Gil-Robles acusa a Ana Tutor de vilolar la Constituci¨®n al expulsar a una extranjera

El defensor del pueblo, ?lvaro Gil-Robles, ha comunicado a la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Ana Tutor, que la orden de expulsi¨®n de la ecuatoguineana Dolores Barleycon Buyla, de 21 a?os, ha impedido a ¨¦sta pedir a los jueces la suspensi¨®n de tal decisi¨®n, lo que viola su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Gil-Robles reprocha a Tutor la infracci¨®n de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre control judicial de las expulsiones, en evitaci¨®n de "un uso arbitrario o injustificado", se?ala el alto tribunal, "de las facultades administrativas de intervenci¨®n". El Defensor del Pueblo, tras recordar los infructuosos intentos de ponerse en contacto telef¨®nico con la delegada del Gobierno en la madrugada del pasado 4 de marzo, le pide informaci¨®n sobre el caso y, en concreto, sobre la "intervenci¨®n judicial".El origen de esta actuaci¨®n fue la comparecencia, el pasado 3 de marzo, en la oficina del Defensor del Pueblo, de Nemesio Erike Bosoko, padre, junto a Dolores Barleycon, de una ni?a de 19 meses de edad, nacida en Madrid. Erike, acompa?ado del letrado Juan Gonz¨¢lez Herrero, aleg¨® que Barleycon residi¨® legalmente en Espa?a durante varios a?os y que recientemente le fue denegada la renovaci¨®n de los permisos de trabajo y residencia. Asimismo, aport¨® un acta notarial seg¨²n la cual Ana Bueloha Lolo, familiar de Dolores Barleycon, se compromet¨ªa a la manutenci¨®n de esta ¨²ltima y de su hija Sandra.

El Defensor del Pueblo solicit¨® informaci¨®n sobre las circunstancias concurrentes en este procedimiento de expulsi¨®n, acogido a la ley de Extranjer¨ªa. La respuesta ofrecida por la delegaci¨®n del Gobierno en la tarde del viernes, 3 de marzo, fue que se iba a proceder "a la suspensi¨®n de la expulsi¨®n".

"El d¨ªa 4"

Sin embargo, a las 22 horas de ese mismo d¨ªa, el abogado inform¨® que Barleycon hab¨ªa sido conducida al aeropuerto de Madrid-Barajas para su inmediata expulsi¨®n, sin que le hubiera sido notificado el decreto de expulsi¨®n, lo que imped¨ªa la interposici¨®n del correspondiente recurso ante los ¨®rganos judiciales competentes. Personal de la oficina del Defensor del Pueblo se puso en contacto hacia las 23 horas del mencionado d¨ªa 3 de marzo con el inspector jefe de la comisar¨ªa del aeropuerto, quien confirm¨® que Barleycon iba a ser expulsada y que constaba en el expediente la notificaci¨®n del decreto "el d¨ªa 4" de marzo.

Ante estos hechos, en la madrugada del 3 al 4, el Defensor del Pueblo intent¨® ponerse en contacto con Ana Tutor, pero en la delegaci¨®n del Gobierno informaron que se encontraba "ilocalizable". Instantes despu¨¦s, Dolores Barleycon fue expulsada de Espa?a, sin que, seg¨²n inform¨® el letrado Gonz¨¢lez, le constara la notificaci¨®n a su defendida del decreto de expulsi¨®n ni le fuera permitido entrevistarse con su cliente, al exigirle un polic¨ªa "un poder notarial".

Ante estos antecedentes, el Defensor del Pueblo transmite a la delegada del Gobierno su criterio sobre la posible "infracci¨®n de los derechos constitucionales de Dolores Barleycon", en particular el "derecho a la tutela judicial efectiva". En concreto, la falta de la oportuna notificaci¨®n del decreto de expulsi¨®n "imposibilita a esta ciudadana plantear ante el ¨®rgano jurisdiccional competente la suspensi¨®n del acto administrativo acordado". Asimismo, reprocha a Tutor la infracci¨®n de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de Extranjer¨ªa en la que se salvaguarda la facultad judicial de suspender las ¨®rdenes administrativas de expulsi¨®n, dentro del cat¨¢logo de garant¨ªas para reducir al m¨ªnimo los riesgos de arbitrariedad o uso injustificado de la ley de Extranjer¨ªa.