El turno del Gobierno

LA INSISTENCIA del juez Baltasar Garz¨®n en que el Gobierno clarifique ante la justicia las v¨ªas de financiaci¨®n con fondos reservados de las acciones terroristas de los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL) pone al Ejecutivo frente a la responsabilidad de demostrar de una vez por todas ante la opini¨®n p¨²blica si est¨¢ o no a favor de que se sepa la verdad sobre tan tenebroso asunto. La cuesti¨®n planteada por el juez es de capital importancia, porque de lo que realmente se trata es de dilucidar si el Estado democr¨¢tico es compatible con la existencia en su seno de zonas reservadas a la ley y al derecho por la sola voluntad de quienes en un momento dado llevan las riendas de su gobernaci¨®n.En su propuesta de investigaci¨®n de los fondos reservados, elevada a sus superiores de la Audiencia Nacional, el juez Garz¨®n se muestra prudente -sin duda, escaldado por la cerrada negativa del anterior titular de Interior a facilitar la m¨¢s m¨ªnima informaci¨®n sobre el tema- y descarta la intervenci¨®n directa del Gobierno en la financiaci¨®n de los GAL, imput¨¢ndosela a alg¨²n funcionario que desvi¨® il¨ªcitamente los fondos necesarios a tal fin. Sin embargo, hay antecedentes suficientes para temer que eta actuaci¨®n cautelosa no le sirva demasiado al juez Garz¨®n en su prop¨®sito de sortear los obst¨¢culos que impiden su tarea investigadora y que los actuales responsables de Interior y, en definitiva, el Gobierno sigan aferr¨¢ndose a una interpretaci¨®n extensiva del secreto oficial, que hace de ¨¦ste un muro infranqueable al poder judicial en el cumplimiento de su labor jurisdiccional. Por otra parte, el que, con los datos actuales, pueda descartarse la implicaci¨®n de determinados niveles oficiales en la financiaci¨®n de los GAL no implica que, si la investigaci¨®n avanza, no puedan aparecer nuevos indicios que pongan en cuesti¨®n lo que ahora parece definitivo. Esta hip¨®tesis ser¨¢ menos desechable cuanto m¨¢s se evidencie la negativa del Gobierno a colaborar en este asunto con la justicia.

En todo caso, si la Audiencia Nacional da curso, como parece que es obligado de acuerdo con la ley, a la investigaci¨®n propuesta por el juez, habr¨¢ llegado la hora de que el Gobierno defina su posici¨®n -con actos y sin el recurso a un doble lenguaje- en la colaboraci¨®n que se le requiere para enjuiciar a los responsables de los GAL. En el caso Amedo, que centra por el momento la investigaci¨®n judicial sobre las actividades de esta organizaci¨®n criminal, el cinismo m¨¢s pedestre ha sido utilizado como escudo: los mismos que han cuestionado la legitimidad del poder judicial para investigar sus ramificaciones y le han negado informaciones esenciales para la total clarificaci¨®n de este asunto no dudan en hacer recaer sobre los jueces la ¨²nica responsabilidad de hacer luz sobre la investigaci¨®n, cuando se trata de un cometido -la persecuci¨®n del delito- que corresponde de oficio a quienes tienen encomendada constitucionalmente la funci¨®n de velar por el cumplimiento de la ley.

Parece llegado el momento ahora de pasar de las palabras a los hechos para que no parezca que todo ello es, en realidad, una treta urd¨ªda por el Gobierno para librarse de las responsabilidades que le incumben en la investigaci¨®n de los GAL. Los datos que se requieren para que la investigaci¨®n judicial avance est¨¢n en poder del Gobierno. Negarse a facilitarlos constituir¨ªa no s¨®lo una grave obstrucci¨®n a la acci¨®n de la justicia, sino que dejar¨ªa impunes cr¨ªmenes grav¨ªsimos que un Estado de derecho digno de tal nombre no puede, bajo ning¨²n concepto, dejar de investigar y, si procede, castigar.