?Basta ya, muchachos!

Decepcionante. Preocupante. Alarmante. Estas tres palabras recogen en forma escalonada las reacciones de amplios sectores y colectivos del pa¨ªs que se destacan por la defensa de la Constituci¨®n y los derechos y libertades individuales y colectivos, ante lo que viene siendo una constante in crescendo en la actuaci¨®n del Gobierno.La preocupaci¨®n y la alarma se han extendido no tanto por el contenido de la actuaci¨®n pol¨ªtica del Gobierno en determinados ¨¢mbitos, sino sobre todo por la forma exterior que adoptan sus actuaciones. Preocupa y alarma no s¨®lo el qu¨¦ sino el c¨®mo, y eso es especialmente grave en un Estado social y democr¨¢tico de derecho en el que el partido que accedi¨® al Gobierno lo hizo envuelto en un halo de participaci¨®n p¨²blica y de desarrollo progresivo de los derechos y libertades. Por citar dos acontecimientos especialmente graves, el affaire-Amedo-polic¨ªa-GAL y la reciente firma del tratado bilateral hispano-norteamericano dan probada cuenta de esa preocupaci¨®n y alarma. En el primero de los casos, la actuaci¨®n del Ejecutivo en pleno (y no de un ministro determinado) ha supuesto una grave conculcaci¨®n de lo que debieran ser los principios rectores de ese Estado social y democr¨¢tico de derecho que define nuestra Constituci¨®n. La apolog¨ªa vergonzante que con motivo de ese hecho se ha realizado de la prepotencia y la arbitrariedad, no ya del Gobierno, sino de determinados departamentos ministeriales no s¨®lo se opone el control democr¨¢tico de los ciudadanos a trav¨¦s del Parlamento, sino que incluso se opone al control del poder judicial sobre las acciones presuntamente delictivas de cargos pol¨ªticos y funcionarios del Gobierno. A pesar de todas las cr¨ªticas (en este caso autocr¨ªtica) que hemos vertido sobre la Administraci¨®n de justicia, hay que reconocer que en este supuesto el Poder Judicial ha actuado con valent¨ªa y decisi¨®n (a pesar de las innumerables presiones) para la defensa de la legalidad democr¨¢tica.

El reciente espect¨¢culo dado por el fiscal general del Estado, ordenando a sus fiscales subordinados que no se opusieran a la petici¨®n de libertad de los se?ores Amedo y Dom¨ªnguez, realizada en forma precipitada e irreflexiva, y, al parecer, sin un fundamento jur¨ªdico m¨ªnimamente aceptable, dada la contundencia de la resoluci¨®n judicial que ha denegado la petici¨®n, ha supuesto un tr¨¢gico eslab¨®n m¨¢s en esa cadena, pues no s¨®lo significa el recurso a formas poco aconsejables de funcionamiento del ministerio fiscal, sino que a los ojos de la mayor¨ªa de observadores ha significado la subordinaci¨®n del inter¨¦s social, a cuya defensa est¨¢ obligado dicho ministerio, a la raz¨®n de Estado, o m¨¢s concretamente a la raz¨®n de gobierno.

La firma del acuerdo bilateral con EE UU significa y es en s¨ª misma una grave violaci¨®n del esp¨ªritu y la letra del texto sometido a refer¨¦ndum y contenido en el Real Decreto 214/86, de 6 de febrero. No es necesario recordar que el texto no se refiere s¨®lo a la instalaci¨®n o almacenamiento de armas nucleares, sino que tambi¨¦n prohib¨ªa la mera introducci¨®n de dichas armas (acuerdo segundo del Gobierno). El ciudadano queda perplejo cuando su presidente del Gobierno y su ministro de Asuntos Exteriores les informan que no existe vulneraci¨®n del texto referido, y a continuaci¨®n se les comunica que el Gobierno espa?ol ha renunciado, no ya a investigar, sino incluso a preguntar a EE UU si llevan armas nucleares sus barcos y aviones. Claro, como siempre sucede cuando realizan una actuaci¨®n de este tipo manifiestan que esta cl¨¢usula no tiene la menor importancia y que conf¨ªan plenamente que los barcos y aviones de EE UU no llevar¨¢n armamento nuclear cuando se introduzcan en territorio espa?ol. ?ste es un supuesto perfectamente cre¨ªble, teniendo en cuenta la actuaci¨®n hist¨®rica de EE UU, y suponiendo que el Gobierno colocar¨¢ grandes plataformas marinas fuera de nuestras aguas territoriales para que los barcos y submarinos norteamericanos dejen sobre ellas sus armas nucleares antes de entrar en las bases y puedan recogerlas a su salida. Ser¨ªa una jocosa salida el tema, ya no necesario por el inmediato anuncio relizado de un posterior convenio que permita el paso de armas nucleares por la Pen¨ªnsula.

Pero, como dec¨ªa al principio, mucho m¨¢s preocupante que el contenido de las medidas adoptadas es el modo en que las mismas se adoptan, fruto de una prepotencia creciente del Ejecutivo, que, en no pocos casos, supone una abierta confrontaci¨®n con las normas b¨¢sicas de nuestro Estado democr¨¢tico. Lo mismo sucede cuando se explican a los ciudadanos las medidas adoptadas: unas veces impl¨ªcitamente, otras de forma abierta, se invoca la esot¨¦rica raz¨®n de Estado o la costumbre europea para no dar explicaci¨®n alguna, cuando no se insin¨²a de forma inadmisible una pretendida minor¨ªa de edad de toda la ciudadan¨ªa que no participa en el ejercicio directo de la c¨²pula del poder pol¨ªtico.

Uno comienza a estar irritado de que se afirme lo que se ha afirmado sobre el contenido del convenio bilateral con EE UU y no puede evitar la sensaci¨®n nada agradable de que intentan tomarnos el pelo infravalorando hasta extremos insospechados la capacidad de reflexi¨®n de cada uno de nosotros. Igual que cuando, bajo la frase demag¨®gica y tremendista de no confundir Estado de derecho con Estado de desecho, el presidente del Gobierno quiere convencernos a todos nosotros de que lo que estamos solicitando (a saber, el sometimiento del Ejecutivo y de los funcionarios del Estado al control judicial) no es lo que estamos solicitando, sino otra cosa (la existencia o no de fondos reservados). Casi nadie ha entrado en la pol¨¦mica sobre la conveniencia o no de los fondos reservados, pero lo que todos decimos es que dichos fondos no pueden invertirse en actuaciones presuntamente delictivas contra toda la sociedad y frente a los principios de nuestro sistema democr¨¢tico.

Creo sinceramente que debe abandonarse la demagogia cuando los temas que se abordan son tan serios como los expuestos y que la continuaci¨®n de esta actitud del Gobierno socialista pone en peligro el desarrollo e incluso el cumplimiento de aspectos fundamentales de nuestro ordenamiento jur¨ªdico y, el desarrollo de los derechos y libertades, con la agravante de seguir siendo el partido que, electoralmente, se comprometi¨® a recoger esas aspiraciones. Muchos militantes socialistas comparten este criterio en mayor o menor grado, por eso el vicepresidente del Gobierno (aunque dude de la sinceridad) hizo esa llamada en Barcelona contra el pragmatismo y a favor de la ideolog¨ªa.