Recortes asim¨¦tricos

EL REAJUSTE presupuestario para compensar los casi 200.000 millones de pesetas destinados a financiar las medidas del llamado giro social afectar¨¢ a algunas partidas de gran contenido social, como la educaci¨®n, y apenas a los gastos corrientes de la Administraci¨®n. El giro social reclamado por las centrales sindicales qued¨®, tras el fracaso de las negociaciones que siguieron a la huelga general de diciembre,- en unos incrementos de las pensiones, los salarios de los funcionarios y la cobertura del desempleo que supon¨ªan, en t¨¦rminos cuantitativos, la mitad de las cifras que el Gobierno lleg¨® a ofrecer en el curso de dichas negociaciones. La decisi¨®n de hacer pagar a los sectores m¨¢s desprotegidos el coste de ese fracaso result¨® bastante discutible, por m¨¢s que la responsabilidad contra¨ªda por los sindicatos sea tambi¨¦n evidente. La presentaci¨®n por parte del secretario de Estado de Hacienda de los recortes introducidos en las diferentes partidas presupuestarias para financiar esos 200.000 millones de pesetas aumenta el desconcierto.De las cifras ofrecidas por Borrell se deduce una deliberada voluntad por parte del Ejecutivo de aplicar una pedagog¨ªa destinada a advertir a los interlocutores sociales que toda asignaci¨®n de recursos que exceda las previsiones presupuestarias habr¨¢ de hacerse a costa de otras necesidades sociales no menos perentorias. Es decir, que si aumentan las pensiones habr¨¢ menos autopistas o menos aulas escolares. Ciertamente, el oficio de los economistas consiste en resolver el dilema de los usos alternativos de unos recursos limitados por definici¨®n, pero no es cierto que su ciencia sea de tal naturaleza que el dilema tenga una ¨²nica respuesta racional. Las prioridades son definidas con

arreglo a criterios pol¨ªticos, y dista de ser evidente que las elegidas por el Gobierno sean las ¨²nicas posibles.As¨ª, llama la atenci¨®n que los recortes afecten en un 5,3% a los gastos en inversiones y transferencias, frente a tan s¨®lo el 1% en gastos corrientes. O que, en un pa¨ªs que destina a las administraciones locales un porcentaje del gasto p¨²blico muy inferior al de cualquier otro de nuestro entorno, se apliquen mayores recortes a las transferencias destinadas a ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas que a la Administraci¨®n central. O, en fin, que, tras haber presentado los presupuestos de 1989 como una respuesta a las demandas sociales de mayor atenci¨®n a servicios p¨²blicos como la ense?anza o la justicia, sean esas partidas las que se ven proporcionalmente m¨¢s recortadas. Si la pol¨ªtica presupuestaria es la forma m¨¢s racional de redistribuci¨®n en una situaci¨®n como la espa?ola -con casi tres millones de parados-, se entiende mal que, en aras de esa pedagog¨ªa del car¨¢cter limitado de los recursos, se haya renunciado a impartir una lecci¨®n pr¨¢ctica de pol¨ªtica redistributiva diferente a la practicada por los conservadores. Especialmente cuando el mismo Borrell informa que, merced a los incrementos recaudatorios, se ha conseguido reducir considerablemente el d¨¦ficit p¨²blico.