasado de la amenaza de huelga al di¨¢logo institucional para resolver los grav¨ªsimos problemas que inciden en la baja calidad de la funci¨®n jurisdiccional, deteriorada en estos ¨²ltimos a?os bajo el ingente peso de los sumarios y expedientes que se acumulan en juzgados y tribunales. Casi el mismo n¨²mero de jueces de hace 20 a?os tiene que hacer frente en 1988 a por lo menos 15 veces m¨¢s asuntos, lo que da una idea de las deplorables condiciones en que ejercen su funci¨®n quienes tienen que decidir sobre cuestiones tan graves como la libertad y la seguridad de las personas o sobre sus garant¨ªas procesales. Ello explica, al menos en parte, que las denuncias sobre el mal funcionamiento de la Administraci¨®n de justicia sigan ocupando el primer lugar en la memoria del Defensor del Pueblo correspondiente a 1987.

La reuni¨®n prevista para el pr¨®ximo d¨ªa 15 entre el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, y el titular del Consejo General de Poder Judicial, Antonio Hern¨¢ndez Gil, es el resultado de esta iniciativa de la base judicial, que apuesta por la v¨ªa institucional para resolver los problemas de la justicia en vez de por la del enfrentamiento entre poderes del Estado. Pero este contacto -si se quiere aprovechar al m¨¢ximo- deber¨ªa significar tambi¨¦n el reconocimiento inequ¨ªvoco por parte del Ejecutivo del papel constitucional del ¨®rgano de gobierno del Poder Judicial.

En realidad, la corta historia de este ¨®rgano democr¨¢tico de nueva planta ha discurrido entre el recelo y la suspicacia por parte del poder pol¨ªtico. El resultado ha sido el progresivo vaciamiento de sus competencias hasta el punto de que hoy ha quedado reducido a una rimbombante denominaci¨®n. Ni el dinero que su mantenimiento cuesta a los contribuyentes ni su valioso papel como garante de la independencia de los jueces frente al expansionismo del poder pol¨ªtico y administrativo justifican que su existencia apenas haya traspasado el texto constitucional.

La naturaleza de los problemas de la justicia y la dimensi¨®n no exclusivamente funcionarial de los jueces exigen la aceptaci¨®n sin reticencias de este mecanismo institucional, si quieren evitarse enfrentamientos de imprevisibles consecuencias entre poderes del Estado. No est¨¢ claro, sin embargo, que esta actitud haya calado en la mayor¨ªa gubernamental socialista a tenor de las preguntas planteadas ayer por sus parlamentarios a Antonio Hern¨¢ndez Gil, tendentes m¨¢s bien al hostigamiento gratuito de los jueces que a indagar sobre las aut¨¦nticas causas del actual colapso judicial.