El Congreso estudiar¨¢ si hay fraudes inmobiliarios en las zonas tur¨ªsticas
El Congreso de los Diputados ha acordado constituir una ponencia para investigar y estudiar si se est¨¢n produciendo fraudes inmobiliarios en las zonas tur¨ªsticas espa?olas, seg¨²n informaron fuentes parlamentarias socialistas. Esta comisi¨®n realizar¨¢ un informe para evaluar la situaci¨®n y los problemas de las transacciones inmobiliarias que se realizan en estas zonas.
Un informe realizado por el eurodiputado brit¨¢nico Edward McMillan-Scott puso de manifiesto la existencia de irregularidades en la venta de propiedades a ciudadanos extranjeros en las zonas tur¨ªsticas espa?olas.El informe que hagan los diputados ser¨¢ elevado a la Comisi¨®n de Industria, Obras P¨²blicas y Servicios del Congreso para que adopte las conclusiones procedentes, que a su vez ser¨¢n trasladadas, por la v¨ªa reglamentaria prevista, a las administraciones p¨²blicas competentes.
La ponencia se ha constituido a partir de una proposici¨®n no de ley del CDS, enmendada por el Grupo Socialista. El diputado centrista Rafael Mart¨ªnez Campillo, a ra¨ªz de una serie de denuncias sobre fraudes inmobiliarios, realiz¨® un requerimiento para que el Defensor del Pueblo informara de todos sus trabajos e investigaciones sobre este asunto.
Mart¨ªnez Campillo declar¨® ayer: "Inmediatamente me plante¨¦ dos objetivos: primero, que el Parlamento espa?ol investigara lo que ya estaba denunciando el Parlamento Europeo, y en segundo lugar, iniciar una lucha a fondo contra lo que puede ser uno de los mayores fraudes de la historia de este pa¨ªs".
[El Parlamento Europeo realiz¨® una investigaci¨®n sobre las estafas inmobiliarias cometidas contra extranjeros que compran propiedades en la costa mediterr¨¢nea. El 90% de los casos afecta a Espa?a, seg¨²n el informe elaborado por el eurodiputado McMillan-SCott, que denunci¨® la cultura de la corrupci¨®n" existente en Espa?a, concretada, entre otras cosas, en la codicia de los promotores, la evasi¨®n fiscal y la lentitud e ineficacia de la justicia. La iniciativa estaba dirigida a exigir a la Comisi¨®n Europea que elaborase una directiva para garantizar unos derechos m¨ªnimos en este tipo de adquisiciones transfronterizas].
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