Consenso para una ley

LA ANUNCIADA ley de la Funci¨®n Militar ha sido acogida con recelo y preocupaci¨®n entre quienes consideran, acertada o equivocadamente, que su situaci¨®n y futuro profesionales se encuentran amenazados. La trascendencia de esta ley, el cambio que supone en la regulaci¨®n de la carrera militar y los intereses diversos a que ata?e hac¨ªan previsible esta reacci¨®n. Los militares que se sientan agraviados, lesionados en sus derechos o discriminados est¨¢n legitimados para manifestar su protesta recurriendo a los medios legales a su alcance, pero no ser¨ªa admisible que desde planteamientos particularistas y desde perspectivas personales se pusiesen en cuesti¨®n la necesidad de la propia ley y la racionalidad y coherencia de sus fines y objetivos: modernizar y racionalizar la carrera militar y los criterios de selecci¨®n sobre ascensos y destinos, y, en definitiva, dotar a los mandos de las Fuerzas Armadas de la calidad profesional que sus misiones constitucionales demandan.Si alguien, militar o no, intentara mentarse sobre este descontento, le atribuyese una dimensi¨®n global que no tiene y, sobre todo, un significado distinto del estrictamente profesional, no s¨®lo cometer¨ªa un grave error de pron¨®stico, sino que podr¨ªa servir, seguramente sin pretenderlo, de caja de resonancia a residuales inquietudes inconstitucionales que pudieran todav¨ªa albergar algunos militares. En este sentido, no se comprende muy bien cu¨¢l ha sido la intenci¨®n del Grupo Popular o, mejor, de su portavoz parlamentario, Juan Ram¨®n Calero, al forzar en el Congreso, mediante la presentaci¨®n de una interpelaci¨®n, un debate sobre las medidas a adoptar por el Gobierno "para restablecer en las Fuerzas Armadas el clima de sosiego y serenidad necesario para afrontar las importantes reformas previstas en el proyecto de ley de la Funci¨®n Militar, depejando cualquier atisbo de inquietud y malestar". Si el Grupo Popular estuviese contra el proyecto de ley -lo que no es el caso-, lo procedente ser¨ªa presentar una enmienda a la totalidad, y si el desacuerdo se centrase en aspectos parciales, la v¨ªa adecuada ser¨ªa la de enmendar los art¨ªculos impugnados en la discusi¨®n parlamentaria del proyecto. Pero hacerse eco, sin m¨¢s, de una presunta ausencia de sosiego y serenidad en las Fuerzas Armadas en relaci¨®n con la ley de la Funci¨®n Militar no deja de ser pol¨ªticamente peligroso y operativamente ineficaz para corregir los posibles yerros contenidos en dicho proyecto.

El alcance y contenido de la ley de la Funci¨®n Militar requieren el m¨¢s amplio consenso de las fuerzas pol¨ªticas. Su tramitaci¨®n parlamentaria deber¨ªa ser aprovechada para conseguir un texto t¨¦cnicamente bien elaborado, respetuoso con los derechos y acorde con los fines y valores que justifican la promulgaci¨®n de la ley. Se trata nada m¨¢s y nada menos que de determinar el modelo de Fuerzas Armadas que el sistema democr¨¢tico quiere que est¨¦ vigente en los pr¨®ximos a?os. A esta exigencia deben plegarse las iniciativas tendentes a mejorar el texto de la ley, a depurarlo de defectos o incongruencias, e incluso la posibilidad de que sea aplicado de forma gradual si con ello se evitan o atemperan sus posibles efectos lesivos para integrantes de cuerpos a extinguir o para colectivos que no juzgan suficientemente reconocida su funci¨®n en la escala que se les asigna. En todo caso, nadie puede poner en duda la legitimidad del Parlamento para legislar sobre los criterios que deben animar la organizaci¨®n y el discurrir profesional de las Fuerzas Armadas. Como tampoco puede calificarse de intromisi¨®n la obligaci¨®n del Gobierno (de ¨¦ste o de cualquier otro) de dotarse de los mecanismos legales necesarios -entre ellos, la designaci¨®n de los empleos m¨¢s elevados- para hacer efectivo el papel de direcci¨®n y de control que la Constituci¨®n le atribuye sobre la Administraci¨®n militar y la defensa del Estado.