Una deuda pendiente

DE TRIBUNAL en tribunal y de antesala en antesala ministerial, los militares de la Rep¨²blica han terminado por recalar ante las mismas puertas de la Comisi¨®n de Derechos Humanos de Estrasburgo, en un desesperado intento de que se les reconozca lo que ellos consideran que son sus derechos. En la vor¨¢gine de este trasiego vive desde hace ya una d¨¦cada un colectivo de ancianos que en la actualidad no debe sobre pasar las 5.000 personas. Son el resto que todav¨ªa sobrevive de quienes accedieron a un empleo o grado militar en las filas del Ej¨¦rcito de la Rep¨²blica con posterioridad a la fecha del 18 de julio de 1936, en que se desencaden¨® la guerra civil espa?ola. Si la Comisi¨®n de Derechos Humanos de Estrasburgo no fuerza el ritmo de la maquinaria burocr¨¢tica y no se pronuncia en este caso con la m¨¢xima celeridad es m¨¢s que probable que su resoluci¨®n ya no tenga raz¨®n de ser cuando se produzca. De todos los colectivos de funcionarios o ciudadanos perseguidos, depurados o expoliados por el r¨¦gimen de Franco, ¨¦ste de militares de la Rep¨²blica es el ¨²nico que est¨¢ a punto de desaparecer f¨ªsicamente -por razones obvias de edad- sin obtener la justa reparaci¨®n que se le debe, de acuerdo con el esp¨ªritu y la letra de la ley de amnist¨ªa promulgada por el Parlamento en octubre de 1977.Lo que con tanto empe?o reclaman estas personas es que se les reconozca la condici¨®n de militares profesionales, en situaci¨®n de retirados por razones de edad, con los derechos y obligaciones inherentes a la misma, y con el empleo que por antig¨¹edad hubieren alcanzado de haber continuado en servicio activo hasta la fecha reglamentaria de retiro. Es decir, piden que se les trate de igual manera que a los militares profesionales que lo eran antes del 18 de julio de 1936 y qu¨¦, por mantenerse fieles al Gobierno republicano, fueron depurados con posterioridad, o que a los funcionarios civiles de la Rep¨²blica para los que la fecha del 18 de julio no ha supuesto ninguna l¨ªnea divisoria en cuanto al reconocimiento de su situaci¨®n y de sus derechos activos y pasivos.

Los problemas que en un principio plante¨® la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa de 1977 en el ¨¢mbito militar se han resuelto una vez superada la situaci¨®n emocional existente en aquellas fechas. Encontr¨® una soluci¨®n el problema de los militares de la Uni¨®n Militar Democr¨¢tica (UMD) y tambi¨¦n se accedi¨® a la restituci¨®n plena de sus derechos profesionales y pasivos a los militares republicanos supervivientes que hab¨ªan ingresado en el Ej¨¦rcito con anterioridad al 18 de julio. Pero con los militares incorporados al Ej¨¦rcito de la Rep¨²blica tras el 18 de julio se ha procedido con ruindad, oblig¨¢ndoles a un largo peregrinaje individual ante los tribunales. En estos momentos existe un marco legal suficiente para dar satisfacci¨®n a las demandas de este colectivo, a condici¨®n de que el Gobierno est¨¦ dispuesto a ello. No es cuesti¨®n de dinero, sino de voluntad pol¨ªtica y de si se estima que la actual democracia espa?ola debe proceder con equidad con todos los que defendieron el r¨¦gimen legalmente constituido en la contienda civil de 1936.

La ley que ha aplicado la amnist¨ªa a los militares de la Rep¨²blica estableci¨® una distinci¨®n discriminatoria entre quienes se incorporaron al Ej¨¦rcito antes y despu¨¦s del 18 de julio. El Tribunal Constitucional ha considerado que esta distinci¨®n viola el derecho constitucional a la igualdad ante la ley. No existe base alguna para negar a unos lo que se concede a otros, cuando todos han sido parte del mismo Ej¨¦rcito que se extingui¨®, Junto con el resto de las instituciones de la Rep¨²blica, el 1 de abril de 1939. Empecinarse en desconocer esta doctrina y obligar a los afectados a ir de tribunal en tribunal en demanda de sus derechos no s¨®lo revela una actitud especialmente vejatoria e inhumana. Tal actuaci¨®n deja traslucir tambi¨¦n un claro prop¨®sito -si se tienen en cuenta los efectos de la combinaci¨®n del lento proceder de los tribunales con la avanzada edad de los afectados- de dejar sin satisfacer una deuda pendiente de la democracia espa?ola.

El Gobierno tiene todav¨ªa tiempo de rectificar, lo cual evitar¨ªa, adem¨¢s, el mal trago y la verg¨¹enza de que el Estado se vea en el trance de ser demandado por una cuesti¨®n as¨ª ante una instancia judicial europea.