Cualquier reajuste en gastos sociales deber¨¢ pasar por las Cortes

EL PA?S El presidente del Gobierno condiciona cualquier reajuste de las partidas presupuestarias sobre gastos sociales a una previa discusi¨®n con las fuerzas parlamentarias y su aprobaci¨®n por las Cortes, en una norma que -aunque no lo especific¨®- habr¨¢ de tener rango de ley. Tras el fracaso de las negociaciones con los sindicatos, las salidas que Gonz¨¢lez ve a la situaci¨®n son las siguientes:

- Si los sindicatos aceptan todav¨ªa la oferta de 369.000 millones -¨²ltima puesta por el Gobierno en la mesa de negociaciones-, "el Ejecutivo propondr¨ªa a las Cortes el ajuste de las prioridades actualmente fijadas en el Presupuesto del Estado para 1989", y "tratar¨ªa de averiguar si hay mayor margen en los ingresos p¨²blicos para atender esos gastos", que en ning¨²n caso pueden financiarse con el incremento del d¨¦ficit o de la presi¨®n fiscal.

- Si los sindicatos no aceptan esa oferta global, "el Gobierno cumplir¨ªa exactamente sus promesas del 21 de diciembre, con un esfuerzo de alteraci¨®n de prioridades y de ajuste, que l¨®gicamente ser¨¢ menor de lo que se ha ofrecido durante la negociaci¨®n con las centrales sindicales".

Esa oferta del 21 de diciembre fue explicada en la C¨¢mara por el jefe del Gobierno. Consiste en equiparar las pensiones m¨ªnimas al salario m¨ªnimo, lo cual supone 135.000 millones de pesetas para este a?o y el de 1990, seg¨²n la cuantificaci¨®n realizada ayer por el propio presidente del Gobierno. El 21 de diciembre, Gonz¨¢lez habl¨® de incrementar la cobertura del desempleo y reponer el poder adquisitivo perdido por los funcionarios a causa de la desviaci¨®n de la inflaci¨®n, puntos estos ¨²ltimos no cuantificados ayer por el presidente ni tampoco por el ministro de Trabajo, Manuel Chaves, que fue preguntado al efecto en los pasillos del Congreso.

La oferta del d¨ªa 21 se completaba con la aceptaci¨®n del derecho a la negociaci¨®n colectiva de los funcionarios, condicionada a su aprobaci¨®n final por el Parlamento.

Gonz¨¢lez afirmo" ayer que hay que sumar a todo ello los planes de empleo todav¨ªa pendientes, que supondr¨¢n "una nueva carga para el Estado. Si se consigue alg¨²n acuerdo en la mesa correspondiente, que a¨²n no se ha reunido, tal vez por esa v¨ªa pueda atenderse a una parte de los parados. Una estimaci¨®n m¨ªnima hace pensar en un coste de 100.000 millones de pesetas". "Si se pone sobre la mesa lo que se ha ofrecido sin garant¨ªas de mantener la paz social, habr¨ªamos roto ¨¦sta para siempre".