El Estado de desecho

APARTE DEL inter¨¦s demostrado por Felipe Gonz¨¢lez en diferenciar lo que es una crisis de Gobierno de lo que no pasa de ser una remodelaci¨®n o reajuste, y de la insistencia de los distintos grupos de la oposici¨®n en afirmar que aqu¨ª no ha cambiado nada, el debate parlamentario de ayer habr¨ªa pasado inadvertido si no fuera porque el presidente del Gobierno aprovech¨® la ocasi¨®n para volver a hablar del "Estado de desecho", un concepto que ¨¦l mismo no ha querido precisar m¨¢s all¨¢ de las sospechas que el propio t¨¦rmino suscita.Para salir al paso de las intervenciones de pr¨¢cticamente todos los grupos de la oposici¨®n sobre el caso Amedo y la utilizaci¨®n de los fondos reservados, Felipe Gonz¨¢lez expres¨® la necesidad de proceder a algunas reformas legales "que nos permitan tener un Estado de derecho para siempre, y no un Estado de desecho". Con la intenci¨®n de reforzar su argumento e invocando ejemplos, el presidente del Gobierno dijo que, a ese fin, "me vale cualquier democracia que haya funcionado". Despu¨¦s de que la expresi¨®n ha sido utilizada ya en m¨¢s de una ocasi¨®n, y siempre a prop¨®sito de los encausamientos de determinados polic¨ªas, el jefe del Ejecutivo deber¨ªa explicar qu¨¦ entiende exactamente por "Estado de desecho". Y cuando se refiere a los precedentes de otras democracias, singularmente la de Francia, merece la pena preguntarse si es en la legislaci¨®n de ese pa¨ªs, o en la pr¨¢ctica de su lucha contra el terrorismo de la OAS, en lo que pretende inspirarse a la hora de hacer los cambios que ¨¦l mismo ha sugerido. Habr¨¢ que ver c¨®mo se desarrollan esas reformas legales a las que ayer hizo referencia, y cuyo contenido ignoran hasta los ministros del Interior y de Justicia. Pero si de lo que se trata es de defender el Estado de derecho, no est¨¢ de m¨¢s recordar que existen dos principios b¨¢sicos que debe respetar todo sistema democr¨¢tico: el concepto de reservado o de secreto oficial no puede encubrir jam¨¢s la comisi¨®n de actos delictivos, y, si ¨¦stos llegan a producirse, quienes los cometan no pueden quedar exentos de responsabilidad ante la ley penal.

La discusi¨®n sobre el caso del subcomisario Jos¨¦ Amedo ha provocado m¨¢s de una confusi¨®n deliberada. Por eso es preciso recalcar que nadie en su sano juicio ha puesto en duda la pertinencia o la legalidad de que existan fondos reservados del Estado, aprobados por las Cortes, y de cuya utilizaci¨®n no tiene que dar cuenta el Gobierno a las mismas. Pero ello no significa que, si esos fondos son eventualmente utilizados en la comisi¨®n de un delito, un juez no pueda recabar informaci¨®n sobre ellos. El magistrado Garz¨®n, que instruy¨® la causa contra Amedo, cometi¨® quiz¨¢s un error o un exceso cuando pretendi¨® saber de todos los fondos reservados del Estado; pero estaba en su derecho, y en la obligaci¨®n, de preguntar por aquellos con los que presumiblemente se hayan podido financiar actividades terroristas de los GAL. Porque, para seguir con el juego de palabras, un Estado de derecho es aquel que persigue y castiga los cr¨ªmenes cometidos en su nombre, y un Estado de desecho es el que pretende justificarlos.