Justos, no justicieros

Los militares de la Rep¨²blica sabemos muy bien el valor de las palabras: lealtad, justicia, solidaridad. Tras la recuperaci¨®n de las libertades (1977) y la voluntad de concordia expresados por esta Monarqu¨ªa Constitucional, inici¨¢bamos en 1979 la apertura de un proceso administrativo que reconociera lo evidente: para cerca de 85.000 personas (mandos del Ej¨¦rcito republicano e hijos incapacitados o viudas de los mismos) el tiempo de supervivencia se agotaba dram¨¢ticamente. Fracasado aquel largo intento, qued¨¢bamos condenados al silencio de las ventanillas. Pero en el 28? Congreso del PSOE se aprobaba por mayor¨ªa absoluta "el reconocimiento pleno, con todos sus derechos, de los antiguos militares republicanos". La creaci¨®n de una comisi¨®n interministerial, presidida por Jos¨¦ Borrell Fontelles, sab¨ªa mostrar el nivel de nuestras legitimidades y de la premura social en satisfacerlas. Desafortunadamente, estas evidencias fueron sobrese¨ªdas por "razones presupuestarias" y por "defectos de forma", subyaciendo en todo ello la distinci¨®n entre militares profesionales y los formados en academias durante la guerra o ascendidos por m¨¦ritos en campa?a. Entramos as¨ª en un exhaustivo proceso de sentencias y recursos, mientras el Grupo parlamentario Socialista canalizaba nuestras demandas hacia posibles soluciones. Es claro que hubo voluntad pol¨ªtica de concordia hist¨®rica, pero no fue as¨ª entendida por las altas instancias de la judicatura espa?ola. La primera luz lleg¨® con la Ley 6 / 78, 10 / 80 y luego la Ley 37 / 1984, por la que los militares con alta efectiva en el Ej¨¦rcito antes del comienzo de nuestra guerra civil recib¨ªan no s¨®lo sus grados y haberes actualizados (el 90% del sueldo regulador), sino el grado que les hubiera correspondido, caso de haber permanecido en filas (Real Decreto 1033 / 1985). Y a los posteriores, una pens i¨®n equivalente a la m¨ªnima de la Seguridad Social. En diciembre de 1986 se levant¨® dicha incompatibilidad por el Gobierno. Finalmente, el BOE (22 de diciembre de 1988) se?alaba para el resto de nuestro, colectivo una valoraci¨®n de pensiones al 70% (del 90%. del retiro regulador del empleo an¨¢logo), mientras las de viudedad se calculaban al 50%. Quedaba as¨ª racionalizado un penoso trance de nuestra historia. Sin embargo, ahora que un grupo de ocho antiguos oficiales y suboficiales de la Rep¨²blica han denunciado al Estado espa?ol ante la Comisi¨®n de Derechos Humanos en Estrasburgo, Fraternidad Democr¨¢tica desea hacer saber en nombre de sus 2.620 afiliados que, si una dif¨¦rencia econ¨®mica en tantos por ciento y el reconocimiento de m¨¢s o menos galones o estrellas implica el desatino de imponer a nuestra naci¨®n un proceso perjudicial por terceros, ¨¦se es un precio que nunca estar¨¢ dispuesta a aceptar. La paz de Espa?a no debe terminar en un tribunal extranjero. Y es que el af¨¢n de ser justos no puede hacernos jam¨¢s justicieros.- Presidente de Fraternidad Democr¨¢tica de Militares del Ej¨¦rcito de la Rep¨²blica y 13 firmas m¨¢s.