El debate de la droga

A LAS RAZONES que suelen esgrimirse para acallar todo intento de debate abierto sobre la legalizaci¨®n del consumo de drogas, el ministro de Sanidad y Consumo, Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, acaba de a?adir una hasta ahora desconocida: la pretendida inmoralidad de esa eventual legalizaci¨®n. A tan atrevido argumento -expuesto en un simposio cient¨ªfico sobre drogas y sociedad celebrado en Santander- ha a?adido el ministro otra perla de parecido calibre: si se quiere impedir la entrada de drogas en las prisiones, ha venido a decir Garc¨ªa Vargas, hay que asumir como inevitable una limitaci¨®n de los derechos legales de presos y funcionarios. Tal alternativa tiene todos los visos de un chantaje, por el que se pretende colocar a la sociedad espa?ola ante la necesidad de optar entre dos males. La eventual legalizaci¨®n de la droga es, sin duda, una cuesti¨®n compleja y llena de riesgos. Tanto los partidarios como los enemigos de esta medida cuentan con poderosos argumentos. Pero es una cuesti¨®n claramente pol¨ªtica, de opciones legales, penales, sanitarias y educativas. Mezclarla con la moral es cuando menos a?adir un elemento de confusi¨®n a un debate ya de por s¨ª conceptualmente complicado. Lo que no plantea dudas es la inmoralidad de la situaci¨®n actual: el duro rechazo, legal y pol¨ªtico, de los Gobiernos al consumo de drogas, que se compagina en la realidad con el desarrollo, por impotencia, corrupci¨®n o connivencia, de un gigantesco comercio a nivel mundial que soprepasa anualmente los 300.000 millones de d¨®lares -unos 38 billones de pesetas-, y que expande a su alrededor la degradaci¨®n y la muerte entre millones de personas.No hay motivos, a juicio del ministro de Sanidad y Consumo, para estar satisfechos de esta situaci¨®n. Pero ello es un motivo m¨¢s para cuestionar el empecinamiento de los Gobiernos en mantener una pol¨ªtica enf¨¢ticamente prohibicionista, pero absolutamente incapaz en la pr¨¢ctica de impedir el comercio de estas sustancias peligrosas en condiciones que producen su carest¨ªa y manipulaci¨®n. Lo cual genera en su torno una ola de criminalidad y un reguero de muerte, como sucede ahora mismo a causa del elevado grado de pureza de ciertas partidas de hero¨ªna que llegan hasta los adictos a esta droga.

Esta flagrante e inmoral contradicci¨®n entre lo que se predica y lo que se hace o se puede hacer en el terreno de las drogas es especialmente patente en el mundo carcelario. Y para resolverla, el ministro de Sanidad y Consumo no duda en proponer el sacrificio de los derechos legales de los presos y funcionarios. Como si el trasiego de la droga en el interior de las c¨¢rceles fuera propiciado por el respeto de estos derechos y no por la impotencia del Gobierno en ejecutar su propia pol¨ªtica de represi¨®n a ultranza del fen¨®meno de la droga. En todo caso, en vez de intentar resolver la cuesti¨®n llev¨¢ndose por delante los derechos de la parte m¨¢s d¨¦bil e indefensa, lo cual ser¨ªa ilegal, existen medidas perfectamente legales y cuyo estricto cumplimiento no tiene por qu¨¦ suponer vejaci¨®n para las personas. Por ejemplo, una mayor vigilancia funcionarial -actualmente deficiente- y electr¨®nica -inexistente- sobre las personas y objetos que entran en las c¨¢rceles y la sustituci¨®n del dinero de curso legal por otro convencional, v¨¢lido para adquirir los productos autorizados en el interior de las c¨¢rceles, pero inservible para el comercio de la droga.

Las lamentables manifestaciones de Garc¨ªa Vargas muestran las contradicciones de una pol¨ªtica sobre la droga al mismo tiempo pretenciosa y en gran medida inoperante. Por m¨¢s agravantes jur¨ªdico-penales que caigan sobre el negocio de la droga, ¨¦ste no decaer¨¢ mientras sea tan rentable como ahora y la demanda siga disparada. En todo caso, el Gobierno espa?ol no deber¨ªa dar por cerrado el debate sobre la forma de control y de la legalizaci¨®n o no del consumo de drogas. Por el contrario, deber¨ªa tener el coraje, con toda la prudencia que hiciera falta, de ser el impulsor de este debate en los organismos internacionales obligados a plantearse la cuesti¨®n como uno de los pilares del futuro de la salud p¨²blica.